Carolina Jiménez, presidenta de Wola, dijo que toda la semana estuvieron reuniéndose con diferentes actores de diversos grupos y sectores para conocer de primera mano cómo se vive en el contexto preelectoral en el país.
Afirmó que se reunieron con cuerpo diplomático, diferentes agencias y organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, diferentes activistas abogados, abogados de Derechos Humanos, periodistas y personas que se dedican a la protección de la libertad de expresión.
Además, dijo que se reunieron con personas del sector privado y pidieron reuniones con autoridades del Estado de Guatemala, pero no pudieron realizarse.
EN ESTE MOMENTO
Jiménez comentó que sí lograron reunirse con el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tuvieron la oportunidad de visitar a la exfiscal Virginia Laparra, quien guarda prisión.
“Queremos hacer énfasis en la preocupación que tenemos frente a lo que consideramos es la profundización del cierre del espacio cívico en Guatemala. Se ha agudizado la persecución contra la prensa independiente, contra los operadores de justicia independiente, contra las defensoras y los defensores de Derechos Humanos, contra grupos de oenegés que luchan a favor de la justicia de las víctimas de graves violaciones”, dijo Juárez.
“Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan, a quienes promueven la libertad de expresión, a quienes promueven los Derechos Humanos, a quienes son voces disidentes, que es algo completamente normal, porque debería ser algo completamente normal en una democracia”, comentó Jiménez.
Resaltó que sin separación de poderes no hay democracia plena.
Casos Laparra y Zamora
En el caso de la exfiscal Virginia Laparra, dijo que es alarmante, pues es una persona perseguida por el ejercicio independiente de su función como fiscal.
En el caso de periodistas en Jose Rubén Zamora, señaló que es tal vez una de las principales ilustraciones de que la cooptación del sistema de justicia tiene consecuencias graves para la libertad de expresión.
“Con su detención se busca un enviar un mensaje al resto de las y los periodistas para intentar silenciar, porque la prensa no ha sido silenciada, algunos valientes siguen haciendo su trabajo pero la posterior criminalización de periodistas en el país a raíz de este caso, muestran que perseguir a la prensa es un objetivo bastante claro en una estrategia de silencio acción de cualquier crítica”, comentó Jiménez.
“Nos preocupa que no se permita en este país el derecho a ejercer la defensa…en una democracia y en un país donde haya libertad para ser defendido, cualquier abogado puede ejercer libremente, ese ejercicio”, dijo Jiménez.
Recordó que el pasado miércoles se reunieron con Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los abogados del periodista Jose Rubén Zamora, pero al día siguiente lo capturaron. “Exigimos que se respete su derecho a la defensa pero también todo las garantías de debido proceso que deben ser respetadas”, comentó.
Piden libertad
Jiménez pidió a quienes toman las decisiones sobre quién tiene libertad o no en Guatemala a que dejen en libertad a Virginia Laparra y José Rubén Zamora, pues puede ser una señal de algunos vestigios que en Guatemala hay democracia.
Tema electoral
Según Jiménez, otra preocupación que tienen es en lo relativo al proceso electoral. Puntualizó que las elecciones en un país son siempre una oportunidad de renovar un liderazgo, que las personas las y los ciudadanos puedan salir a ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto de hacer un cambio político en el país si así lo deciden sus ciudadanos.
La representante de Wola refirió que ven con gran preocupación cómo se ha usado en el transcurso del proceso preelectoral los criterios diferenciados para inscribir candidatos o candidatas y que a algunos se les ha vedado el derecho a participar libremente en una elección a tener la posibilidad de ser elegido o elegida
“Nosotros comunicamos estas preocupaciones al pleno de los magistrados del TSE, creemos que hay recomendaciones muy importantes que se le han hecho a Guatemala en elecciones pasadas sobre todo por parte de la OEA y vemos con muy buenos ojos por supuesto la llegado o la posible a la llegada dentro de las próximas semanas de misiones internacionales de observación electoral, pero para que la elección tenga todas las características de libre e independiente, una elección donde todos tengan la posibilidad de participar”, refirió.
Preocupación
Juan Pappier, de HRW, comentó en la conferencia de prensa que les preocupa la situación de Guatemala y que creen que la comunidad internacional y el sector privado de Guatemala tienen un rol crucial que cumplir para proteger y para preservar “lo poco de democracia que en el país”.
Señaló que muchos de los que se reunieron expresaron preocupación por el rol que una parte del sector privado desempeña para desmantelar las instituciones democráticas en Guatemala.
Aseveró que también se reunieron con empresarios que expresaron su preocupación por la situación en su país, que entienden que cuando se destruye la separación de poderes se pone en riesgo no solo el derecho de periodistas o sociedad civil sino que se ponen en riesgo todos los derechos de la constitución política de Guatemala y se ponen dejo también la seguridad jurídica y la posibilidad de desarrollo para Guatemala
Pappier comentó que estos empresarios tienen un rol crucial que cumplir y que incluso algunos de ellos han sufrido limitaciones en su ejercicio económico, lo cual no es sorpresivo en este contexto actual, pero esperan que puedan alzar su voz para proteger la democracia guatemalteca en el actual contexto electoral.
“Hay experiencias comparadas en la región que nos muestran que cuando el sector privado no alza la voz, cuando el sector privado negocia con proyectos autoritarios eso termina siendo para su propio deterioro”, sentenció.
Puso como ejemplo Nicaragua, en donde una importante parte del Consejo Empresarial de Nicaragua estuvo muy cerca de Daniel Ortega durante un largo tiempo, pero luego muchos empresarios terminaron detenidos como ocurrió con cientos de presos políticos en el país.
En Guatemala hay un proyecto autoritario
“La analogía no es perfecta, no creemos que hoy Guatemala sea Nicaragua y una prueba de ello es que aquí nosotros podemos hacer esta conferencia de prensa y no podríamos hacer ahora en Nicaragua, pero sí creemos que hoy en Guatemala hay un proyecto autoritario que va camino a destruir la democracia en el país y en este contexto el sector privado tiene un rol que se hace cumplir está en su interés para preservar los derechos de la Constitución Política y para que haya seguridad jurídica para que ellos puedan cumplir con su rol en la sociedad guatemalteca”, señaló Pappier.
El representante de HRW dijo que el cuerpo diplomático y la comunidad internacional no pueden dejarse intimidar “por esfuerzos e interpretaciones anacrónicas y poco serias del principio de soberanía nacional”.
Afirmó que Guatemala es un estado soberano, que tiene que tomar sus decisiones internas, pero como estado soberano se ha comprometido con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la comunidad internacional tiene una responsabilidad de promover el cumplimiento de esas obligaciones internacionales
“La comunidad internacional no puede dejar que Guatemala instrumentalice su política exterior para lograr cierto silencio o ciertos matices en la respuesta de la comunidad internacional; me refiero a las posiciones de Guatemala sobre Ucrania, sobre Taiwán y en relación con la migración que va hacia los Estados Unidos. Sería un grave error que Europa y Estados Unidos den mayor margen a la consagración de un proyecto autoritario en el país con la excusa de que Guatemala, en materia de política exterior, comparte los intereses de Europa y Estados Unidos. Guatemala, el gobierno actual de Guatemala, no comparte los intereses que han señalado el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea en materia de política exterior”, refirió Pappier.
Agregó que el interés del gobierno actual de Guatemala no es con Ucrania, ni Taiwán, ni es frenar la migración, sino que el intereses es “consagrar un proyecto político destinado a garantizar la impunidad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos en este país”.
