Fue rechazada la creación de comités cívicos electorales -instancias departamentales distintas a los partidos políticos para nominar diputados-, con el argumento de que se abre la puerta al narcotráfico y que la Corte de Constitucionalidad los declaró inconstitucionales.
El diputado de la UNE, Mario Taracena, enfatizó el riesgo de la participación del narcotráfico y la congresista Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, señaló que habría una inconstitucionalidad si los comités son creados.
La diputada Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, y Karina Paz, de la UNE, señalaron lo contrario y coincidieron que esta figura abriría la puerta a que un verdadero líder se pueda postular e incluso ganar la diputación, argumento que no fue tomado en cuenta.
Así, quedó también al margen la definición del comité cívico electoral, los procedimientos y requisitos para su inscripción y, de ganar una diputación, se mantendrían vigentes.
Los diputados argumentaron que este artículo, en lugar de fortalecer a los partidos políticos, los debilitaba, por lo que creían necesario bajar a siete mil 500 los afiliados para que se inscriban nuevos partidos.
Aumentar el presupuesto de 0.5 por ciento a 0.7 por ciento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fue aprobado por los parlamentarios. Uno de los argumentos señalados era para qué quería tanto dinero el organismo.
No obstante, donde sí hubo apoyo de los diputados fue al momento de aprobar el artículo donde se le resta independencia al TSE, ya que los magistrados podrán ser fiscalizados y entregar cuentas por las instituciones que del Estado y el Congreso. Si es aprobado el artículo, los magistrados podrán ser citados por los parlamentarios.
También se abre la puerta para que profesionales de otras áreas puedan postularse para magistrado al TSE, ya que solo el 60 por ciento de los 10 magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) serán abogados y notarios y el resto cualquier profesional con grado de licenciatura.
Por aparte, dentro de lo aprobado, el TSE estará obligado en la formación y capacitación cívica electoral y programas de formación y capacitación sobre normativa electoral y de partidos políticos.
