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“La corrupción y la impunidad contribuyen a la inmigración ilegal a los Estados Unidos a socavar el crecimiento económico y el desarrollo, debilitar el estado de Derecho y facilitar la delincuencia organizada transnacional”, precisa el documento.
Agrega que la corrupción hace que la población de los países del Triángulo del Norte “no confíe en sus instituciones, líderes y pierda la esperanza de un futuro próspero en sus países”.
Previo a presentar el listado de funcionarios, el informe hace referencia a la situación que vive actualmente cada uno de los tres países del Triángulo Norte.
En el caso de Guatemala precisa que con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde 2007 se ha tomado medidas para erradicar las redes clandestinas de actores corruptos.
Recalca el descubrimiento “de un plan de corrupción masiva en 2015 dirigido por el expresidente —Otto— Pérez Molina y la exvicepresidente —Roxana— Baldetti”.
Destaca que “desde que se anunció en 2018 que no se renovaría el mandato de la Comisión, el Gobierno guatemalteco ha impedido los esfuerzos contra la corrupción, ha atacado la independencia judicial y ha utilizado indebidamente el equipo donado por los Estados Unidos”.
Hace referencia además a las propuestas que han surgido en el Congreso, particularmente a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional la cual considera que “otorgarían amnistía a los criminales de guerra y funcionarios corruptos” con una modificarían al Código Penal con lo cual estas personas acusados de corrupción y crímenes atroces saldrían en libertad.
También hace referencia a las reformas a la Ley de Oenegés que según los EE.UU. “amenazan la libertad de expresión y asociación en Guatemala para la sociedad civil”.
La lista
- Erick Archila, exministro de Energía y Minas, fue acusado en 2016 de asociación ilícita y lavado de dinero. Actualmente es prófugo.
- Manuel Baldizón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y lavado de dinero. Fue arrestado en Miami en 2018.
- Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, fue condenado en 2016 a más de cinco años de prisión por asociación ilícita e tráfico de influencias.
- Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango, fue acusado de lavado de dinero después de aceptar US$3 millones en sobornos de contratistas municipales.
- José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catalina Pinula, fue procesado en 2018 por fraude después de recibir US$461 mil en compensación indebida de fondos municipales.
- Arístides Crespo, expresidente del Congreso, fue acusado en 2018 de malversación y abuso de autoridad.
- Edgar Romeo Cristiani Calderón, exdiputado, fue acusado en 2016 de corrupción en un esquema de contrato gubernamental que involucraba al expresidente del Congreso Luis Rabbé (caso Plazas fantasma).
- Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue condenado a más de seis años de prisión en 2018 por otorgar un contrato a una compañía no calificada a cambio de sobornos, resultando en al menos 13 muertes (caso IGSS-Pisa).
- Mario Estrada, excandidato a la Presidencia y excongresista, está acusado en los tribunales de Estados Unidos de obtener US$10 a US$12 millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar un plan corrupto para su campaña a cambio de permitir el paso de cocaína hacia Estados Unidos.
- Selvin Boanerges García Velásquez, excongresista, fue acusado en 2017 de abuso de autoridad y malversación por su participación en nombramientos irregulares, incluida la falsificación de la existencia de puestos en el gobierno para enriquecerse.
- Beatriz Ofelia de León de Barreda, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue acusada de tráfico de influencias en un caso de 2011 en el que su hijo -Roberto Barreda- fue acusado de asesinar a su esposa -Cristina Siekavizza-.
- Baudillo Hichos López, exdirector Adjunto de la Policía Aduanera y excongresista, fue acusado en 2015 de fraude por su participación en un contrato ilícito con el Instituto de Seguridad Social de Guatemala. Hichos es actualmente un prófugo.
- Jaime Martínez Loaiza, excongresista, fue acusado en 2017 de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito por su papel en una organización de origen que lavaba dinero en colaboración con las autoridades locales y nacionales.
