Recientemente, diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) informaron que el presidente Alejandro Giammattei y los ministros cultura, salud, educación, desarrollo social y comunicaciones plantearon antejuicios en su contra en los que los acusa de realizar citaciones ilegítimas, insultos y supuestamente exponer vida privada de los funcionarios.
“El objetivo del régimen es callar a la oposición derivado de los múltiples señalamientos de ineficiencia, corrupción, abuso de autoridad y uso de recursos públicos con fines políticos”, denunciaron los diputados afectados en un comunicado de prensa.
Esto ocurre a pocos meses de que se realice la convocatoria a elecciones 2023, en enero próximo, etapa en la que quienes aspiren a un cargo de elección popular podrán inscribirse como candidatos. Uno de los requisitos para participar es el que regula el artículo 113 de la Constitución, que establece que “los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
En procesos electorales anteriores, este artículo ha dado lugar a múltiples interpretaciones y ha servido como fundamento para impugnar candidaturas de funcionarios que enfrentan denuncias.
Actualmente, múltiples antejuicios contra diputados que han sido críticos de la gestión del gobierno de turno se tramitan en los tribunales y algunos de ellos temen que sea una estrategia para vedar su eventual participación política el próximo año.
Entre quienes suman más denuncias se encuentra el congresista Aldo Dávila, quien acumula 14 denuncias. Una de ella fue por una supuesta agresión a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y en noviembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad, con lo cual dio vía libre al Ministerio Público para que lo investigue y eventualmente abra un proceso judicial en su contra.
“Definitivamente hay actores que me quieren coartar la libertad de participación, pero lo que no saben es que en este momento no he definido si participo o no”, dice Dávila al respecto.
“Soy una piedra incómoda en el gobierno de Alejandro Giammattei por decir las verdades. En este momento lo que se trata es de perseguir a la oposición, a los que decimos la verdad, a los que denunciamos y fiscalizamos. Es una persecución política para bloquearnos la participación en el próximo proceso electoral”, insiste el diputado.
Otro caso es el de la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández, contra quien la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) planteó una solicitud de antejuicio por supuestamente incurrir en abuso de autoridad al intentar citar a funcionarios de esa institución, entre quienes se encontraba el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
“Para mí es evidente que se trata de una persecución en contra de los opositores de este régimen de corrupción. Afirmo esto pues la denuncia espuria que se presentó en mi contra surge por el rol que hemos tenido como oposición en el congreso”, dice Hernández
Agrega que hay una intención de afectar su participación política electoral y de “minar la función de fiscalización, no solo de la Bancada Semilla, sino de todos los diputados. Es por ello por lo que es espuria y política, como hemos declarado y quedará demostrado”, dijo.
En una situación similar se encuentra la diputada Evelyn Morataya, quien recientemente tuvo conocimiento que se presentó una denuncia anónima en su contra en el MP por abuso de autoridad y cohecho pasivo. En ella se expone que la diputada documenta sus fiscalizaciones y publica en redes sociales imágenes de viviendas y oficinas de ciudadanos.
“Yo me he dedicado a fiscalizar desde que asumí mi cargo como diputada y fiscalicé los recursos que aprobamos desde la pandemia. Sigo fiscalizado y lo voy a seguir haciendo. No sabría decir si hay una estrategia detrás de ello. Lo que creo es que somos muy poquitos los diputados y diputadas que fiscalizamos los recursos que aprobamos desde el Congreso y que consideramos que población debe estar al tanto de qué se hace con tanto dinero”, comenta Morataya.
Esta semana, también el diputado Cristian Álvarez se apersonó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para defenderse de un antejuicio interpuesto por Ángel Guillermo González Ruano. El denunciante alega que una persona que trabaja en la bancada cometió delitos y él no le controló.
Otros antejuicios no avanzan
En el plano opuesto se encuentran antejuicios planteados contra diputados afines o cercanos al oficialismo. Entre estos está el promovido contra el congresista Boris España, vinculado al caso Subordinación de Poderes e incluido en la lista de actores antidemocráticos y corruptos de Estados Unidos conocida como “Lista Engel”.
La decisión de impedir la investigación contra España fue refrendada en mayo por la Corte de Constitucionalidad al denegar el amparo solicitado por el MP con el que se buscaba reactivar el proceso para retirarle la inmunidad al diputado.
También está el caso del diputado Jorge García Silva cuya esposa e hijo fueron capturados por asociación ilícita y lavado de dinero en un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en noviembre de 2021. El MP demoró tres meses en interponer el antejuicio contra Silva y no fue hasta que la jueza contralora del proceso ordenara agilizar la investigación.
De igual forma fue rechazado el antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, vinculado al Caso Traficantes de Influencias por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Pese a impugnaciones en la Corte de Constitucionalidad, el MP no pudo investigar al congresista.
Igualdad de criterio
María José López, analista política de Guatemala Visible, explica que los conceptos de capacidad, idoneidad y honradez que solicita la Constitución en su artículo 113 para optar a un cargo público pueden ser sujetos a diversas interpretaciones.
En ese sentido, para evitar arbitrariedades, es importante que el TSE aplique el mismo criterio para todos los partidos políticos, dice.
“Lo que hemos visto anteriormente es mucha incertidumbre a la hora de aplicar el criterio de la idoneidad porque se le aplican ciertos criterios a candidatos que tienen procesos abiertos y otros distintos a quienes están en las mismas condiciones. Por eso lo importante es la igualdad”, dice la entrevistada.
