En total los diputados que Villagrán aduce que tienen conflicto de interés para conocer el tema del financiamiento electoral ilícito son 66, quienes son miembros de los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el extinto Libertad Democrática Renovada (Líder).
Villagrán acudió la mañana de este martes a la CC donde interpuso la acción legal “debido a las amenazas de que se pueda decretar la reforma al artículo 407 N al Código Penal que reforma el financiamiento electoral ilícito”.
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“Actualmente está por conocerse el tercer debate –de la iniciativa de reforma al financiamiento electoral ilícito– lo cual hace una amenaza contundente sabiendo que hay más de 60 diputados que actualmente cuentan con este conflicto de interés”, señaló la parlamentaria.
Indicó que ante la CC argumentó que se violentó el artículo 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece el procedimiento que los diputados con conflicto de interés deben de realizar ante los asuntos en que tengan interés.
“En este caso la amenaza es contundente ya que se podría hacer un decreto que busque únicamente beneficiar a personas individuales y no se busque una ley en beneficio del país como tal”, afirmó la diputada.
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En el amparo se precisa que hay varios diputados que tienen un proceso abierto o están siendo investigados por el delito en discusión, además de los que pertenecen a partidos políticos que han sido señalados de cometer este delito.
La congresista concluyó que, según su análisis, el procedimiento debe ser retrotraído y los diputados que no tienen conflicto, que serían más de 80, sea quienes deberían decidir si se aprueba o no dicho cambio al Código Penal.
Reacciones
Orlando Blanco, jefe de la UNE, quien es señalado en el amparo de tener conflicto de interés, indicó que “cada diputado tiene derecho de interponer recursos aun cuando sean frívolos e improcedentes”.
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“El diputado no se puede hacer un lado de su labor legislativa, hay que recordar que en el Congreso no hay ningún diputado que esté acusado por financiamiento electoral ilícito ni siquiera el diputado –Roberto– Villate ni yo, que somos a quienes se les retiró el antejuicio”, afirmó Blanco.
Destacó que no han sido acusados de nada y afirmó que este tipo de recursos parecieran políticos pues “de cara a la contienda electoral hay un grupo de personas que piensa que con estas atribuciones van a poder mantener a su electorado contento”.
Carlos Fión, jefe de Compromiso Renovación y Orden (Creo), añadió que “el Congreso está revisando el artículo 407 N por una exhortativa de la CC”.
“Esta es una función del Congreso, legislar reformar de aquellos artículos que por una u otra razón el tiempo indica que ya no son funcionales y que deben ser cambiados para adaptarse a las nuevas realidades del país”, afirmó Fión.
Agregó que la acción presentada le parece incoherente pues lo que “se trata de evitar es que el Congreso cumpla con su función fundamental por la cual está establecido”.
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