El funcionario estadounidense, no obstante, está consciente de que “en el pasado se han escuchado muchas cosas que no han permitido que leyes importantes” sean aprobadas, pero que dada la coyuntura actual, en la que hay un nuevo gobierno, es una oportunidad para que el Congreso “responda” a los guatemaltecos.
En octubre del año pasado, el Congreso no aprobó el proyecto de Alianzas Público Privadas para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje.
Apenas 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 ni siquiera llegaron al Congreso el día que se iba a conocer en tercera lectura. Dentro de los factores que se mencionaron por los cuales la ley fue rechazada se mencionó posibles intereses de diputados que habrían pedido que empresas allegadas a ellos tuvieran parte del proyecto.
Arreaga precisó que para EE. UU. la lucha contra la corrupción y la impunidad es una de las prioridades más importantes, y en ese sentido, recordó que uno de los mecanismos que su gobierno utiliza para castigar a ciudadanos, sean funcionarios o no, señalados de corrupción es la cancelación de visas.
“Pero sí quiero decir que la corrupción para nosotros ha sido, es y seguirá siendo uno de los objetivos fundamentales. Nosotros utilizamos algunos métodos, por ejemplo, la revocación de visas como una forma de enviar mensajes de que no vamos a tolerar actos de corrupción, narcotráfico y abuso de Derechos Humanos”, enfatizó el embajador estadounidense en una reunión con periodistas en su residencia.
Luis Arreaga, embajador de EE. UU. en Guatemala
Arreaga prefirió no dar nombres de las personas a las que recientemente el Gobierno de EE. UU. les retiró la visa, aunque reconoció que hay exfuncionarios de todos los organismos del Estado. “Le puedo decir que hay representatividad de los tres poderes y del sector privado —quienes— es clarísimo que han participado en actividades de corrupción, criminalidad y narcotráfico”, subrayó.
Al ser cuestionado sobre qué motivaciones tendrían los diputados para apoyar estas leyes, Arreaga indicó que la oportunidad que tiene el país de recibir grandes inversiones tendría que ser el principal incentivo.
“Aquellos que no quieran cooperar… Vamos a saber quiénes son y por qué —no cooperaron—, de ahí en adelante es otra cosa”, comentó, al mismo tiempo de indicar que a los inversionistas les interesa contar con reglas de juego claras y trabajar con instituciones que funcionen y que respondan a la certeza jurídica.
En ese aspecto, también manifestó que están “poniendo muchísima atención” al proceso de comisiones de postulación, que derivará en la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, ya que les interesa que el proceso sea transparente, justo y que los criterios de selección sean claros.
“Tanto a Guatemala como a EE. UU. nos interesa que este proceso no se convierta en una alfombra de bienvenida al narcotráfico y a la impunidad”, remarcó.
Inversiones
Arreaga subrayó en la importancia de la labor del Congreso y los procesos de selección de cortes, toda vez que es necesario para “crear las condiciones para que vengan los inversionistas norteamericanos a invertir” en grandes proyectos.
De hecho, enfatizó en que EE. UU. firmó hace unos días un acuerdo con el Ministerio de Economía para asignar US$1 mil millones en préstamos de reactivación económica para Guatemala; además existe la iniciativa América Crece, mediante la cual se piensa atraer inversión norteamericana en proyectos de infraestructura y energéticos, por ejemplo.
Respecto a posibles inversiones, el funcionario estadounidense aseguró que tanto el Ministerio de Economía como el Programa Nacional de Competitividad arman una cartera de proyectos que presentarán a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, y como ejemplo, citó que el Metro Riel podría ser uno de estos.
Cooperación
El embajador estadounidense aseguró que ha habido una buena relación con el presidente Alejandro Giammattei y que están “sumamente agradecidos” por el apoyo que el gobierno guatemalteco ha dado en materia de migración, por lo cual EE. UU. siente la obligación de ayuda a Guatemala a crecer económicamente, sobre todo por la mayor parte de migrantes sale del país por factores económicos.
Añadió que su país ya autorizó el traslado de US$75 millones para reforzar las fronteras y para proyectos de desarrollo y justicia.
