“El nuevo tribunal constitucional —es— un tribunal cuestionable y la fiscal general, Consuelo Porras, minimiza las investigaciones creíbles contra la corrupción”, lo cual “amenaza aún más con perpetuar el historial de retos”, dijo Robinson en una conferencia telefónica en la que habló de las acciones que EE. UU. ha tomado en la lucha contra la corrupción y de los acuerdos alcanzados en la Cumbre por la Democracia que se celebró la semana pasada y a la que no fueron invitados varios países, entre ellos Guatemala.
Para el funcionario estadounidense los sucesivos gobiernos de Guatemala han acumulado un “historial largo de retos profundos” que se han agudizado por la corrupción. Al mismo tiempo volvió a citar la destitución, por parte de Porras, del extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, como muestra de esa falta de compromiso en la lucha contra la corrupción de la jefa del Ministerio Público.
En la conferencia de prensa también participó Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien expuso que aún consideran a Guatemala como un país amigo y aliado “en muchos temas”, sin embargo, reconoció que existen “grandes preocupaciones” porque la lucha contra la corrupción no ha dado los resultados “que nos gustaría ver”; por ejemplo, “casos concretos contra personas e instituciones corruptas en el país”.
Fuerza de tarea
Nichols también habló de la Fuerza de Tarea Anticorrupción, creada este año para investigar prácticas corruptas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y aseguró que los oficiales que trabajan en esta “van a hacer más” en los próximos meses y que para ello trabajan con la sociedad civil y con personas “que quieren mejorar las investigaciones”.
“Ellos acaban de empezar a trabajar y estamos pendientes de acciones más contundentes”, aseveró Nichols, al ser cuestionado acerca de que la poca información que ha emanado de dicha Fuerza de Tarea.
De acuerdo con la Casa Blanca, esta fuerza regional incluirá para su trabajo a fiscales y especialistas en la aplicación de la ley de EE. UU. para investigar y enjuiciar casos de corrupción que tengan un nexo con ese país, Guatemala y la región en general.
Cuando fue anunciada, en marzo pasado, EE. UU. dijo que uno de los componentes incluiría incrementar el número de asesores legales residentes que capaciten y formen a personal del Ministerio Público de Guatemala (MP), incluida la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), para fundamentar causas de corrupción.
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Pero con la salida de Sandoval de la Feci ese Gobierno anunció la congelación de ayuda para el MP.
Robinson añadió que la Fuerza de Tarea recibe información sobre casos de corrupción y criminalidad y que es importante que dicha información “tenga algún nexo con EE. UU.”, pero que eso no es un obstáculo para que sea utilizada.
Herramientas
Ambos funcionarios coincidieron en que la lucha contra la corrupción es uno de los pilares de la administración de Joe Biden en su política exterior al extremo que ha sido considerado como un problema que afecta la seguridad nacional de aquel país.
EE. UU. cree que este problema resta oportunidades a los guatemaltecos más vulnerables ya que propicia que los recursos del presupuesto general se desvíen hacia terceros sin que llegue a los guatemaltecos lo que a su vez propicia la migración irregular.
En la conferencia de prensa telefónica, Robinson destacó los compromisos acordados en la Cumbre por la Democracia, incluidos lo que adoptó EE. UU. y dijo que esta “fue una oportunidad para participar, escuchar y hablar honestamente sobre los desafíos que enfrenta la democracia dentro y fuera de EE. UU.”.
Por su parte, Nichols afirmó que “la corrupción menoscaba las oportunidades económicas, atenta contra los derechos humanos y limita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas”.
A la vez, los funcionarios estadounidenses destacaron la inclusión este año de unas 60 personas en los listados de actores corruptos y que socavan la democracia. Asimismo, la implementación de sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro y el reconocimiento de varios actores por su lucha contra la corrupción.
