Aunque los primeros filtros para la aceptación o rechazo de candidaturas pesan sobre el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), otra instancia judicial clave es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Estas cortes reciben las acciones de amparo que pretenden concretar una inscripción o revertir la misma, y que tiene que llevar un procedimiento que jurídicamente podría rebasar la fecha de los próximos comicios.
“El amparo es un juicio, es un proceso, tiene etapas que toman tiempo. Sin entrar a detalle de cada etapa, cabe señalar que esos pasos, por muy buena voluntad que pueda tener la CSJ, es difícil que un amparo en menos de dos o tres meses se resuelva”, considera el abogado Édgar Ortiz, analista jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo.
No existe al momento una cifra oficial de cuántas candidaturas están impugnadas ante el Organismo Judicial (OJ), ya que el departamento de Comunicación Social de la CSJ dijo ignorar esta información en un consolidado. Sin embargo, reportes que manejan los propios partidos políticos dan cuenta de que existen procesos pendientes de resolver para un binomio presidencial y varias candidaturas de alcaldes y diputados.
La CSJ tuvo que ser renovada en octubre de 2019, sin embargo, hasta ahora el Congreso ha sido incapaz de alcanzar acuerdos para elegir a los sucesores, lo que ha obligado a extender el mandato de los actuales magistrados por tres años.
Temas electorales no serán prioridad
Abogados consultados que han monitoreado de cerca este y otros eventos electorales, coinciden que se están observando una mayor cantidad de impugnaciones.
“Vamos a llegar a las elecciones con candidaturas indefinidas en algunos casos, pero no es la primera vez. En el 2019 se caen cuatro candidatos presidenciales, pero la única que tuvo sentencia firme fue la de Zury Ríos, los otros tres no participaron por una resolución provisional”, explicó Ortiz.
Debido a que las acciones de amparo llevan un trámite, Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que es “complejo” que la CSJ resuelva todas las acciones antes de las votaciones.
“Probablemente todo se va a jugar en el amparo provisional que diga si suspende o no, por eso en el proceso anterior la CSJ al finalizar el evento eleccionario, tuvo que dar fin a los expedientes donde decía que se suspende la tramitación, porque ya no había materia para conocerlos”, señaló.
Buena parte de esta complejidad, a criterio de los expertos, se debe a que no se cuenta con un “manual” que explique cómo abordar o calificar eventos concretos.
Por ejemplo, Ortiz añade que a la fecha “hay impugnaciones por idoneidad, este ha sido un gran tema. Nadie sabe cómo el TSE califica la idoneidad, si existiera un manual que dijera que implica por ejemplo tener una denuncia o sentencia, la gente ya sabría al momento de inscribirse”.
Los dos abogados consultados estiman que sería prudente que la CSJ priorice las acciones relativas en el proceso de elecciones, para evitar llegar al día de las votaciones con candidaturas no definidas.
Al ser consultado el Departamento de Comunicación Social de la CSJ sobre el tema, su postura fue la siguiente: “En materia de amparos y antejuicios, la CSJ, conoce y resuelve en los plazos correspondientes y establecidos”.
¿Crisis electoral?
Para Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep), los antecedentes que está generando el evento electoral reciente ya puede ser visto como “una crisis en el sistema electoral”.
Agregando que “estamos hablando de la no inscripción a tiempo y no superación de los procesos pendientes en la arena judicial para los aspirantes a participar en el proceso de votaciones”, escenario que considera no es el mejor para un clima democrático y de confianza.
“Entre los baches legales, el pantano legal en el cual estamos y que no responde con agilidad, sin dictámenes prontos, más los criterios del TSE que son cambiantes”, Hidalgo estima que para evitar estos escenarios, que ya se han visto en otros procesos, aunque en menor escala, se requieren reformas legales de profundidad.
“Son factores que determinan un proceso electoral y con candidatos polémicos, otros injustamente dejados en la orilla del camino, y hoy en día hablar que vamos a tener resultados a un candidato que gana elecciones, pero que no propiamente representa los intereses del verdadero pueblo de Guatemala”, concluyó.
Los casos
De manera reciente la CSJ resolvió en definitiva tres acciones de amparo que confirmaron la participación de dos binomios presidenciales. Se trata de los candidatos por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y la coalición Valor-Unionista.
El tercer caso fue el amparo presentado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que por decisión de la CSJ, quedó excluido del evento electoral al rechazarle el amparo definitivo.
Aunque la CSJ ya agotó esos amparos, los inconformes han confirmado que recurrirán ante la CC mediante una apelación y sea esta instancia la que dicté la última palabra.
Pero la CSJ todavía tiene pendiente de resolver la acción de amparo de un binomio que busca participar, se trata del partido Podemos, que busca inscribir como candidato a Roberto Arzú, quien ya recusó al pleno por considerarlos no aptos. Él no fue inscrito como consecuencia de una reincidencia de campaña anticipada, según el TSE.
También la CSJ admitió a trámite, pendiente de decisión, una acción de amparo con la que el partido político Visión con Valores (Viva), busca incluir como candidato a diputado al expresidente, condenado por corrupción en los Estados Unidos, Alfonso Portillo.
Al hablar de diputaciones, de las contabilizadas por reportes de entidades fiscalizadoras, destacan la acción de amparo que presentó el diputado Aldo Dávila, quien no fue aceptado por el partido Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), por mantener antejuicios en trámite.
En el caso de alcaldías, hasta ahora existen dos acciones de amparo en contra de la participación electoral de Neto Bran y Otto Pérez Leal, ambos compiten por la alcaldía de Mixco.
El primero es señalado por mantener acciones de antejuicio pendientes, y contrario a Dávila, él si fue inscrito como candidato. A Pérez Leal se la tribuye no cumplir con los requisitos de ley para competir por el cargo.
