En la actualidad, los esfuerzos parlamentarios están enfocados hacia la Ley de la Carrera Judicial, pues buscan regresarle el poder sobre ese órgano a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la iniciativa ya avanzó en su primera lectura.
Además, el grupo de diputados ponente de esta reforma, que también plantearon la creación de la comisión que investigará a la Cicig, trabaja en reformas o derogaciones a otras leyes, entre estas la de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, que hasta ahora fortalece la función de juzgados y tribunales de alto impacto, que son los encargados de procesos de corrupción gubernamental, narcotráfico y pandilleros de alta peligrosidad, por ejemplo.
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Ley se viene al suelo
El abogado Rodolfo Pérez Trabanino considera que lo que está provocando el Congreso de la República con las reformas a esta Ley es “traerse al suelo lo poco que hay de Carrera Judicial, al intentar eliminar cualquier posibilidad de acenso por méritos y, además, está convirtiendo la elección de magistrados en algo exclusivamente con criterios políticos”.
Pérez Trabanino afirma que el sistema de justicia nacional “nunca ha salido del infierno”, a pesar de que muchos opinan que la Cicig contribuyó a efectuar algunas reformas positivas. “La justicia siempre ha caminado entre el fuego y nunca se ha hecho algo positivo desde hace muchos años”.
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El doctor en Derecho, Conrado Reyes, afirma que las decisiones que está tomando el Congreso de la República en este tema son “decisiones poco analizadas y estudiadas, especialmente las que se refieren a la Ley de a Carrera Judicial, porque se están haciendo de manera apresurada, lo cual entorpece para que se fortalezca el sistema de justicia”.
El experto en Derecho asevera que es positivos revisar los textos de la Ley y encontrar sus falencias, pero que se debe efectuar con base a “estudios serios, y profundos” y no solo por impulsos del Congreso, porque en el futuro, a la hora de implementarse en los procesos de convocatoria, análisis y selección y nombramientos de funcionarios dentro de la Carrera Judicial, tendría fallas.
En la ruta está la CC
En la misma línea, el exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina opina que cualquier reforma o derogación de leyes que pretendan efectuar los diputados en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo debilita.
“Muchas de esas reformas las están haciendo a la carta y con algún destino particular. El Congreso se siente empoderado porque ya no está la Cicig, pero no deben de perder de vista que la última aduana es la Corte de Constitucionalidad y muchas de esas reformas van a ser impugnadas y no tengo la duda de que se vayan a declarar inconstitucionales”.
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En el 2016 emitieron leyes en maquila como la reforma a la Ley Electoral y Partidos Políticos y la de la Carrera Judicial y fueron muy mal articuladas y luego vinieron los problemas. “En el fondo quieren debilitar al Ministerio Público (MP), sobre todo a los seguimientos que hay en contra de personas que fueron denunciadas”, agrega Fernández Molina.
Madurando propuestas
También se habla en corrillos parlamentarios de posibles cambios que se discuten a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual creó herramientas que han sido utilizadas en los últimos años, como la figura de colaborador eficaz y los métodos especiales de investigación, que incluyen las escuchas telefónicas como método legal de averiguación.
En el Congreso de la República los diputados no quieren pronunciarse al respecto y niegan que la reforma a la Ley de la Carrera Judicial busque un beneficio directo para quienes se postulan para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
En cuanto a estas leyes que se podrían reformar, el doctor Conrado Reyes dice, que en el caso de la de escuchas telefónicas y testigos protegidos, no sería viable un cambio, porque son métodos de investigación que se usan en todo el mundo y son indispensables para mejorar la investigación, y el MP debe tener medios técnicos de comprobación científica para vincular a las personas con hechos delictivos y presentarlas ante juez.
En cuanto a una posible modificación a la ley de Extinción de Dominio, que también se ha dicho que podría cambiarse en función de que los bienes solo sean extinguidos cuando haya condenas en firme, Reyes reconoce que la actual ley ha sido poco efectiva para lo mucho que se podría haber obtenido al quitarle bienes a redes criminales.
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“Lo que debe hacerse es mejorarla, para que los procedimientos sean más rápidos y que el MP cumpla con hacer efectiva los principios de la Ley”, señala.
Se cumplían compromisos
El analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Walter Menchú, señala que, con la aprobación de esas leyes, que de alguna forma tuvieron el acompañamiento de la Cicig, se cumplían compromisos internacionales que Guatemala había firmado a mediados de los años 1990.
“La Ley contra la Delincuencia Organizada cumplía con el protocolo de Palermo que se firmó en los 90, en ella se define qué se entiende por delincuencia organizada, se establecen los métodos especiales de investigación, al igual que las otras leyes”, refiere.
Sobre los Juzgados de Mayor Riesgo, el experto manifestó que estos se crearon para descongestionar o agilizar el tema de algunos casos y fueron pensados para atender casos donde los jueces tenían riesgos muy altos, principalmente en la provincia, donde organizaciones amenazaban a los jueces y para evitar que esas amenazas se hicieran reales se instalaron los juzgados especiales en la capital.
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“Creo que hay algunas leyes en todo el paquete en las que Cicig haya participado en diseño o sacarlas adelante, creo que más allá que haya sido Cicig o no, la mayoría sí valen la pena mantenerlas porque si no sería un retroceso de 10 años, y ahorita lo que estamos hablando es de que se quiere hacer eficiente el sistema de justicia y en parte estas leyes que se hicieron fueron para introducir cambios que apoyaran la administración de la justicia”, dijo el experto.
Combate a la impunidad debe seguir
El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda expresa que no tiene conocimiento de que el Congreso esté aprobando o desaprobando decretos que vayan a favor de generar impunidad, pero, aclara, la posición de los industriales es de ir en contra de cualquier medida que quiera favorecer la impunidad.
“Todo lo que es combate a la impunidad debe de seguir, se debe fortalecer a las instituciones. De ninguna manera estaríamos de acuerdo con cualquier actividad que sea en beneficio e incrementar la impunidad, por lo que no estaríamos de acuerdo”, asevera Zepeda.
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