Los próximos comicios serán en junio del 2023, por lo que la clase política está consciente que 2022 es el año en que deben figurar si quieren obtener el apoyo popular y revalidar sus cargos, y el techo de gasto público podría ser una manera de llevar inversión a las comunidades a las que luego se acercarán para pedir el voto.
Este interés no se limita a diputados, sino también a corporaciones municipales que buscan mantenerse al frente del poder local.
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En el 2019, cien de 158 diputados buscaron su reelección. El 60 por ciento de parlamentarios tuvo interés en retener su curul, aunque, al final, solo 50 lograron quedarse un período más en el Congreso.
En el caso de los jefes ediles, en las últimas elecciones generales 271 de las 340 corporaciones municipales buscaron retener el poder, el 80 por ciento. Solo 87 alcaldes lo lograron.
A juzgar por este interés en mantenerse un período más en el cargo, el presupuesto del año preelectoral podría ser fundamental para consolidar la imagen del político, aunque esto signifique dirigir más recursos estatales a obras en las que pueda figurar.
Esta práctica podría entenderse como campaña anticipada; sin embargo, es ahí donde tanto la Contraloría General de Cuentas (CGC) como el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberán mantener la vigilancia y el control, de manera que no se malversen los fondos en beneficio particular.
Analistas consultados advierten de que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y en el de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga)se encuentran los recursos de inversión más sensibles y los que más fácil se pueden desviar con fines clientelares.
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Riesgos en el presupuesto
El 28 de septiembre, la Comisión de Finanzas del Congreso comenzó el análisis del proyecto del Presupuesto 2022, que asciende a Q103 mil 992.5 millones.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) ya contempla los preparativos de las elecciones generales y por ello recomienda destinar Q701 millones 520 mil para el funcionamiento del TSE el año próximo.
Esa cifra se distribuye en Q186 millones 520 mil del aporte institucional, Q15 millones de la deuda política y Q500 millones para los comicios generales, según documenta el proyecto de ley.
El plan de gasto desglosa los montos presupuestarios deseados para las instituciones de Gobierno, donde al menos tres carteras destacan como vulnerables a las intenciones de campaña anticipada y mal manejo de fondos, según las fuentes.
El primero de ellos es el CIV, para el que se solicitan Q5 mil 402 millones 457 mil. De ese monto, la mayoría es para inversión, Q3 mil 1 millones 383 mil 376.
La alerta en este ministerio se debe a que las inauguraciones tienden a ser la promoción ideal para los funcionarios, que se atribuyen a título personal los proyectos, sin mencionar que son una obligación y tarea de la administración central.
Situaciones similares podrían registrarse en programas de entrega de alimentos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y apoyo a agricultores por parte del Maga, para los cuales se piden Q 1 mil 312 millones y Q1 mil 437 millones 435 mil, respectivamente.
“Dinámica perversa”
Pese a que en Guatemala existe una Ley de Contrataciones, la misma no es lo suficientemente robusta como para garantizar que los eventos de licitación se otorguen a las empresas más aptas, según Érick Coyoy, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.
Esta falta de control puede ser la ventana para que funcionarios faltos de ética otorguen a su antojo los proyectos públicos con el único fin de figurar, aparentar que trabajaron y ganarse la simpatía de ciudadanos a los que meses después llegarán a pedir el voto.
“Seguramente ya los alcaldes y los diputados empiezan a hacer movimientos preelectorales de cara a los comicios generales del 2023, así que veremos concursos públicos en función de esas dinámicas. Hay toda una dinámica perversa que se realiza bajo el manto de la opacidad que tiene la Ley de Contrataciones del Estado”, expresó Coyoy.
El ministerio más vulnerable a este tipo de prácticas ha sido el CIV, dice Coyoy.
“Lo que hemos visto en los últimos años es que los proyectos de infraestructura son los más propicios para este tipo de maniobras, contratos que se adjudican regularmente a proveedores que no tienen las capacidades ni la experiencia necesaria. Los proyectos sí se ejecutan, pero con muy mala calidad, donde los recursos sirven para esos beneficios particulares para diputados, gobernadores y alcaldes”, agregó.
