El viernes 23 del mes en curso, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, dio a conocer por medio de redes sociales de la institución su decisión de remover a Juan Francisco Sandoval.
En la publicación, Porras argumentó que la destitución se basó en una serie de “vejámenes” que sufrió por parte de Sandoval.
Durante el fin de semana, diversos sectores se han pronunciado respecto a la decisión de Porras y al destino que tendrán decenas de casos que el fiscal Sandoval tenía a su cargo contra exfuncionarios señalados de corrupción.
La Conferencia Episcopal de Guatemala emitió cinco “reflexiones” sobre la destitución, así como de las consecuencias que podría traer.
Resalta la labor de la Feci para investigar hechos “que anteriormente gozaban de total impunidad, generando esperanza en la ciudadanía y aliviando a las víctimas”.
También señala que la decisión significa un daño irreparable al país y un “evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad”.
Indica que “quienes se han alegrado ante la destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de impunidad se consolida”.
En cuanto a las repercusiones que podría traer la destitución en el Ministerio Público, la Conferencia Episcopal indica que causará una “pérdida de credibilidad” en la institución, que crecerá la indignación ciudadana y que aumentarán las protestas sociales y el nivel de conflictividad.
Además, hace un llamado a los operadores de justicia para que “se empeñen más en la búsqueda de justicia, construcción de la paz y ser valientes en reconocer sus errores”.
