Esta iniciativa busca ampliar el rango para la compra de baja cuantía que actualmente está de Q30 mil y ahora sería de Q50 mil, y la compra electrónica para un rango de Q50 mil a Q150 mil.
Los montos para cotización y licitación se mantienen iguales. Cotización para montos de Q90 mil a Q900 mil y licitación mayores a Q900 mil. Además, se reduciría el plazo para la adjudicación de una licitación o cotización de 45 a 20 días.
Ampliar montos de compra
Sin embargo, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), en una reunión con la Comisión Presidencial de Protección Ciudadana del Congreso presentó otra iniciativa, la cual busca ampliar más los montos para la adquisición de bienes y servicios.
Debido a que la Anam no tiene derecho a presentar iniciativas de ley, el proyecto lo tomaron como suyo los diputados del bloque Prosperidad Ciudadana, que tienen a su cargo la sala legislativa de Asuntos Municipales.
Este proyecto busca ser aprobado por el pleno, pero se desconoce si lo incluirán en la que esta agendada o lo harán como una nueva propuesta.
El presidente de la Anam, Miguel Ovalle, manifestó que desde hace algunos años atrás se tiene una necesidad que surge de todos los alcaldes del país para que se modifique la Ley de Contrataciones del Estado.
“La reforma tiene dos casos en particular, uno el aumento de los montos para una compra, y consecuentemente, la reducción de los tiempos que se tiene en la actualidad, nosotros tenemos una compra de baja cuantía que es de Q25 mil, para eso nosotros no necesitamos hacer ninguna oferta ni electrónica, ningún proceso más que la voluntad del alcalde para hacer esa compra, solo que tiene una limitante, que esa compra solamente se puede hacer a cada cuatro meses”, expone Ovalle.
El presidente de la Anam añade que de alguna manera los alcaldes tienen que hacer malabares y milagros para que funcione la ley.
La Anam pide que se modifiquen los montos de adquisiciones:
- Baja cuantía hasta Q100 mil
- Compra directa de Q100 mil 001 a Q200 mil
- Cotización de Q200 mil 001 a Q2 millones
- Licitación de baja cuantía de más de Q2 millones a Q10 millones
- Licitación mayor de Q10 millones.
“En la cotización tenemos que publicar el evento y esperar 20 días para recibir las ofertas y después, 20 días para adjudicar, cuando se debería de adjudicar al momento de recibir las ofertas, por eso se propone que se reduzca el tiempo a solo 20 días”, explicó Ovalle.
El coordinador de la Comisión de Protección Ciudadana, el diputado Armando Castillo, indicó que buscarían que la iniciativa de la Anam se incluyera como propuesta para ser conocida en la instancia de jefes de bloque, para agendarla en primera lectura en la sesión del jueves, lo cual se propuso al final de la sesión, pero se desconoce si se agendó solo para ser incluida en los puntos de iniciativas de ley, para que luego sea trasladada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio.
Incompetencia de los funcionarios
Irene Flores, consultora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) manifestó que la intención de ampliar los montos a los distintos procesos de contratación no es nueva, y que si bien el nuevo gobierno presiona para estos cambios, gobiernos anteriores también lo hicieron.
La medida busca que las entidades del Estado tengan más libertad para hacer proceso más simplificado como el de baja cuantía y no tener que implementar procesos más elaborados y burocráticos como una cotización o una licitación.
Además, considera que la reducción de los días para adjudicar los concursos generaría corrupción, debido a que solo las empresas ya predestinadas podrían participar en una licitación, puesto que lleva tiempo reunir documentación para participar y las empresas no lo harían si no saben qué ganarían.
La experta considera que existen tres razones por las cuales se pretenden aumentar los montos para la compra, y la primera es porque la Ley de Contrataciones del Estado es una normativa que está pensada más para controlar el actuar del funcionario que a diseñar procesos eficientes y efectivos de compra.
“También es la incompetencia e incapacidad de los funcionarios para hacer procesos de adquisición efectivos y lograr el objetivo, y a esto me refiero, a que se carece en el servicio civil del Gobierno de Guatemala de personal que llene competencias técnicas que necesitan los procesos de adquisiciones”, refiere la experta.
La tercera es por los intereses que están construidos dentro del sistema de compras.
“Es bien sabido que tanto de lado de entidades públicas del gobierno central como de entidades descentralizadas hay esquemas de amañamiento de procesos para beneficiar a ciertos proveedores y esto necesita de empresas y proveedores del Estado que están acostumbrados a vender de esa forma y quieren seguir participando y seguir gozando de esos beneficios”, señaló Flores.
En cuanto a la reducción de los días para adjudicar el concurso, la experta señala que se debe a que ya han de tener el proveedor y lo quieren adjudicar de forma rápida, “no quieren hacer procesos competitivos” y eso lo que demuestra es un muy bajo interés de las entidades públicas por hacer competitivas las adquisiciones.
Falta de planificación
Marvin Flores consultor de Acción Ciudadana, considera que se está aprovechando la emergencia para justificar que el problema en el gasto y la inversión es la Ley de Contrataciones del Estado, pero si bien es cierto la Ley no es la mejor, el problema está en la planificación, ya que lo que se propone en buena medida es dejar los plazos y montos como están en los procesos de adquisición por emergencia.
“No creo que con esos cambios a la Ley de Contrataciones se mejore la calidad del gasto, se mejore la calidad del gasto. la eficiencia y la rapidez, si no se mejoran otros procesos, y a lo que abriría es a un manejo discrecional de los procesos de adquisiciones, ya en el estado de Calamidad muchas municipalidades están utilizando la modalidad de baja cuantía y están haciendo compras directas hasta por Q300 mil”, manifestó.
El experto de Acción Ciudadana agregó que las administraciones municipales no tienen el mejor uso o manejo de los procesos y de los recursos, ya que esto podría generar más fraccionamiento en las compras, y no sería por ahí la solución, ya que están poniendo un parche a una problema mucho mayor que tiene que ver con la capacidad administrativa y de planificación.
“Cuando han sucedido desastres naturales el argumento es que no puede haber procesos ágiles y transparentes a la vez, es algo que no es cierto, ya que los procesos deben tener ambos componentes si la capacidad de las unidades de compra fueran la adecuadas”, puntualizó.
La exdiputada Nineth Montenegro, quien fue ponente de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado en el 2015, luego de los escándalos de corrupción en el gobierno del Partido Patriota considera que ampliar los montos podría generar una escalada de corrupción.
Sin embargo, ve positivo acortar los tiempos ya que eso agilizaría procesos.
“La compra directa era un foco de corrupción en Salud y Agricultura ya que esta se puede hacer a diario y que esta no necesita pasar por cotización o licitación, venía a ser una modalidad de excepción”, manifestó Montenegro.
La exdiputada considera que la corrupción se estimuló en las municipalidades, y que en el estado de Calamidad se ha podido comprobar de sobrevaloraciones de mascarillas, batas y de compras innecesarias, por lo que hacer estos cambios con el pretexto de la crisis.
Añadió que la corrupción se está dando pese a que hay una Comisión contra la Corrupción y que esta actuó hasta que hubo denuncias sistemáticas.