Menor productividad
En el año preelectoral todos los funcionarios que busquen otros cuatro años de ejercicio público tratarán de atraer simpatizantes, lo que hará que posiblemente descuiden sus agendas de trabajo para las cuales fueron electos y perciben un salario.
Según Jahir Dabroy, analista político de la Asociación en Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), es habitual que en el Congreso se impulsen proyectos de ley socialmente aceptados, pero que en realidad tienen pocas o nulas posibilidades de convertirse en ley.
La asistencia en las plenarias también se reduce, en especial por los distritales que pretenden demostrar eficiencia en sus comunidades con tal de no ser reemplazados.
“No debiese influir, pero se generan este tipo de influencias. Recordemos que estamos hablando de los recursos públicos del Estado, que muchas veces no han sido utilizados de la mejor forma por los congresistas, sobre todo porque lo ven como una posibilidad de distorsión de recursos para, de alguna forma, impactar positivamente en su gestión”, puntualizó.
Este aspecto va de la mano con las obras a cargo del CIV o de los propios consejos comunitarios de desarrollo, con una asignación presupuestaria que también podría ser mal utilizada.
“Recordemos las obras, que han sido de los puntos más relevantes, porque queda el material para los potenciales electores, y que en este modelo tan caudillista que todavía tenemos suelen asociar las obras como una acción del diputado o el alcalde, más que con la gestión de las autoridades”, argumentó Dabroy.
Se necesita vigilancia
Integrantes de la Comisión de Finanzas tienen puntos de vista opuestos al ser consultados sobre el uso de recursos públicos para campaña política anticipada, aunque coinciden en que estas posibles anomalías deben ser vigiladas por el TSE y la CGC.
Lorena de León Teo, de Bienestar Nacional (Bien), afín al oficialismo, y presidenta de la citada comisión, dice que no se debe pensar que siempre que un funcionario figura públicamente es campaña anticipada.
“Considero que el TSE debería implementar algún tipo de estrategia para no confundir la labor del funcionario con la campaña anticipada, porque el pueblo de Guatemala es ahora, a través de las redes sociales, el que se está dando cuenta cuándo su funcionario trabaja o no trabaja”, expuso la congresista.
Por el contrario, Román Castellanos, de Movimiento Semilla y miembro de la misma comisión, coincidió con los analistas en que esta práctica carente de ética y de principios es recurrente en año preelectoral.
“Los recursos públicos en general siempre se han usado con fines electorales para perpetuar a funcionarios públicos en las instituciones, principalmente diputados. Por eso los incentivos que existen para las alianzas políticas a lo interno del Congreso giran en torno a la distribución de recursos. No hay afinidades ideológicas o de programas políticos, sino, básicamente, de cómo se distribuye el presupuesto”, manifestó.
CGC se prepara
Este temor tampoco es pasado por alto por la CGC, que en año preelectoral refuerza sus unidades de auditoría con el fin de evitar el uso de fondos públicos para campaña política anticipada.
José González, subcontralor de Calidad del Gasto, manifiesta que “este es un riesgo que existe, inherente al uso de los fondos y no debería ser así. No obstante, tenemos auditorías del presupuesto en todas las áreas y a estos equipos siempre les hacemos énfasis para que revisen y verifiquen adecuadamente que el presupuesto asignado llegó al destino para el que fue asignado”.
Por otra parte, González afirmó que ya implementan una estrategia que les facilite llevar a cabo la mayor cobertura posible del territorio nacional, para evitar que los fondos ciudadanos sean invertidos de manera incorrecta.
“Nosotros siempre lo intensificamos en estos períodos -preelectorales-. Por eso cada vez estamos buscando la contratación de más auditores. Necesitamos más personal de auditoría que nos ayude, pero con estos eventos que se aproximan -comicios generales- tenemos que aumentar las auditorías especiales y fortalecer equipo. N sabría dar un número exacto, pero sí es necesario fortalecer los equipos”, subrayó el funcionario.