Según Arreaga, en conversaciones que han sostenido con Giammattei, el mandatario guatemalteco les ha manifestado que “quieren ser el mejor aliado de EE. UU.”.
Refirió que los anexos del Acuerdo de Cooperación de Asilo, son documentos “vivientes”, es decir, que están vigentes. Esta semana el mandatario guatemalteco se había refirió a dichos anexos y los considero solamente “borradores”.
El funcionario estadounidense aseguró que están dispuestos a explicar al Gobierno de Guatemala en qué consisten esos documentos y que incluso, fue el propio Giammattei quien pidió que una delegación de EE. UU. visitara el país para hablar de ese tema, por lo cual descartó que exista presión para dejar en pie el acuerdo.
Reacciones
El sector privado coincidió con el embajador estadounidense al señalar uno de los principales atrasos para lograr el desarrollo del país se encuentran en el Legislativo, aunque también culparon a las cortes.
Juan Pablo Carrasco, presidente Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), expuso que el Congreso se ha convertido en uno de los “grandes cuellos de botella” para lograr certeza jurídica y desarrollo económico, ya que no ha priorizado la agenda legislativa en esta materia.
Indicó que hay una “alta expectativa” con los nuevos diputados y Junta Directiva del Legislativo de brinden prioridad a la agenda porque el país posee un alto potencial de atracción de inversión y las leyes, así como están, no han permitido que puedan concretarse y así aumentar el empleo, pero “en el Congreso se estancan todos los proyectos”.
Además de la ley de competencias y las que tengan que ver con alianzas público privadas, citó otras que son de importancia para el sector privado, como la de zonas francas, de infraestructura, la regulación del Convenio 169 que tiene paralizados varios proyectos que se relacionan con el uso de recursos naturales, entre otros.
“Las cortes también deben alinearse y la falta de certeza jurídica actual se debe a la Corte de Constitucionalidad, pero el Congreso puede apoyar desentrampando la agenda legislativa en materia económica, porque ya lleva más de seis y siete años estancada”, concluyó.
Por su parte, Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que comparten la preocupación de EE. UU. en cuanto a la necesidad de contar con certeza jurídica, aunque considera que este factor depende, no solo del Congreso, sino también de las cortes.
“Creo que se queda corto —EE. UU.— al decir que la falta de certeza está en el Congreso, hemos visto que —esta— ha sido causada por las cortes y principalmente la CC —Corte de Constitucionalidad— que ha fallado con criterios que provocan incongruencia”, señaló Girón.
Agregó que por la falta de reglamento del Convenio 169 ha sido utilizada por la CC para frenar inversiones millonarias, por lo cual el mensaje “debe extenderse” a la máxima corte.
¿Qué dice el Congreso?
Consultados algunos diputados del Congreso de la República coincidieron en que las leyes que reactiven la economía del país son urgentes y por lo tanto tienen que ser aprobadas.
Andrea Villagran, legisladora del partido Bien, afirmó que el país debe contar con leyes para promover la competitividad y el libre mercado y considera que fue un “mal mensaje” que el Congreso envió el año pasado al no aprobar la alianza publico privada para remozar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
“Creo que se puede retomar el tema. El Estado no tiene la capacidad de hacer proyectos por sí solo, es importante contar con alianzas publico privadas”, subrayó Villagrán.
El jefe de bancada del partido Valor, Luis Rosales, coincidió en que urgen las normativas económicas, por lo cual lo dicho por el embajador de EE. UU. “es compatible” con su partido. Agregó que la intención de los diputados de su bloque es trabajar en esas normativas.
Por su parte, el jefe de la bancada Creo, Rodolfo Neutze, afirmó que “todos sabemos que nos urgen” las leyes que reactiven la economía, y en cuanto al anuncio de posible retiro de visas a funcionarios corruptos, indicó que no debe ser suficiente, puesto que Guatemala debe juzgar y condenar a todos aquellos funcionarios que resulten responsables de corrupción.
“EE. UU. tiene la potestad de darle visa a quien ellos consideren, —pero— eso no es suficiente castigo para los corruptos. Aquí hay leyes que se deben cumplir y el que es corrupto debe ir a la cárcel, —el retiro de visas— no es algo en lo que debamos basar el futuro de Guatemala”, aseveró.
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