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Edy Cux, director de Acción Ciudadana (AC), considera que estos hechos los cometen los altos funcionarios porque al llegar a esos cargos ven la oportunidad por los pocos controles que existen por parte del Estado en cuanto a las compras y contrataciones en el sistema público.
En cuanto a la compra de los aviones argentinos, el experto deduce que el Gobierno contó con el tiempo suficiente para planificar esta adquisición, por lo que se espera que dé marcha atrás o que las autoridades deduzcan las responsabilidades por estas aeronaves por las cuales el país deberá pagar US$28.5 millones.
En siglo XXI
Las actuaciones oscuras continuaron durante los gobiernos de 1980 y 1990, pero los guatemaltecos tienen más frescos los hechos que comenzaron en el siglo XXI, como el desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), hecho por el cual fueron condenados Augusto Sandoval, quien era su gerente, y otros funcionarios. “A partir de esta época comenzaron a ser más descarados”, afirma Calderón.
Al nada más comenzar el siglo, el presidente electo Alfonso Portillo (2000-2004), recibió cinco cheques por valor de US$500 mil cada uno, lo que hicieron un total de US$2.5 millones, por parte de Taiwán. Los medios de prensa citaron que ese dinero fue entregado al mandatario para que a cambio utilizara su influencia para que Guatemala reconociera diplomáticamente a ese país.
Después de entregar el cargo, Portillo se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de recibir el soborno de US$2.5 millones (Q20 millones). De los cinco cheques emitidos en el 2000, tres de ellos fueron endosados por el expresidente y depositados en una cuenta bancaria en Miami.
A cambio de declararse culpable y pagar esos montos —US$2.5 millones (Q20 millones)— a Estados Unidos, recibió una condena de cinco años. Regresó a Guatemala el 25 de febrero del 2015, después de cumplir la pena.
Los cheques fueron girados a nombre de Portillo “porque él así lo solicitó”, dijo en su oportunidad el canciller de Taiwán. Uno de los documentos habría sido cambiado personalmente por el exgobernante en Nueva York.
Al respecto, los taiwaneses explicaron, en su momento, que el dinero estaba destinado a la impresión de textos para maestros. Se estableció que el proyecto era el de las Bibliotecas presidenciales para la paz. El encargado de administrar esas bibliotecas, consistentes en unos 30 libros, un mapamundi y otros enseres, fue el desaparecido Estado Mayor Presidencial.
Compra de combustible
En el 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, se destapó la estafa por Q40 millones a Gobernación por la empresa de cartón Proyectos Maskana. El dinero estaba destinado para la compra de vales de combustible para la Policía Nacional Civil, (PNC). Maskana recibió los fondos y los repartió a 18 empresas vinculadas de Panamá, Brasil y Estados Unidos.
Por este caso fue condenado el exdirector de la PNC, Baltazar Gómez Barrios, a cinco años de prisión; Héctor Lapoyeu, exdirector y exjefe de Logística de la PNC, a dos años; el exministro de Gobernación Raúl Velásquez aún enfrenta el proceso por abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero.
En el mismo año se firmó un convenio con la empresa Fundtech para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, por Q17.5 millones. El exministro Salvador Gándara firmó el contrato. Posteriormente el exministro Raúl Velásquez autorizó el traslado de reos de alta peligrosidad a pesar de no haberse finalizado la remodelación.
En mayo de 2010, a raíz de un motín en Fraijanes 2, quedó en evidencia el fraude de la constructora encargada de los trabajos ya que peritos del Ministerio Público en una inspección encontraron deficiencias en las instalaciones.
Transurbano
Otro caso que se mantienen vigente incluso fue parte de la campaña de la primera vuelta, es el caso de la compra de las unidades de transporte Transurbano, durante el gobierno del presidente Álvaro Colom. Esta investigación mantiene procesados al exmandatario y a 12 integrantes de su gabinete, a quienes se les sindica de participar en la sustracción de Q270 millones del Estado.
Los exfuncionarios son investigados por la firma de un acuerdo gubernativo que permitió efectuar el negocio millonario del Transurbano.
El aparente proyecto de mejorar el transporte en la capital fue una apuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el fin de tener el apoyo de los capitalinos y de esta forma lograr votos en las siguientes elecciones, detallan fuentes de esa agrupación.
Al principio no estaba en los planes, pero supuestamente el empresario del transporte Luis Gómez presentó el proyecto al exministro de Comunicaciones, Luis Alejos -ahora prófugo de la justicia- a quien convenció de las ventajas del mismo, y fue éste quien lo introdujo en la discusión de las autoridades de Gobierno.
Se pretendía comprar 3 mil 150 buses nuevos para reformar la flotilla del servicio público. Este contaría con paradas seguras y un innovador sistema de cobro, a través de tarjetas prepago. Además, el Gobierno no se endeudaría, pues el crédito lo adquiriría de manera directa la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), aunque sí se requeriría de que éste fuera garante del préstamo.
