El Legislativo conoció de miércoles a viernes la medida de excepción pero no logró el apoyo suficiente para su aprobación ordinaria, menos una de urgencia nacional que era, en teoría, la última oportunidad de aprobarlo, el pasado viernes.
Pero los razonamientos jurídicos de la Presidencia señalaron que el estado Calamidad seguía vigente ya que si bien el Congreso no lo ratificó, tampoco lo improbó. Criterio que fue respaldado por la propia CC el fin de semana.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) había presentado el 14 de agosto una inconstitucionalidad que buscaba dejar sin efecto las medidas del Decreto, pero la decisión judicial fue no declarar la suspensión provisional.
La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también accionó legalmente ante la CC, por medio de dos acciones de amparo, ya que consideraban que no se pueden seguir limitando las garantías constitucionales de la población porque el Decreto 6-2021 no fue ratificado.
Sin embargo, según la resolución de la CC del pasado sábado 21 de agosto, el parlamento debe sesionar hasta que cumpla con su “obligación constitucional” de aprobar, improbar o modificar dicho Decreto, advirtiendo que aquellos diputados que no sesionen pueden caer en responsabilidades civiles y penales.
La CC además advirtió a los congresistas que para cumplir con ese mandato jurídico están en la obligación de acudir a la plenaria y “mantenerse en dicha sesión de forma permanente”, según dicta el documento.
Tiempo después de esa resolución, el sábado 21 por la noche, la Presidencia hizo modificaciones al Decreto 6-2021. Estas fueron notificadas y enviadas al Congreso para que también sean puestas bajo análisis de los diputados. Se trata del Decreto 7-2021, en este nuevo documento se presentan mecanismos de transparencia para las compras por excepción y se reafirma la aplicación del toque de queda.
El domingo 22 de agosto por la mañana, ante lo resuelto por la CC, la Junta Directiva del Congreso envió a la corte un recurso de aclaración para saber la ruta legal más idónea para cumplir con el fallo constitucional. Los diputados dijeron que toda vez tengan una respuesta procederán a convocar a los diputados para la sesión del Pleno.
Horas después, la Junta Directiva del Congreso convocó a los diputados a una sesión ordinaria de urgencia para conocer el acuerdo gubernativo 6-2021 que incluye es estado de Calamidad; además, deberán conocer las reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 7-2021.
“En cumplimiento de lo establecido en el articulo 158 de la Constitución Política de la República y 68 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para que las convocatorias a sesiones plenarias se realicen por escrito, en forma idéntica y por el medio más expedito; asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente número 4466-2021 de inconstitucionalidad de ley de carácter general, y en virtud de la convocatoria realizada en el artículo 3 del Decreto Gubernativo Número 07-2021, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, se convoca con CARÁCTER DE URGENTE a los señores diputados a sesión ordinaria a realizarse el día lunes 23 de agosto de 2021 a partir de las catorce (14:00) horas”, dice el texto.
Resolución y panorama complicado
Bancadas de la oposición y otras que hasta hace poco acuerpaban a la alianza oficialista manifestaron no estar de acuerdo con la resolución constitucional, incluso consideran que los magistrados se equivocaron al interpretar de manera errónea la Carta Magna.
“Yo como diputada al Congreso creo que la resolución esta fuera de orden. La Constitución es muy clara; la ley también nos dice que son tres días, y cuando el Congreso no llega al quórum o a alguna votación inmediatamente, no procede. Ya hemos tenido en otras oportunidades interpretaciones que van en contra de la misma Constitución, desde mi perspectiva así está sucediendo ahora”, explicó Lucrecia de Palomo, diputada del bloque Valor.
Pero las recientes resoluciones y las nuevas modificaciones del Ejecutivo tan solo complican el panorama, al menos eso opinó en sus redes sociales Álvaro Arzú Escobar, jefe de la bancada del Partido Unionista.
“En esa surreal cadena nacional no lo dijeron, pero ahora tenemos dos estados de Calamidad vigente. El 6-2021 y el 7-2021. Si se trataba de generar todavía más incertidumbre en la población definitivamente lo lograron. Con la libertad y los derechos de los guatemaltecos no se juega. No comparto la resolución de la CC pero la vamos a acatar y cuando convoquen a sesión plenaria vamos a ratificar nuestro voto en contra de este estado de Calamidad que tiene la única intención de hacer compras por excepción en momentos de crisis”, señaló.
