Ayer se publicó la nueva modalidad para la elección de gobernadores, tal como lo había anunciado el presidente, Bernardo Arévalo, la semana pasada. Según sus declaraciones, con este mecanismo se busca hacer más transparente el proceso.
Sin embargo, la medida ya es blanco de críticas por el riesgo de violentar procesos normados en ley y hay advertencias de que se emprenderán acciones legales si se insiste en cambiar el modelo de elección.
Dicha reforma presidencial incluye tres nuevos artículos, entre estos que la ciudadanía podrá presentar señalamientos en contra de los aspirantes y que quienes se postulen deben incluir en su expediente un plan de trabajo.
Procedimiento
El artículo 36 Bis, adicionado al reglamento, establece que en la convocatoria que se publicará en el Diario de Centro América se especificará la documentación que los interesados deben presentar al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) correspondiente.
A los tres días, el Codede sesionará para integrar la comisión que le corresponderá la recepción de expedientes. Cinco días después vence el plazo y la comisión presentará la lista de aspirantes en la sede de la gobernación departamental y se publicarán en la página web del Ministerio de Gobernación. A partir de ese momento, la ciudadanía tendrá tres días para presentar objeciones en contra de los aspirantes.
“Las observaciones u objeciones deberán ser presentadas por escrito, en horario hábil en la sede del Consejo Departamental de Desarrollo o, en caso de no saber leer o escribir, de forma verbal, la cual deberá consignarse en acta”, se lee en el documento oficial.
El artículo 36 Ter, que también se adiciona, dispone que los aspirantes serán citados para conocer las objeciones en su contra y pronunciarse sobre las mismas. Para el efecto se integrará una terna que evaluará los expedientes y calificará conocimiento de la problemática del departamento, capacidad y experiencia en administración, liderazgo y visión estratégica.
Además de empatía con la participación ciudadana, plan de trabajo y que la persona domine un idioma nacional correspondiente a la comunidad lingüística dominante. En el último artículo, 36 quarter, que se añade a la norma, se centra en lo actuado por la terna, quienes cumplan con los requisitos, sus expedientes serán enviados al presidente por la vía de la Secretaría General.
Contraviene la ley
A pesar que el mandatario reformó el reglamento que norma a los Codedes, en la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo está contemplado otro procedimiento, lo cual no permitiría actuar bajo la nueva modalidad, señala el analista Luis Linares de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
“Es necesario interpretar bien la ley y aplicar lo que dice la ley”, insistió.
En la Ley del Organismo Ejecutivo, en el artículo 42 se contempla que los gobernadores serán elegidos por el presidente “ tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo”.
Según Linares, de seguirse la nueva modalidad podría haber una contradicción con la anterior normativa citada.
“Aunque pudiera ser más democrático, lo que está en la ley es lo que debe de seguirse, de lo contrario, van a ser impugnados los los nombramientos”, apercibió.
El analista considera que se debe de seguir con el proceso que manda la Ley del Ejecutivo hasta sea reformada.
“Para evitarse retrasos y que pasen semanas o meses sin gobernadores en firme, lo indicado es, como todo en el estado de Derecho, hacer lo que la ley indica, porque esa es la norma básica del estado de Derecho, el que ejerce una función pública solo puede hacer lo que le permite la ley”, arguementó.
En ese mismo sentido, el fin de semana los representantes de organizaciones no estatales acreditados ante el Conadur, pidieron al presidente Arévalo respetar el proceso ya establecido. Esto luego del anuncio del mandatario sobre los cambios al proceso de elección de los gobernadores.
Reasignarán fondos
Mientras se nombra a los nuevos gobernadores continúan en el cargo los designados en la administración de Alejandro Gimmattei. La semana pasada se conoció que buscaban redistribuir en proyectos los Q600 millones de los fondos del programa de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
Por esa razón, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) ordenó a sus delegados que no acudan a las sesiones de los Codedes convocadas, donde fungen como secretarios y dan legalidad a la misma.
El mandatario se pronunció respecto al procedimiento y aseguró que no se han negociado contratos o plazas con el Legislativo. Además, que los fondos a las obras serán asignados conforme al plan de gobierno.
“Los contratos de obra pública son decididos en función de el plan de gobierno y de las necesidades establecidas en este, no están sujetos a una negociación”, aclaró ayer Arévalo, cuando se le cuestionó si habían negociaciones de cualquier tipo con los diputados.
El mandatario aclaró que los diputados distritales pueden ser parte del proceso de selección de gobernadores, pero dentro de las funciones que establece la ley.
