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Según el funcionario, a la PGN llegó una consulta para establecer si el acuerdo complementario podía adherirse al convenio firmado hace 39 años, a lo que se le dio un dictamen favorable.
Donado aclaró que en ningún momento se consultó a la Procuraduría sobre la compra de los aviones Pampa III, por el que se pagará US$28 millones –unos Q215.8 millones-, y que la declaratoria de lesividad de ese contrato debe ser declarada por el presidente en consejo de ministros, por lo que la PGN no puede actuar de oficio en el caso.
Prensa Libre consultó al jefe de la PGN sobre si el Congreso debe conocer este acuerdo complementario, debido a que el convenio de cooperación fue ratificado por el Congreso, a lo que respondió que es la Cancillería la que define la forma en que este documento se adhiere y quien tiene la responsabilidad.
En la modificación firmada por las carteras de Defensa, ya se habla de intercambio de equipo y tecnología militar entre los dos países, algo que el convenio no contempla, pues este explica que se trata de cooperación técnica y científica para el desarrollo económico y social de ambas naciones.
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Consulta tardía
El Ministerio de Finanzas recibió el 25 de junio, cinco días antes de que el presidente Jimmy Morales viajara al extranjero, una solicitud para dictaminar si un convenio de cooperación puede usarse como base para hacer una compra, informó este 5 de junio Carmen Abril, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, de esa cartera, durante una citación con la bancada Encuentro por Guatemala.
La diputada Nineth Montenegro, señala que en esa consulta no se especificó de la intención de compra de los aviones Pampa III a Argentina, y que sospecha que esta adquisición fue más una “ocurrencia” del presidente Jimmy Morales y del ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda.
Montenegro afirma, además, que este acuerdo complementario también debía conocerse por el Congreso, pero que parece que el documento fue hecho en días recientes, con fecha de junio, porque los funcionarios del Ejecutivo se dieron cuenta que el convenio de cooperación no permite la compra de los aviones y que estarían incurriendo en fraude de Ley.
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La diputada destaca que, en todo caso, ningún acuerdo o convenio que no sea de Derechos Humanos es superior a la legislación guatemalteca, por lo que debió respetarse la Ley de Contrataciones del Estado.
Por su parte, el diputado Carlos Barreda, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, indica que la modificación que se haga al convenio tendría que publicarse en el Diario de Centroamérica, aunque no sea conocido por el Congreso.
Sobre el uso del convenio para la compra de los aviones, el diputado indica que el mismo convenio señala que en el tema financiero, los países deben regirse a la legislación vigente y la guatemalteca es la Ley de Contrataciones.
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“Aquí hubo un intento de evadir la Ley de Contrataciones a través de este convenio, lo cual puede ser sujeto de varios delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes”, indica el diputado.
Sin sustento
El economista Carlos Martínez, afirma que no es válido sustentar la compra de los aviones con un acuerdo que tiene 39 años de haber sido firmado, pues durante ese tiempo ya se modificaron leyes y está en vigencia la Ley de Contrataciones.
“Hay nuevas normas que cumplir, y se debe acatar las reglas de transparencia y observancia actuales”, señala el experto.
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