Fue el diputado Álvaro Arzú quien propuso modificar el orden del día del miércoles pasado para incluir un punto resolutivo mediante el cual el Congreso de la República rechazara las elecciones en Nicaragua, en las que Daniel Ortega salió reelecto, en un proceso que ha sido criticado a escala internacional por considerar que no fue democrático.
Con solo 29 votos a favor, 76 en contra y 55 ausentes fue improbada la modificación del orden del día con la que se incluiría el punto resolutivo para rechazar las elecciones en Nicaragua.
Algunos parlamentarios aseguran que las elecciones en Nicaragua se desarrollaron en un escenario de irregularidades, puesto que los candidatos de oposición fueron arrestados días antes de los comicios.
Otros opinan que son asuntos internos de ese país y que son los nicaragüenses los que deben pronunciarse al respecto, por lo que optaron por votar en contra de la propuesta de Arzú.
Mientras eso pasa en Guatemala, 26 movimientos de víctimas de la crisis en Nicaragua y organizaciones de la sociedad civil demandaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE) que declaren ilegítimo a Ortega.
“Después de ríos de sangre y de lágrimas, de secuestros y encarcelamientos, de tan prolongado exilio, nuevamente el pueblo ha hecho su parte. Ahora les toca a ustedes (…). Ya no hay argumentos para que la OEA en su Asamblea General, y la comunidad internacional, retrasen la declaración de ilegitimidad de la farsa electoral y del régimen”, indicaron los movimientos, entre estos Nicaragüenses en el Exterior (NEEM) y la Asociación de Familiares de Presos Políticos.
El llamado lo hicieron en el contexto de la 51 Asamblea General de OEA, que tiene entre sus temas principales la situación de Nicaragua, país sobre el que pende la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana por “rompimiento del orden constitucional”.
La crisis de Nicaragua, que inició con la muerte de al menos 328 personas en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, se agudizó el pasado domingo, en unos comicios que Ortega ganó con siete aspirantes a la Presidencia por la oposición encarcelados, dos exiliados, tres partidos políticos opositores eliminados, y sin observación electoral.
Los movimientos, entre estos el indígena consejo de Ancianos Municipal Moskitia de Waspam y la Asociación Víctimas de Abril (OVA), solicitaron a la comunidad internacional que retire a Ortega “el apoyo político y económico del cual se alimenta”.
“Es urgente la conformación de una Comisión Multilateral de Alto Nivel que traduzca esa ilegitimidad en un plan urgente que asegure el respeto a los derechos humanos y la transición democrática en Nicaragua”, agregaron.
Los movimientos nicaragüenses se comprometieron a construir “un solo bloque de unidad nacional en torno a una propuesta que devuelva la esperanza y la libertad de todos los secuestrados (opositores presos) y a la nación”.
La petición también fue firmada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, compuesto por campesinos, la Coordinadora Civil, además de diversos grupos de exiliados, movimientos municipales y agrupaciones de excarcelados políticos.
Con información de EFE