Los Super tucanos
Durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se anunció la compra de una flota de aeronaves por US$133 millones -unos Q1 mil 25 millones-. En octubre del 2013 se conoció que se había concretado la adquisición de seis aviones A-29 Súper Tucano con la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), la cual era investigada en Estados Unidos por corrupción.
El 18 de noviembre de ese mismo año, Pérez Molina suspendió la compra porque se descubrió una sobrevaloración de US$18 millones, aunque pese a la cancelación del contrato el país debió pagar Q4.7 millones por no cumplir con el acuerdo de compra.
El Súper Tucano es un avión turbohélice diseñado para el ataque ligero, contrainsurgente y de entrenamiento avanzado de pilotos. El precio de cada Súper Tucano es de aproximadamente US$8 millones – unos Q61.69 millones-, aunque varía de acuerdo con las características de la aeronave y del sistema de armas. Su costo de vuelo por hora se estima en US$400 -unos Q3 mil 84-.
Después de suspender la compra, Pérez Molina también señaló que la adquisición de los aviones ya no eran prioridad para el Ministerio de la Defensa y como opción se planteó reparar algunos aviones de la Fuerza Aérea Guatemalteca así como comprar otros a Israel, pero esto no se concretó.
La Cicig destapa corrupción
Dentro del Gobierno del Partido Patriota, que ha sido el periodo durante el cual, según el analista político José Alfredo Calderón, más hechos de corrupción se hicieron públicos, también salió a flote el caso de la empresa española TCQ, la cual según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), fue creada por medio de un soborno de US$30 millones que se pagó al presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de un usufructo de 25 años y la operación, en exclusiva, de una terminal de barcos transatlánticos.
Por este caso nueve personas, entre ellas Pérez Molina, Baldetti y el español Juan José Suárez, director general de TCQ, se encuentran procesadas por estas acusaciones. Tres más tienen orden de captura internacional, entre ellos el español Ángel López Maura, antiguo accionista mayoritario, a quien también se le sindica de sobornar a las autoridades españolas para no ser extraditado a Guatemala.
Otro caso dentro del gobierno patriota, entre otros más, es el conocido como Agua Mágica y por el cual fue condena a 15 años y seis meses a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por el fraude en el proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán. Es la primera condena a una mujer que ocupó la Vicepresidencia de la República, uno de los cargos de mayor relevancia en el país.
De acuerdo con el juez Pablo Xitumul, quien presidió el tribunal de este caso. La estructura forzó la compra de 23 mil litros de una sustancia por Q22 millones 830 mil 30 y otros Q115 millones para su aplicación, lo que al final representó un gasto de Q137 millones 8730 mil 30 del erario. “Proyecto a todas luces grotesco, caro e innecesario para el pueblo”.
Radares
Otra de las compras cuestionadas en su momento por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, fueron los tres radares que actualmente se encuentran en funciones en el Puerto de San José, Escuintla; Puerto Barrios, Izabal, y Petén. El primero se encuentra en un lugar que está expuesto a la erosión por el salitre y no tiene protección. En Puerto Barrios, el radar está ubicado en el cerro San Gil, en el bosque, y su nivel de visibilidad es hasta determinada altura y toda navegación aérea que vuela por debajo de la altura reportada no es detectada. El de Petén se ubicó en San Andrés.
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La compra de los radares está contemplada en el decreto 28-2012 del Congreso, con el que se aprobó el crédito de US$36 millones 964 mil 870 con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. De ese monto se destinaron US$33 millones 220 mil “para el suministro, instalación, puesta a punto y pruebas en campo, en estado operativo de tres radares ARSR-10D3LR3D en banda L”, y la prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., por US$3 millones 744 mil 874.
Las pesquisas provienen de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGCN).
Según explicaron expertos, en el momento de su compra, los radares no estaban comunicados entre sí. Si una aeronave vuela sobre Izabal con destino a Petén, no se sabría de manera inmediata que se dirige a ese lugar sino hasta que la base en Izabal informe. Lo mismo ocurriría si otro aeroplano se dirige de Escuintla a Izabal. La falta de comunicación hace que el sistema sea ineficiente. Si estuvieran comunicados, la información se obtendría de manera inmediata.
La adquisición de los tres radares tiene varias irregularidades, entre las que se encuentra que el contrato que se firmó el 12 de diciembre del 2012, durante el mandato de Pérez Molina, entre el Ministerio de la Defensa e Indra Sistemas, S. A., de España, se hizo bajo la legislación de ese país y, por ende, las controversias que puedan surgir en orden a la interpretación o cumplimiento del contrato se hará bajo la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.
El contrato incumple con las leyes aplicables en Guatemala, por lo que se priva al Estado de cualquier derecho o reclamo que surja durante su ejecución, según la Contraloría.
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