La postura de la oposición es la de respetar la resolución constitucional, acudir a la sesión plenaria para volver a tocar el tema pero sus votos serán en contra, ya que dudan de la legalidad y las intenciones que pueda tener el fondo del estado de Calamidad.
“Esta última resolución es muy preocupante porque pareciera que es una sentencia de lo que quedaba al estado de Derecho en Guatemala y a la confianza en las Cortes del país. Lo que vemos es una alineación con objetivos de impunidad en la Corte de los magistrados de Zury Ríos y de Giammattei para poder refrendar decisiones totalmente autorías y dictatoriales”, manifestó Samuel Pérez, diputado de Movimiento Semilla.
En un sentido similar también se han pronunciado las bancadas UNE y Victoria, quienes acudirán a la sesión en respeto a la resolución pero sus votos no serán a favor de una ratificación.
Violan Derechos Humanos
La discordia por el Decreto 6-2021 y sus nuevas reformas ya no son exclusivamente un pulso político y legal, a criterio de un constitucionalista y un representante de la sociedad existen violaciones a las garantías fundamentales de la población.
“A la Corte se olvidó de que el Estado de Guatemala está para proteger los Derechos Humanos, lo dice el preámbulo y los tres primeros artículos de la Constitución”, lamentó el constitucionalista Gabriel Orellana.
Quien añadió que esta resolución constitucional carece de argumentos y tan solo abre la puerta para que las medidas de excepción “se columpien” por tiempo indefinido en el Congreso.
Ya que en la resolución la CC ordena que se discuta el tema hasta ser aprobado o improbado, lo que daría pie a una sesión permanente que puede extender por días y hasta semanas.
“Crea un antecedente que puede ser utilizado para que de aquí en adelante los presidentes de la república, valiéndose del juego parlamentario, hagan esta maniobra; que limiten las garantías constitucionales. El Congreso juega políticamente con ellas y va renovando paulatinamente conforme a sus necesidades”, refirió Orellana.
Quien también coincide con que la resolución vulnera garantías fundamentales es Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), “hay violaciones de Derechos Humanos y la interpretación debiese ser para proteger a la persona, sorprende como se mantiene vigente un Estado de Calamidad con el plazo vencido”.
El abogado manifestó que no es posible leer el criterio legal que utilizarán los diputados, todo porque en el Congreso coincide una resolución que obliga volver a conocer un Decreto que no fue ratificado y se presentaron modificaciones presidenciales a esa misma medida de excepción.
“No hay una hoja de ruta clara porque estamos hablando de cuestiones fuera de la ley, no hay un procedimiento específico. Acá se obliga al Congreso a conocer y convocar, ellos conocerán el Decreto vencido y la reforma el mismo día, habrá que ver que negociaciones habrán en lo político para aprobar e improbar. En el fondo de una medida de excepción obviamente hay intereses económicos y riesgos de corrupción”, indicó.
Medidas no frenan contagios
La justificación del Gobierno para la aplicación de un estado de Calamidad es mejorar las estrategias contra el aumento de casos de covid-19, pero esas medidas no serán efectivas, según Óscar Chávez, investigador de Laboratorio de Datos.
Esta institución ha fiscalizado las medidas sanitarias y la ejecución de recursos desde que comenzó la pandemia. El Laboratorio de Datos considera que el estado de Calamidad que está por ser discutido nuevamente, no va a frenar la escalada de casos.
“El toque de queda va a ser totalmente inefectivo en cuanto a la transmisión del virus. Las restricciones que del Semáforo -covid-19- ya impone regulaciones de horario desde las nueve de la noche. Con esto no hay impactos en reuniones familiares, que vayan a centros comerciales, restaurantes y bares. Desde el punto de vista de casos seguimos igual”, considera el experto.
Por otro lado, la modalidad de compras por excepción, a decir de Chávez, no va a solucionar las debilidades que tienen los hospitales públicos por el incremento de pacientes positivos a covid-19.
“Yo veo complicado que esto venga a solucionar la situación, estamos en un punto muy crítico que si no se toman medidas más drásticas esto va a seguir empeorando. Ahora se aseguran de comprar equipo y medicinas, pero esto no les garantiza que van a encontrar personal, de un día para otro, que dé atención a 100 nuevas camas de intensivo”, puntualizó.
