Le puede interesar
Con 50 votos en contra, el Congreso sepultó el proyecto el 29 de octubre. De acuerdo con los diputados, sería una privatización de la ruta y tendría un impacto negativo para el comercio y la población.
Empresarios, por su parte, repudiaron la decisión del Legislativo porque será un retroceso al desarrollo.
Para el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, quien a su vez es director de la Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), la decisión del Congreso es preocupante y pone en aprietos el proyecto porque ahora habrá que buscar fondos públicos para la construcción, cuando el decreto permitiría que lo hiciera un privado -alrededor de US$80 millones-.
En ese contexto, un vocero de la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo este 6 de noviembre que ese proyecto “habría permitido a Guatemala construir infraestructura esencial mediante el método comprobado, transparente y económico de las APP”.
Además, alertó que cambiar el proyecto de APP por uno de contrato tradicional, específicamente con un proveedor único por emergencia “podría frenar el crecimiento económico de Guatemala y disminuir la transparencia del gobierno”.
El portavoz expresó que las APP “son un modelo comprobado que ha ayudado a países a lo largo de América Latina a mejorar su infraestructura y crecer económicamente” cuando se seleccionan mediante un proceso abierto y competitivo.
“Es por eso que Estados Unidos apoya en gran medida su uso aquí en Guatemala”, puntualizó la fuente.
El Legislativo liquidó el proyecto Escuintla-Quetzal a pesar de que días antes se hizo público que la Millennium Challenge Corporation (MCC) había comunicado a Acisclo Valladares, ministro de Economía, que Guatemala tenía hasta el 31 de octubre para aprobar el proyecto o de lo contrario quitaría su apoyo al Metrorriel, otro proyecto de APP.
La MCC es una agencia estadounidense de apoyo financiero y técnico para países pobres y en vías de desarrollo, y con la cual Guatemala ha suscrito programas para mejorar la administración tributaria y aduanera, más fondos privados para infraestructura y ayudar a que jóvenes adquieran capacidades para insertarse en el mercado laboral.
El proyecto
El de Escuintla-Puerto Quetzal sería el primero mediante la modalidad APP. Implicaba rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de 42 kilómetros de la autopista con cobro de peaje.
El proyecto se había adjudicado al consorcio Convía, que ha encontrado una posible falla del Congreso al momento de la votación contra la autopista.
René Muñoz, director de Convía, dijo el 5 de noviembre que la votación fue anómala y viciada -había menos diputados de los que marcaba el tablero, según el congresista Oliverio García Rodas, quien en su momento pidió sin éxito que se verificara el quórum- y accionarían legalmente.
El objetivo, según el ejecutivo, es que el proyecto regrese al tercer debate, pero diputados aseguran que eso es ilegal.
Contenido relacionado
> Así adversaban los alcaldes escuintlecos el proyecto de Escuintla-Puerto Quetzal
> Embudos agobian a automovilistas en carreteras del país
> Conflicto por derechos de vía retrasa ampliación de Ruta al Atlántico
