“En realidad el problema no es mi permanencia ni la de la Cicig. El problema es que requieren garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial. Si el Gobierno garantiza que la Cicig pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar”, dijo Velásquez.
Al respecto de estas declaraciones se consultó a varios jefes y subjefes de bloques del Congreso, la mayoría, restó importancia al ofrecimiento de Velásquez, bajo el argumento de que él ya no es el jefe de la Comisión y el mandato mismo ya fue denunciado, por lo que no tiene vigencia.
Ileana Calles, subjefa del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aseguró no haber escuchado nada sobre dicha nota informativa, sin embargo, sería un ofrecimiento inútil.
“La posición es que el tema de Cicig ya no es de mucha importancia, creo que hay otras situaciones que atender, entonces no estamos en eso ahora”, respondió la legisladora.
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Fernando Linares-Beltranena, subjefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), aseguró que la propuesta de Velásquez viene tarde y que a su juicio la plaza que ofrece “en sacrificio” ya no tiene validez.
“Lo debió hacer hace unos seis meses, hubiera tenido cierto valor de nobleza. Ahora es tarde, porque ni él es el comisionado de la Cicig e incluso, la Cicig ya fue denunciada como entidad, él ya no tiene vela en este entierro”, declaró el legislador.
Rudy Castañeda, jefe de la Unión del Cambio Nacional (UCN), señaló que el comisionado ya no tiene la potestad para hacer dicha propuesta.
“Hay que recordar que el convenio de Cicig fue una relación contractual con ONU y el Gobierno de Guatemala. No veo prudente este tipo de expresiones, sin embargo como suele suceder en política habría que analizar si se podría regresar, pero me parece improcedente”, señaló el diputado.
Mientras que Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que las declaraciones de Velásquez son “una posición madura por parte del comisionado, principalmente porque siempre se ha dicho que las instituciones no son las personas”.
“El comisionado ya tiene alrededor de cinco años de estar al frente de la institución, lo que vemos es que quiere prolongar el esfuerzo y trabajo que ha hecho la Cicig. Creo que antes de eso se debe esclarecer en qué situación real está el convenio”, agregó Blanco.
Recordó que Guatemala fue ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a denunciar el convenio y aunque como bancada consideran que esa acción quedó sin efecto por la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), señaló que es prudente tener claro ese tema.
“Lo más importante es que se retome el diálogo político entre ambos instancias para identificar que corresponde de seguimiento al trabajo de la Cicig”, acotó el congresista.
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Contrario a la postura de Linares-Beltranena, Carlos Chavarría, subjefe de Compromiso Renovación y Orden (Creo), consideró “muy buenas las declaraciones de Iván Velásquez”.
“Eso demuestra la importancia que se da a nivel internacional en la lucha contra la corrupción e impunidad. Ahí es donde debe enfocarse Guatemala, si hay un problema con las personas, pensar en las instituciones, el fortalecimiento y no el debilitamiento”, aseguró Chavarría.
Además hizo un llamado al Organismo Ejecutivo para que ponga atención a esas declaraciones, porque a criterio del diputado “no es simplemente ir y pelear contra la ONU y desmarcarse del ámbito internacional, sino todo lo contrario”.
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Mientras que Raúl Romero, jefe de Fuerza, afirmó que esta propuesta responde a la petición que él hizo hace tiempo que era de “encontrar una salida negociada al enfrentamiento institucional que se ha venido dando”.
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“Es importante tener una actitud donde prevalezca el interés de fortalecer a las instituciones y no a las personas, en el entendido de que todos somos transitorios, pero las instituciones permanentes”, agregó Romero.
Consideró que es prudente que ambas partes flexibilice sus posiciones y que se busque lo más conveniente para el país y no solo para algunas personas o institución. “Aquí debe prevalecer el interés de Guatemala, que permanezca la lucha contra la corrupción e impunidad, el fortalecimiento al estado de Derecho y la democracia”, finalizó.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia Alfredo Brito, fue consultado y respondió que no tiene ningún comentario al respecto de la noticia.
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