Tanto la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) como el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) unificaron los retos del próximo gobierno y legislatura, para tener buenos resultados cuando llegue el bicentenario y a partir de esa conmemoración.
“Es evidente que la principal exigencia de la ciudadanía es la transparencia en la ejecución del gasto público, así como una mejor focalización del mismo en la atención de las principales brechas sociales, lo que constituirá un reto importante para los gobiernos, actual y futuros”, explicó el equipo de consultores de Asíes.
Recordaron que esa demanda resalta entre las demás después de la experiencia vivida a partir de abril del año pasado, cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) descubrieron diversos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, especialmente los de alto rango, y que originaron el procesamiento a dichos señalados.
Metas definidas
Además, la población guatemalteca espera que en el futuro cercano, agrega Asíes, todo gobierno debe partir de un plan de trabajo con objetivos y metas definidas, que incluya la atención de los principales problemas del país, en las condiciones económicas, sociales, políticas y de seguridad ciudadana.
Durante los primeros seis meses de gobierno fue criticada la administración de Jimmy Morales con señalamientos de que no había preparado un plan de trabajo sino hasta ya en funciones.
“En la rama económica, es evidente la necesidad de implementar un nuevo modelo de producción que propicie el crecimiento sostenido del PIB con mejor redistribución de los beneficios de ese crecimiento. Para ello será esencial que el Gobierno cuente con los recursos presupuestarios necesarios para financiar las crecientes necesidades de gasto, especialmente el dirigido a superar las brechas sociales existentes”, añade.
Pero dicho centro de análisis advierte de que ello solo será posible si se implementa una reforma fiscal que, a la vez que procure una recaudación tributaria creciente, emplee los recursos en la atención de las necesidades de inversión y de gasto dirigido a reducir las brechas sociales.
En el aspecto laboral, consideran que se deben denunciar los pactos colectivos vigentes que son lesivos para el Estado.
Si bien esas son algunas necesidades, la Asociación destaca que los datos del censo programado para el 2017 brindarán un panorama de la situación del país.
“Será un punto de partida para identificar con mayor precisión las necesidades y diseñar políticas públicas para atender las necesidades de la población más vulnerable, así como mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales”, afirmó.
Prioridades regionales
“El siguiente gobierno y legislatura impulsarán con una institucionalidad renovada los lineamientos de la política internacional para el Triángulo Norte de Centroamérica. Contarán con nuevos marcos regulatorios de dimensiones y alcances regionales y deberán ser efectivos en garantizar el control migratorio, el combate frontal al narcotráfico y la seguridad regional”, anticipa el Ipnusac.
Además, no tendrán como prioridad el cambio de las condiciones estructurales de la economía, pero gozarán de respaldo internacional, credibilidad en la gestión de lo público y buen posicionamiento diplomático.
Esa institución académica afirma que el próximo gobierno será basado en el control social y el abordaje superficial de las crisis ambientales, de desnutrición y pobreza.
“Sus prioridades estarán directamente vinculadas con intereses exógenos y la gobernabilidad será construida a partir de acciones de represión social”, señaló el Ipnusac.
Seguir con la reforma
- Varios de los retos deben superarse desde este año si el país no quiere quedar rezagado frente a otras naciones.
- Continuar el proceso de reforma institucional que se desarrolla actualmente, lo cual podría incluir reformas constitucionales.
- Desarrollar una gestión transparente con acciones contundentes contra la corrupción.
- Acciones que contribuyan a la recuperación de la confianza de los ciudadanos.
- Continuar los esfuerzos hechos por el actual gobierno para dotar de más recursos al Estado.
- Esto eventualmente implicará impulsar un proceso de reforma fiscal integral, considerando los objetivos del Pacto Fiscal.
- Mejorar la focalización del gasto público en la atención de las brechas sociales, como reducir la pobreza y aumentar el acceso universal a la educación y salud.
- Denunciar los pactos colectivos vigentes que sean lesivos para el Estado y sustituirlos por otros más acordes con la capacidad financiera.
