La sugerencia de ley crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), una entidad independiente que estaría a cargo de vigilar el cumplimiento de la norma creada en 2008, la misma estaría dirigida por un director y subdirector.
Esas autoridades de la Onaip serían preseleccionadas por la Comisión de Transparencia del Legislativo, quien entregaría una nómina de candidatos al Pleno del Congreso, para que sea este organismo de Estado el encargado de la selección.
Ese vínculo entre el parlamento y las autoridades propuestas para el control y manejo de la información pública, es uno de los principales puntos que ha despertado dudas entre sector sociales, principalmente en aquellos que realizan procesos de fiscalización.
A la fecha esta responsabilidad cae sobre la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai), entidad que opera bajo la supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y que opera con una tercera parte de los fondos que necesitaría la nueva entidad.
Por estas dudas la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la fracción de Carlos Barreda, está por retirar dos firmas que respaldaron el dictamen, mientras que Compromiso Renovación y Orden (Creo) apoyará la iniciativa toda vez no sufra alteraciones en los debates parlamentarios.
“Lo vamos a lamentar mucho”
El ponente de la iniciativa y presidente de la Comisión de Transparencia, José Alejandro de León, reafirma que la sugerencia es de carácter técnico y que únicamente están buscando blindar el trabajo de fiscalización ciudadano, aunque con los múltiples pronunciamientos en contra, duda que la iniciativa pueda caminar.
“Se ha dado mucha desinformación, la verdad si hay tanta polémica la ley, de plano, no va a pasar, pero la ley es buena. Como se lo he manifestado tiene todas las situaciones técnicas y cuando uno mira en las redes no es siquiera la ley la que están juzgando sino cuestaciones que no tienen nada que ver, yo lo lamento, que pueden presentar cualquier acción la pueden hacer, pero la ley lleva una buena intención para poder sumar, no va en contra de nadie”, explicó el congresista.
De León añadió que por los años de vigencia que tiene la actual ley de libre acceso a la información pública se necesita un cambio, e indicó que si diputados desean retirar sus firmas están en libertad de hacerlo.
“Esa decisión, si ellos la llegan a tomar, es más política que técnica, porque de los que más aportaron en la iniciativa de ley son diputados de la UNE, tengo los videos, resúmenes, incluso dicen que no se socializó, no teníamos que hacerlo, pero lo hicimos hasta con la PDH, la encargada de la PDH llegó dos veces con nosotros”, resaltó.
Por su parte el diputado Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), considera que la desinformación está afectando un buen proyecto legal, por el que está dispuesto a buscar apoyo de otros congresistas para su aprobación.
“Yo soy firmante y abalé el dictamen favorable, por supuesto que haré el cabildeo necesario con mi bancada y otras bancadas para que ellos puedan proceder a evaluarla y darle su voto a favor (…) lo mejor que se puede hacer es darle los tres debates, invitar a los diferentes sectores para que se pronuncien, creo que el tema ha generado más bulla de lo que realmente es”, indicó.
Retiran apoyo
La bancada de oposición decidió retirar dos firmas al dictamen, y estiman que lo prudente es que la iniciativa 5792 regrese a la mesa de trabajo, para poder dar respuesta a esas interrogantes que despertó el proyecto.
“Creo que la Comisión de Transparencia del Congreso tuvo que haber realizado más audiencias públicas para crear mesas técnicas y debatir con la misma PDH está propuesta, lo más prudente creo que sería que regrese a comisión para que se pueda analizar detenidamente; la idea que se ha planteado en otros años que es crear un instituto como el que hay en México, para que sea una entidad independiente que se encargue de fiscalizar todas las entidades públicas”, señaló Carlos Barreda, jefe de bloque UNE.
Por su parte Rodolfo Neutze, jefe del bloque Creo, explicó que su representante en la comisión, el diputado Cristian Álvarez, ha dado un seguimiento oportuno al tema y firmó a favor del dictamen por ser una propuesta técnica.
La bancada seguirá apoyando, toda vez las intenciones no cambien, “mientras la iniciativa persiga el objetivo de fortalecer el acceso a la libre información, sí, cualquier intento de limitarla ya no, nosotros vamos a apoyar lo que fortalezca, si en el camino alguien le quiere hacer un cambio para quitarle los fuerza si ya no vamos a apoyar”, resaltó Neutze.
Temen urgencia nacional
El único diputado que votó en contra del dictamen fue José Sánchez, de Movimiento Semilla. El congresista manifestó que tiene dudas del proyecto, porque lo más sensato, a su criterio, sería reforzar la entidad que actualmente maneja el tema.
“Realmente esta secretaría o entidad descentralizada se prestaría para demasiado interés político de parte de los diputados, mi punto de vista es, primero, que por ser un interés humano el acceso a la información debe de estar con la PDH, segundo, si se quiere fortalecer la ley y todo lo que implica hay que destinar más fondos a la secretaría que existe”, señaló.
Así mismo refutó el origen de la propuesta, “yo desconozco realmente las intenciones de fondo del diputado de León pero fue una iniciativa que se presentó de manera muy exprés, deseen cuenta que la semana pasada se presentó el dictamen y mañana (hoy) ya está agendada en primera lectura, realmente Alejandro de León es parte de la alianza oficialista, naturalmente habló con la Junta Directiva para que esa iniciativa o dictamen pueda pasarse, otros llevan años esperando para que se incluyan en primera lectura”, precisó.
Voces en contra
Desde que la iniciativa tuvo dictamen a favor organizaciones no políticas se han pronunciado por tener dudas. Muchas no se oponen directamente a que la actual ley de información sea modificada, pero resaltan la necesidad que esas propuestas sean públicas y bajo consensos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) explicó, por medio de un comunicado, que la iniciativa 5792 representante “un significativo retroceso de las garantías actuales”; la Cámara Guatemalteca de Periodismo considera necesaria que la entidad que vele por la ley sea autónoma, pero que sus autoridades sean electas por entidades académicas y de prensa, más no por políticos para evitar posibles intereses.
Carlos Mendoza, integrante de Diálogos, asegura que la ley necesita un cambio, pero que esa reforma debe venir a colaborar con el trabajo de fiscalización y no complicarlo más, ya que actualmente algunas instituciones de gobierno son complejas para rendir cuentas.
“Estos meses han sido de bastante dificultad para tener los datos de todas las instituciones públicas que han estado ejecutando programas para el Covid – 19; Mides, Mineco, Mintrab, siempre hemos tenido que hacer uso de la ley de acceso a la información pública pero a veces no las mandan en PDF, otras en Excel pero incompleto”, refirió.
Los principales cambios a la ley
| La ley actual | Con la reforma |
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Existe la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) bajo la tutela de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
La Secai se encuentra representada en el interior del país por medio de las sedes departamentales de la PDH.
Actualmente la Secai funciona con un presupuesto de Q10 millones.
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Se crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), que tendrá a un director y subdirector designados por el Pleno del Congreso de la República.
La propuesta impulsa que la Onaip tenga se sede central en el departamento de Guatmala y necesitara subsedes para tener representación el interior de la república.
Onaip necesitará, toda vez sea emita el decreto de su creación, una designación presupuestaria de Q30 millones.
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