Ambos fueron condenados en EE. UU. por delitos relacionados con corrupción, pero ninguna entidad del TSE ha pedido informes sobre las sentencias condenatorias para entrar a conocer y resolver sus candidaturas.
Alfonso Portillo, expresidente electo por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fue condenado en el 2014 a cinco años y 10 meses de cárcel.
Fue encontrado culpable del delito de abuso de confianza pública por recibir en concepto de soborno US$2.5 millones del gobierno de Taiwán, todo a cambio de reconocer diplomáticamente al país asiático.
Manuel Baldizón, excandidato presidencial, admitió ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida cometer actos de lavado de dinero, lo que le valió una sentencia de 50 meses de prisión.
“Aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”, informó la fiscalía estadounidense en 2018.
En 2015 y 2019 el Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Portillo, ya que las autoridades de aquellos años consideraron que no cumplía con los requisitos de honradez e idoneidad que marca el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Baldizón salió de la cárcel militar Mariscal Zavala el pasado 11 de enero y menos de un mes después, el 5 de febrero, fue proclamado candidato a diputado en la casilla uno del listado nacional por el partido Cambio.
En Guatemala, Baldizón enfrenta dos procesos penales por aparentes actos de corrupción, el caso Odebrecht y Transurbano, expedientes en los que goza, actualmente, de arresto domiciliar.
Sin criterio claro
El TSE definió que no se iban a aceptar candidaturas cuando la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, popularmente conocido como finiquito, no tuviera vigencia; sin embargo, no hay claridad sobre aspirantes que han sido condenados en el extranjero o que mantienen procesos penales abiertos.
“Nosotros hemos hecho las consultas respectivas al órgano jurisdiccional o a la fiscalía, hemos emitido oficios, hemos solicitado en plazos de dos o tres días para que nos informen el estado de cualquier ciudadano”, explicó el registrador.
Específicamente, en los expedientes de Portillo y Baldizón, dijo que las solicitudes han sido a entidades nacionales. “De parte del Registro… nosotros nos circunscribimos a los entes que tenemos la capacidad para considerar que nos puedan hacer la respuesta. Como le repito, tenemos únicamente dos días para poder hacer y resolver las resoluciones de cualquier ciudadano”, subrayó.
La principal limitante, explicó Muñoz, para requerimientos de información internacional, es el tiempo, “si nosotros hacemos solicitudes a cualquier otro órgano, ya sea a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, este podría tardar alrededor de 15 días, 30 días o más”.
Portillo fue absuelto de un proceso que enfrentó con la justicia guatemalteca, pero Baldizón tiene dos causas en curso que no han llegado a etapa de juicio, pero en EE. UU. ambos fueron encontrados culpables de actos de corrupción.
“Cuando nos lleguen casos específicos, debemos de analizar cada caso, tendremos que analizar los delitos o que sanciones han tenido o penas accesorias”, respondió el registrador a la consulta de si las condenas en el extranjero serán consideradas para negar la inscripción de algún candidato.
Acumula denuncias
Las declaraciones de Muñoz se dieron tras la reunión semanal que sostiene el TSE con fiscales de partidos políticos, organizaciones que han manifestado tener dudas del criterio que utiliza el Registro para avalar o rechazar candidaturas.
Según Muñoz, desde la convocatoria a elecciones el pasado 20 de enero, tiene conocimiento de al menos tres denuncias en su contra por las resoluciones emitidas por el órgano electoral.
“Yo tengo conocimiento que son tres, pero de las que me han notificado de parte del Organismo Judicial es una, si no estoy mal es de un ciudadano por la inscripción de la ciudadana Zury Ríos”, indicó.
Pero candidatos que no fueron inscritos también lo denunciaron. “Tengo conocimiento que el ciudadano Roberto Arzú en su momento me interpuso alguna denuncia, Jordán Rodas de seguro también me interpuso una denuncia, pero de momento no he sido notificado”, argumentó.
Organizaciones sociales lo han tachado de arbitrario, a lo que respondió: “Nosotros hacemos el análisis correspondiente y cualquier ciudadano está en su derecho de, si a consideración de ellos no estamos haciendo un buen trabajo, presentar la denuncia respectiva”.
Partidos sancionados
El TSE recientemente notificó dos sanciones a partidos políticos por haber publicado en postes imágenes de sus agrupaciones políticas. Una de ellas es Visión con Valores (Viva) que recibió una sanción de US$75 mil. También Unión Republicana, a quien se le impuso un pago por US$50 mil.
“Todas las organizaciones políticas a las que la Inspección hizo la investigación y nos ha sido trasladada ha sido por la publicidad que han realizado en los postes”, refirió el registrador de Ciudadanos, quien agregó que por la tarde o noche de este jueves 2 de marzo, se notificaría de estas amonestaciones similares a otros dos partidos políticos.
