Estados de excepción deben ser analizados
El director general del Centro de Estudios de Derecho (CEDE), Omar Barrios, opina que los estados de excepción que conoce el Congreso tienen que se aprobados o improbados con argumentos científicos y jurídicos.
Barrios aclara que desconoce las motivaciones por las cuales la actual legislatura improbó el estado de Calamidad que había decretado el Organismo Ejecutivo, pero enfatiza en que cualquier decisión que se tome respecto de los estados de excepción debe estar fundamentada.
“Tu no puedes improbar —un estado de Excepción— por cuestiones ideológicas, políticas o porque crees que va a pasar algo, sino porque lo que está manifestado en el decreto no tiene sustento, pero no solo porque me cae mal el presidente o algo por el estilo”, expuso el abogado.
“No estoy diciendo que esas sean las razones —para improbar el reciente estado de Calamidad—, solo digo que tanto aprobarlo como improbarlo debe estar fundamentado en si esa situación extraordinaria existe o no”, apuntó el director del CEDE.
Para Barrios, el Congreso tiene la obligación de reunirse, conocer el decreto, ver sus justificaciones y contrastarlas con la realidad del país y con base en eso decir “el presidente tiene razón, también puede modificar y decir que al decreto le falta algo”. “También puede decir no, no es cierto lo que dice el presidente, no existe la pandemia y los contagios, improbémoslo”, apuntó.
Son necesarios
El abogado afirma que los estados de excepción son una herramienta democrática sumamente necesaria para enfrentar situaciones excepcionales. Esta figura legal, incluso, es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, se han satanizado por dos razones. La primera, debido al mal uso que se ha hecho de ellos a lo largo de varias administraciones cuando “se han hecho gastos y contrataciones que no correspondían”, pero también “por cierta insensatez ideológica o cierto resabio de malas experiencias de los años 70”.
En ese sentido dijo que sería conveniente que la Ley de Orden Público, que contempla esta figura legal y otros cuatro estados de excepción, fuera reformada, sobre todo “para aclarar a la gente que le cuesta interpretar el derecho, así como se encuentra actualmente vigente”.
Estos cambios deben cumplir varios estándares internacionales en derecho humanos, uno de ellos relativo a la proporcionalidad que se debe dar a cada estado de excepción según la emergencia que ocurra, dijo Barrios.
Agregó que, por ser la Ley de Orden Público de rango constitucional, para ser reformada se requiere de la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad y contar con el apoyo de 107 diputados.
“Van a tener que hacerse cambios en la Ley derivado a que esta pandemia no es la primera ni será la última. Vamos a ver más situaciones a las que el derecho debería estar pensando ya en cómo responder o como dotar de controles o de herramientas a través de cierta regulación”, enfatizó el profesional.
Ya no se necesitan más estados de excepción
Oswaldo Samayoa, abogado y notario y docente universitario, coincide con que los estados de excepción regulados en la Ley de Orden Público pueden ser útiles en ciertos contextos, no obstante, considera urgente que el Congreso reforme esta normativa.
De hecho, el abogado señala que el Congreso debería aprobar las reformas a dicha Ley “antes que cualquier otro estado de excepción”, y afirma que ya existe una iniciativa que ya recibió dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, por lo cual “no se puede seguir aplicando la misma”.
Samayoa es contundente al decir que ya no se deben aprobar más estados de excepción para enfrentar la pandemia del coronavirus. Explica que las restricciones, al inicio de la emergencia, fueron aceptados por ser los únicos mecanismos que tenía el Gobierno para implementar las medidas que impidieran la transmisión del virus.
Por ejemplo, limitar la circulación de personas y evitar reuniones masivas, ya que estas eran las recomendaciones de los expertos.
“Digamos, en ese momento todos dijimos que sí, hay que hacerlo para protegernos y cuidarnos”, afirma Samayoa. El problema, subraya, es el mal manejo de la pandemia y la poca transparencia con que ha actuado el Gobierno que hacen que la sociedad cuestione la utilidad de un estado de excepción.
Para ejemplificar el mal manejo de la pandemia, Samayoa cita los millonarios presupuestos que se han aprobado con anteriores estados de Calamidad Pública para atender la emergencia, pero a pesar de esos recursos no quedará ninguna institucionalidad de salud nueva que le vaya a quedar al Estado porque todo es alquilado o prefabricado.
También el que, a estas alturas de la pandemia, hay personal médico y de Salud que no tiene salarios e insumos suficientes; además, que el plan de vacunación ha ido “un desorden” y a pesar de los millones invertidos, la mayoría de las vacunas han sido donadas.
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Sin resultados
Samayoa explicó que con mucha razón la sociedad guatemalteca pregunta al Gobierno para qué quiere más estados de excepción si no ha sido capaz de manejar la emergencia. “No me sirve absolutamente de nada un estado de Calamidad que, primero me limita derechos y luego relaja las reglas de contrataciones directas”, añadió.
“No me sirve, como sociedad, tener un Gobierno que te está encerrando en la casa para que no manifestés, que le ha dado golpes certeros al sistema de persecución penal y que al mismo tiempo construye mecanismos de impunidad sin atender el fin primordial que es la salud”, enfatizó Samayoa.
Para el profesional, en el actual contexto “ya no es discutible un estado de excepción” porque ya han sido planteados suficientes, y si el Gobierno pretende decretar otro, debe sujetarse a los procesos como son “sin tratar de sorprender la buena fe de la gente” y “sin insultar” a quienes sufren por la pandemia y a los que la enfrentan en primera línea en los hospitales.
