El préstamo, que financia Crecer Sano Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala, del Ministerio de Salud, finalmente fue aprobado el 27 de febrero del año pasado, a pocos días de que se venciera el plazo y después de una fuerte presión social.
Año y medio más tarde, cuando el país está en medio de una pandemia que podría agravar la situación de la desnutrición, la ejecución del préstamo va muy lenta y el Ministerio de Salud evalúa la reestructuración de los recursos para hospitales.
Un informe del 31 de junio del Ministerio de Salud indica que la cartera tenía presupuestado gastar Q10 millones de estos recursos en 2019 y Q100 millones en 2020; sin embargo, hasta esa fecha el porcentaje de ejecución solo llegó al 3%.
El año pasado se logró ejecutar el 21% de los Q10 millones, pero en 2020 lo ejecutado ni siquiera llega al 2%. Si bien es cierto que el reporte solo incluye siete meses, el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin) detalla que hasta inicios de diciembre el programa solo ha ejecutado Q4 millones, el equivalente al 4% de lo presupuestado para este año.
La pobre ejecución del año pasado quizá haya tenido relación con que pese a que la aprobación del préstamo ocurrió a principios de año, los trámites burocráticos impidieron que iniciara operaciones hasta septiembre, mientras que en octubre se recibió el primer desembolso.
¿Qué han hecho?
El informe de la oficina de Información Pública de la cartera de Salud detalla que en este año y medio de labores se ha avanzado en el diagnóstico de brechas en los 139 municipios incluidos en el plan y se trabaja en la estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento de la población, tanto alimenticio como de higiene. También se registran avances en la capacitación del recurso humano.
En cuanto a infraestructura en salud, agua y saneamiento, ya se visitó los municipios y se elaboró el diagnóstico de lo que hace falta. En ese sentido, se identificó la necesidad de remozar 140 puestos de salud y construir 158.
El proyecto Crecer Sano tiene como fin reducir la desnutrición crónica —deficiencia de talla y peso—, con énfasis en los primeros mil días de vida de los infantes. Se focaliza en 139 municipios de siete departamentos: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, Sololá, Totonicapán y San Marcos.
Recursos
El Ministerio de Salud precisó que está en evaluación la reestructuración de algunos recursos del proyecto Crecer Sano para atender la emergencia del covid-19, con el fin de “mejorar o fortalecer la infraestructura y equipamiento de hasta tres hospitales modulares”. Actualmente se evalúa y gestiona el del hospital de San Marcos.
El acuerdo para reestructurar los recursos del préstamo Crecer Sano se formalizó el pasado 28 de julio mediante una carta de modificación del contrato, la cual añade a los objetivos del proyecto el “responder a la amenaza que plantea el covid-19 en las áreas de intervención seleccionadas”.
La modificación permite el uso de los recursos para diversas necesidades, desde infraestructura hasta la capacidad de hacer pruebas y el rastreo de infectados, así como campañas de educación sobre cómo abordar el covid-19, hasta la instalación de unidades temporales para atender emergencias, entre otras.
Para enfrentar la pandemia dicho ministerio ya ha recibido ampliaciones presupuestarias que suman los Q1 mil 200 millones, según la página web del Ministerio de Finanzas, incluidos Q830 millones para la remodelación de la infraestructura de hospitales y centros de salud.
Salud aseguró que este redireccionamiento de recursos no afectará las metas del proyecto.
Críticas
El analista Edgar Balsells afirmó que el préstamo cuenta con un programa “muy bien estructurado” que tiene un importante componente de inversión, por lo cual la unidad del Ministerio de Salud que tiene a su cargo la ejecución de estos recursos debe estar integrada por los mejores profesionales del país en economía, ingeniería civil y administración pública.
“Hay una incapacidad de la unidad ejecutora guatemalteca, porque el programa está muy bien diseñado”, puntualizó el también exministro de Finanzas.
A criterio de Balsells “debe existir una unidad ejecutora muy eficaz, puesto que el programa no consta solo de capacitaciones, sino que también contiene inversión en centros de salud del interior y en apoyo a los grupos vulnerables” con la entrega de micronutrientes y atención médica.
Si la ejecución se estanca, advirtió el analista, es probable que Guatemala tenga que pagar comisiones de compromiso sobre saldos no desembolsados, lo cual será responsabilidad de los ministerios de Salud y de Finanzas, aunque esto depende de lo que diga el contrato.
El analista en temas de salud Adrián Chávez considera que la capacidad “limitada” de ejecución que ha tenido la unidad encargada del proyecto Crecer Sano puede pasar por la alta rotación de equipos que ha tenido el ministerio en menos de un año. Solo entre ministros y viceministros hubo al menos siete relevos.
Coincidió en que el proyecto tiene un alto nivel de complejidad debido a que comprende programas de inversión.
En cuanto a la reestructuración de los recursos del préstamo a raíz de la pandemia, Chávez destaca que mejorará la respuesta al covid-19, pero “aportará muy poco a la lucha contra la desnutrición”.
Por su parte, Marco Scuriatti, representante residente del Banco Mundial en Guatemala, indicó que el proyecto Crecer Sano es de “suma importancia” para la institución, razón por la cual trabajan con las autoridades guatemaltecas “para superar obstáculos o retrasos en su implementación”.
“Confiamos en que la unidad implementadora del proyecto cuenta con un equipo sólido y profesional que avanzará decididamente hacia los resultados esperados”, expresó Scuriatti, al asegurar que el Banco Mundial está comprometido en hacer una supervisión “dedicada y de alta calidad” al proyecto Crecer Sano.
¿Préstamos funcionales?
Los préstamos son una parte importante del financiamiento del presupuesto. El Sicoin detalla que este año se ejecutaron más de Q4 mil 250 millones, de los cuales los ministerios de Salud, Educación, Gobernación y Desarrollo Social son los que más de estos recursos consumen.
En los últimos cinco años la ejecución de los préstamos alcanzó 65%; sin embargo, para que sean oportunos deben reflejarse en cambios y resultados que coadyuven en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, coinciden analistas consultados.
Asimismo, consideran que con herramientas como la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip) pueden hacerse esfuerzos por fiscalizar los préstamos; no obstante, Monzón teme que no sean del todo accesibles para la población.
El investigador Adrián Chávez enfatiza que la Laip es indispensable. “De ahí la importancia de que los diputados desistan de su intención de bloquear la asignación financiera” a la PDH, que es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de dicha normativa, señaló.
