El regreso de la institucionalidad a las portuarias comenzó con la conformación de las juntas directivas, las cuales están integradas, con la única excepción de algunos nombramientos que ya se sabe quiénes son en Empornac.
Hay mucho trabajo por hacer y hay situaciones que seguimos nosotros aclarando para ya tomar un rumbo en la actualidad.
¿Las intervenciones dejaron anarquía dentro de los puertos?
Yo, más que anarquía, creo que lo que quedó fue un desorden, porque lamentablemente la figura del interventor es una figura de poder supremo. En consecuencia, el interventor no tiene que consultar a una jerarquía como una junta directiva; tomaba decisiones y se tenían que acatar. Ahora hay una junta directiva, donde hay representantes de muchas entidades y, en consecuencia, hay debate. Es difícil en algún momento que la gente entienda que hay un cambio y se tiene que hacer por el interés común del Estado de Guatemala.
¿Qué se encontró en todos los puertos?
Ya ustedes —los medios de comunicación— fueron muy buenos en ponernos al tanto. Vemos que han sido adjudicados en Puerto Quetzal contratos que no fueron apegados totalmente a una Ley de Contrataciones del Estado.
¿Por qué se hace un convenio con el Ministerio Público para habilitar una agencia fiscal en el Aeropuerto?
Yo lo reduciría a una palabra: necesidad. Nosotros, si queremos transparentar la administración, la operatividad, la seguridad aeroportuaria, que es seguridad nacional, necesitamos tener a alguien que pueda fiscalizar lo que se está haciendo y qué mejor que el ente fiscalizador de lo que es el Derecho, lo que es ilegal, como el Ministerio Público. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el tiempo en contra? Encontramos un ilícito y este está en áreas aeroportuarias que se dividen en área nacional e internacional, y como nosotros no somos quienes podemos determinar si se cometió un ilícito o no, qué mejor que tener a un fiscal del Ministerio Público para que le dé seguimiento con los otros órganos como la Policía Nacional Civil. La necesidad era apegarnos a Derecho.
¿Esta fiscalía va concatenada con la terminal de vuelos privados recién inaugurada?
Esto va concatenado con todo lo que tenga que ver con el Aeropuerto Internacional La Aurora, porque si nosotros tenemos una situación en Combex —importación y exportación aérea— por estar dentro del Aeropuerto, vamos a pedir que la Fiscalía lo conozca. En respuesta directa a su pregunta, va dirigido a todo lo que tenga que ver dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.
¿En el tema de los vuelos privados no había control de lo que entraba y salía? Se hablaba de que hasta droga ingresaba.
Eso de la droga a mí no me consta, pero ahí es donde entra la palabra clave: controles. Antes pasaba un plan de vuelo desde mi hangar ,vía radioayuda; en un vuelo Guatemala-Retalhuleu o Guatemala-Río Dulce corroboraban en Aeronáutica Civil que los datos del piloto y la aeronave estuvieran correctos y se autorizaba el plan de vuelo, pero a veces se cambiaba el plan de vuelo en el aire —lo cual es permisible— y las circunstancias eran otras, ya era otro destino. El hecho de que no se
Regresando a los puertos, ¿se están revisando los contratos?
Todos. Ese es el proceso en el que se encuentran las juntas directivas. Están en la obligación de conocer todos los contratos, analizar jurídicamente que estén apegados a la Ley y cualquiera de esos contratos que cause suspicacia los presentamos a la PGN —Procuraduría General de la Nación—.
Cuando la SAT nombra a la Empresa Portuaria Quetzal como depositario aduanero temporal, ¿hace que haya más controles?
La idea de que la SAT —Superintendencia de Administración Tributaria— incremente su presencia en los puertos obedece a exactamente lo mismo que con el Aeropuerto. Hay mucha demanda de parte de navieras que importan y exportan por parte de los puertos marítimos en control de chequeos fiscales, y al no haber personal suficiente, eso trae como consecuencia tardanza. Para un exportador y un importador el tener varada la mercadería significa costos, y el que los costos se eleven nos hace no competitivos como país. Entonces nosotros necesitamos viabilizar esos costos para ser competitivos con el resto de la región y otros países del mundo.
Contrato vigente
El viceministro de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller, indicó que mientras el contrato de TCQ no se declare nulo, el documento está vigente, ya sea con malos o buenos procedimientos, con vicios o sin ellos.
“En el momento en que frenáramos la operación, los que caemos en ilegalidad somos nosotros, el Estado de Guatemala, por medio del puerto. Si hablamos de una intervención, esta es financiera; no se interviene la operación como tal, se intervienen los ingresos para que se les pueda pagar a los acreedores y para tener un control de los ingresos de la terminal de contenedores”, dijo Keller.
Experiencia y academia
- Esta es parte de la hoja de vida del viceministro de Puertos y Aeropuertos.
- Abogado y Notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez
- Administrador de Empresas
- Capitán, piloto aviador, academia de aviación F-15
- Maestría en Derecho Aeronáutico y Marítimo en Argentina. Posgrado en Derecho Penal y Económico en Cuba
- Fue gerente general de Copa Airlines, S. A., y también laboró para United Airlines como supervisor de servicio al pasajero.
