En el año fiscal 2018 la ley indicaba que el 25 por ciento de la cooperación de EE. UU. con Guatemala, Honduras o El Salvador estaría disponible hasta que el secretario de Estado certificara al Congreso que estos gobiernos habían cumplido con las condiciones que tienen que ver con el tema migratorio.
Para el 2019 el porcentaje de esa ayuda condicionada se elevó al 50 por ciento, igual que las otras 12 condiciones que no variaron respecto al año anterior.
Los requerimientos que plasmó en la ley el Congreso de EE. UU. y que tienen relación directa con la migración irregular son cuatro: los gobiernos deben informar a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Estados Unidos; combatir el tráfico y la trata de personas, y mejorar la seguridad fronteriza, incluida la prevención de la migración el narcotráfico y otros tipos de contrabando.
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Además, deberán cooperar con las agencias gubernamentales de los EE. UU. y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes ilegales que no califican para asilo.
Prioridades en Washington
Este cambio en la ley, a juicio del excanciller Fernando Carrera, explica que la narrativa ligada a la migración es lo que genera consensos en Washington ya que la seguridad fronteriza y evitar la migración irregular se considera un factor clave en la relación bilateral entre EE. UU. y Centroamérica.
“Subir del 25 al 50 por ciento —la cantidad de fondos que se condicionan— quiere decir que se está percibiendo cada vez más y más que ese va a ser el factor más importante que definirá las relaciones bilaterales”, afirmó Carrera.
Agregó que el Gobierno de Guatemala ha querido jugar con otros factores geopolíticos, como el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero eso no es suficiente para el Congreso de EE. UU.
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“Las relaciones bilaterales no están basadas en la lealtad de Guatemala a algunas de las prioridades geopolíticas de la administración Trump, sino mucho más a la seguridad fronteriza y la cooperación para reducir la migración”, agregó el exfuncionario, para quien, la discusión de la ayuda en torno a estos temas será la tendencia a mediano y largo plazo.
Añadió que con el tiempo más líneas de cooperación se verán condicionadas por la falta de cooperación del Gobierno de Guatemala con políticas sustantivas en esos temas.
Recientemente, la Embajada de EE. UU. Guatemala informó que del 2016 al 2018, —los primeros tres años del gobierno de Jimmy Morales— ese país ha aportado a Guatemala US$739 millones, más de Q5 mil 728 millones.
El analista Jorge Wong precisó que el aumento del porcentaje de la ayuda que estará condicionada este año es una forma de decirle a los gobiernos “o cumplen o no les damos”, debido al aumento de la migración de centroamericanos, muchos de ellos en caravanas, que han intentado llegar a EE. UU.
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Además, no descartó que pueda disminuir la ayuda hacia la región, aunque esto sería “contraproducente” para el objetivo de reducir la migración ilegal.
Las otras condiciones
El resto de las condiciones establecidas en la Ley de Asignaciones Consolidadas 2019 se mantiene y solo dos tienen cambios.
Una sobre el requerimiento de contrarrestar las actividades de pandillas, narcotraficantes y organizaciones criminales, que en la ley del 2019 se le añade “transnacionales”.
También, el año pasado, la ley requería de los gobiernos “implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas”. En este punto se incluía aumentar la “capacidad e independencia del poder judicial y la oficina del fiscal general”, que quedó fuera de la norma para el 2019.
Respaldo a Cicig
Dentro del resto de condiciones incluidas en la ley destaca, por ejemplo, que los gobiernos deben “cooperar con comisiones contra la corrupción y la impunidad y con entidades regionales de derechos humanos”; además especifica que los recursos asignados para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no estarán sujetos al cumplimiento de ninguna de los 16 requerimientos.
En otros puntos que dicta la ley, se señala que los gobiernos del Triángulo Norte deben cumplir con estas disposiciones: luchar contra la corrupción, lo cual incluye enjuiciar a funcionarios actuales o anteriores señalados de actos corruptos; implementar políticas para aumentar la transparencia y fortalecer el estado de derecho.
También apoyar programas para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional para jóvenes en riesgo, así como crear empleos y promover un crecimiento económico equitativo, sobre todo en áreas que contribuyen a un gran número de migrantes.
La ley resalta que, si el secretario de Estado informa al Congreso de que algún gobierno no ha cumplido con los requisitos, deberá suspender, total o parcialmente, la asistencia. Además, prohíbe que los fondos de la cooperación se entregarán de manera directa a los gobiernos o se utilizarán para grandes proyectos de infraestructura.
Se consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y la Cancillería guatemalteca si el Gobierno ha cumplido con las condiciones expresadas por EE. UU. y se requirió una opinión sobre la priorización que hizo el Congreso en el tema migratorio, pero al cierre de esta nota no respondieron.
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Puntos que el gobierno debe cumplir
- Las condiciones del Congreso de EE. UU. al país para recibir cooperación son:
- Informar a sus ciudadanos los daños de viajar a la frontera sur de EE. UU.
- Combatir el tráfico de personas.
- Mejorar la seguridad fronteriza y prevenir varios delitos.
- Cooperar con EE. UU. y otros gobiernos para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de migrantes ilegales que no califiquen para asilo.
- Cooperar con una entidad autónoma que provea una visión externa del Plan Alianza para la Prosperidad.
- Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución de actuales y anteriores funcionarios que se crea que son corruptos.
- Implementar reformas policíacas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones, incluyendo aumentar la capacidad e independencia del sistema judicial y el Ministerio Público.
- Implementar una política que asegure a las comunidades, la sociedad civil —incluyendo indígenas y otros grupos marginados— y los gobiernos locales ser consultados en el desarrollo y la participación de actividades del Plan.
- Atacar las actividades de pandillas y el crimen organizado.
- Investigar y perseguir a personal del Gobierno, incluyendo policías y militares que se cree que han violado los derechos humanos.
- Cooperar con las comisiones contra la impunidad y la corrupción y con los entes regionales de derechos humanos.
- Apoyar programas para la reducción de la pobreza, expandir la educación y el entrenamiento vocacional para los jóvenes en riesgo, promover trabajos y crecimiento económico en áreas de migración.
- Implementar un plan con metas y calendarios para crear una fuerza policial civil y terminar el rol de militares en la política interna.
- Proteger el derecho de los partidos de oposición, periodistas, sindicatos, defensores de derechos humanos y otros activistas de sociedad civil para operar sin interferencia.
- Incrementar los ingresos del Gobierno, implementar una reforma fiscal y el fortalecimiento de las aduanas.
- Resolver disputas comerciales, incluyendo los reclamos territoriales, entre entidades de EE. UU. y el Gobierno.
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