La Comisión de Gobernación del Congreso de la República inició el análisis de dos iniciativas que buscan endurecer las penas por delitos cometidos por integrantes de pandillas y establecer un procedimiento específico para agentes de seguridad que utilicen la fuerza en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa 5481 propone la Ley para el fortalecimiento del combate a las maras o grupos criminales organizados, con la que se busca tipificar el delito de sicariato agravado, con penas de hasta 50 años de prisión.

Las sanciones se aplicarían a quienes asesinen siendo parte de una pandilla, o bien si la víctima es menor de edad o mayor de 60 años. La iniciativa también castiga el reclutamiento de jóvenes para integrar estos grupos.

La segunda propuesta, la iniciativa 6411, busca fortalecer el sistema judicial mediante un mecanismo que permita otorgar medidas sustitutivas —como el arresto domiciliario— a policías o agentes de seguridad implicados en hechos donde hayan utilizado su arma de fuego en el cumplimiento del deber.

El presidente de la comisión, Fidencio Lima, afirmó que se solicitará opinión de entidades del sector justicia antes de emitir dictamen sobre ambas iniciativas.

Por su parte, el diputado Ronald Portillo, de la bancada Vamos y ponente de las propuestas, explicó que se trata de brindar certeza jurídica a los agentes que actúan conforme a la ley. Aclaró que no se pretende eximirlos de responsabilidad, sino evitar que sean trasladados a carceletas si cumplen los requisitos legales.

Portillo señaló que se analizan posibles reformas con precaución, para evitar contradicciones entre normas o vulneraciones a la Constitución. No descartó que algunas disposiciones se puedan aprobar de urgencia nacional, sobre todo las que permiten patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía Nacional Civil, en zonas con altos índices de violencia.

El legislador también mencionó que la Comisión de Finanzas discute una iniciativa que contempla una asignación extraordinaria de Q3 mil millones para reforzar el combate a las pandillas. Los recursos estarían dirigidos al Organismo Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario y unidades de investigación de la Policía, así como a la Secretaría de Bienestar Social, debido al creciente reclutamiento de menores por parte de grupos criminales.

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