- Carlos López Girón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
- Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por asociación ilícita, lavado de dinero, y el narcotráfico.
- Julio César López Villatoro, exmiembro del Congreso, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
- Carlos Giovanni Mejía Giron, coronel y exagregado Militar, fue acusado formalmente de cargos de malversación y soborno en 2018.
- Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue arrestado en 2015 en una red de aduanas junto con la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti). Pérez está a la espera de juicio en la ciudad de Guatemala (caso La Línea). Baldetti fue condenada en 2018 a más de 15 años de prisión por corrupción en un contrato gubernamental (caso Agua Mágica) y también ha sido acusado en un caso separado de fraude aduanero (La Línea).
- Pedro Muadi Menéndez, expresidente del Congreso, fue acusado en 2017 de malversación, asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que su asistente, Ximena Toriellom fue acusada de malversación y asociación ilícita.
- Luis Armando Rabbé, expresidente del Congreso, fue acusado en 2016 de abuso de poder, mal uso del dinero del estado y designación ilegal de personas para cargos en el gobierno en un escándalo que involucró a un grupo de siete diputados del Congreso de Guatemala.
- Gudy Rivera Estrada, expresidente del Congreso, fue condenado a más de 13 años de prisión en febrero de 2018 por tráfico de influencias y soborno.
- Ariel Salvador de León, coronel y director de Logística del Jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa, fue acusado formalmente en 2018 por lavado de dinero y colaboración con la pandilla MS-13 en operaciones de extorsión, con más de 81.8 millones en su cuenta en el momento del arresto.
- Augusto César Sandino Reyes Rosales, congresista, fue acusado de fraude y lavado de dinero en 2017. Su inmunidad de enjuiciamiento fue eliminada.
- Erick Gustavo Santiago de León, exmagistrado y presidente del Tribunal Civil de Apelaciones Regionales, fue condenado en 2018 a cinco años de prisión.
- Alejandro Sinlbaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, fue acusado en 2016 de asociación ilícita, soborno, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Sinibaldi es actualmente un prófugo.
- Blanca Aida Stalling Davila, magistrada de la Corte Suprema de Guatemala separada del cargo, fue designada bajo la Sección 7031 (c) el 25 de marzo de 2019 debido a su participación en una corrupción significativa.
- José Armando Ubico Aguilar, diputado, fue condenado en 2003 a 46 meses de prisión en los Estados Unidos por tráfico de heroína y se alega creíblemente que también ha participado en lavado de dinero de ganancias de tráfico ilícito. Después de su liberación anticipada en libertad condicional en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso.
Buscarán imponer sanciones
El reporte también señala que el Departamento de Estado, en cooperación con el Departamento del Tesoro, trabajan “vigorosamente para investigar e imponer sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva que se basa en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, incluso con respecto a los Oficiales en el Triángulo del Norte y en todo el mundo”.
Agrega que se “continúa utilizando activamente a todas las demás autoridades correspondientes para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue el refugio en los Estados Unidos”.
“Entre enero y abril de 2019, el Departamento revocó las visas de 85 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras sospechosas de actos de corrupción”, concluye el informe.
Congresista se congratula
El informe se dio a conocer gracias a una publicación de la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, quien a través de su oficio oficial informó que “el informe fue requerido por una disposición en la Ley de Apropiaciones de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2019”.
“Este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La Administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo del Norte, especialmente en Guatemala”, declaró la congresista.
Torres afirmó que continuará haciendo todo lo que esté a su alcance “para garantizar que aquellos que contribuyen a la violencia y la pobreza en el Triángulo del Norte sean responsables”.
“Si no tomamos acciones enérgicas ahora, los problemas de la región serán aún más graves. Ya estamos viendo las consecuencias en nuestra frontera, con un número récord de migrantes que buscan asilo y la muerte, bajo la custodia del CBP, de cuatro niños migrantes desde diciembre”, precisa la congresista.
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