Campaña anticipada, proselitismo y rendición de cuentas
El artículo 62 bis del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) identifica como propaganda o campaña electoral a la actividad organizada y llevada a cabo durante la segunda fase del proceso de elecciones, que inicia 90 días antes de la fecha en que se celebrarán los comicios y hasta 36 horas antes del evento convocado.
“En tal sentido, ‘campaña electoral anticipada’ es aquel conjunto de las actividades antes enunciadas que, previo al inicio formal de la segunda fase del proceso electoral, llevan a cabo los contendientes políticos de un futuro proceso electoral, para efectos de obtener un beneficio”, explicó Ranulfo Rojas, presidente del TSE.
El proselitismo, en cambio, de acuerdo con el mismo artículo del reglamento, es el derecho que tienen las organizaciones políticas para dar a conocer su nombre, emblema y llamamiento a afiliarse. En esa línea, el artículo 62 TER del reglamento establece que el proselitismo conlleva formación y capacitación, difusión de ideología, programa, propuesta y posición política.
La rendición de cuentas es la obligación que tiene toda organización política de informar y divulgar los gastos de campaña, y explicar y justificar sus ingresos y egresos. El no hacerlos podría implicar sanciones y hasta la cancelación de la organización política.
“Sobre tales bases, resulta evidente que las actividades de campaña anticipada, proselitismo y rendición de cuentas son eminentemente diferentes”, expuso Rojas.
Vigilancia permanente
Para el TSE, 2022 es un año preelectoral en el cual se plantea efectuar las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización del evento electoral 2023. En el Presupuesto 2022 se solicitan Q500 millones, que también se dirigirán al desarrollo de campañas de empadronamiento durante el ejercicio fiscal 2022, a lo que se añade su divulgación y sensibilización a la población.
“También se prevé un incremento del padrón electoral en un millón de ciudadanos aptos para votar, lo que incide en el incremento de mesas receptoras de votos en un número aproximado de 2 mil 500, que a su vez incrementa la adquisición de mobiliario, equipo tecnológico y de software, insumos, recurso humano y logística para la implementación de los centros de votación, como rubros más importantes”, explicó el presidente del TSE, Ranulfo Rojas.
Sobre las actividades de los partidos políticos y funcionarios que buscan la reelección, el TSE señala que se debe entender que “los partidos políticos gozan del derecho a realizar proselitismo en época no electoral”, entre estos la capacitación, difusión de ideología y propuesta política.
No obstante, el titular del TSE asegura que “se mantiene un monitoreo constante a través de sus diferentes dependencias, como la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, la Unidad de Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión e Inspección General”.
Asimismo, señala que a través de la auditoría social, cualquier persona que conozca de algún funcionario o persona individual que esté utilizando fondos públicos para promocionar su imagen con fines electorales puede interponer las denuncias correspondientes.
Vigilancia permanente
Para el TSE, 2022 es un año preelectoral en el cual se plantea efectuar las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización del evento electoral 2023. En el Presupuesto 2022 se solicitan Q500 millones, que también se dirigirán al desarrollo de campañas de empadronamiento durante el ejercicio fiscal 2022, a lo que se añade su divulgación y sensibilización a la población.
“También se prevé un incremento del padrón electoral en un millón de ciudadanos aptos para votar, lo que incide en el incremento de mesas receptoras de votos en un número aproximado de 2 mil 500, que a su vez incrementa la adquisición de mobiliario, equipo tecnológico y de software, insumos, recurso humano y logística para la implementación de los centros de votación, como rubros más importantes”, explicó el presidente del TSE, Ranulfo Rojas.
Sobre las actividades de los partidos políticos y funcionarios que buscan la reelección, el TSE señala que se debe entender que “los partidos políticos gozan del derecho a realizar proselitismo en época no electoral”, entre estos la capacitación, difusión de ideología y propuesta política.
No obstante, el titular del TSE asegura que “se mantiene un monitoreo constante a través de sus diferentes dependencias, como la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, la Unidad de Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión e Inspección General”.
Asimismo, señala que a través de la auditoría social, cualquier persona que conozca de algún funcionario o persona individual que esté utilizando fondos públicos para promocionar su imagen con fines electorales puede interponer las denuncias correspondientes.
