Los primeros acercamientos se registraron ayer por la mañana, cuando el procurador Jordán Rodas se reunió con representantes de los estudiantes en la Usac —también participó el Instituto de Derechos Humanos de esa universidad (Idhusac)— y por la tarde con el Consejo Superior Universitario (CSU), en la sede del Colegio de Profesionales, zona 15.
El rector Murphy Paiz, en conferencia de prensa, aseguró: “Nunca se ha tenido una agenda de privatización de la Usac, solo han existido programas autofinanciables. Estamos dispuestos a corregir todo lo que tenga algún impacto negativo”.
Al final de la tarde, Rodas regresó al edificio de la Rectoría, donde reunió con el CSU, estudiantes y sindicalistas, con el objetivo de “crear una hoja de ruta ágil para volver a la normalidad y así abrir nuevamente las instalaciones del alma máter”, informó el Procurador.
Con esas conversaciones se espera reabrir la sede central y cinco centros universitarios, así como no afectar a unos 200 mil estudiantes, entre ellos algunos que abren sábados y domingos.
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Hasta ayer se mantenían cerrados los centros universitarios Metropolitano, de San Marcos, de Chimaltenango, de Huehuetenango, de Izabal y el Cunoc, en Quetzaltenango, así como el Paraninfo Universitario, Los Arcos y el Museo Universitario (Musac).
El cierre del Musac, el lunes 27 de julio, fue el que marcó el comienzo de esta nueva crisis universitaria, luego de que la comunidad estudiantil increpó al rector Paiz y al CSU haber autorizado al Congreso de la República el uso de ese edificio para la discusión del acuerdo de tercer país seguro entre EE. UU. y Guatemala.
Interés de los estudiantes
El profesor e investigador retirado de la Usac Adrián Zapata consideró que tanto el CSU como los líderes estudiantiles deben ser flexibles para llegar a acuerdos y abrir de nuevo las instalaciones universitarias.
“Ambos tienen que hacer un esfuerzo ágil de negociación para que se levante esa situación de hecho. Aquí hay responsabilidad de las dos partes: el movimiento estudiantil no debe perder de vista a los que dicen representar y las autoridades forzosamente tienen que agilizar las negociaciones para que los estudiantes no pierdan tiempo”, manifestó.
Zapata comentó que los estudiantes tienen que hacer un esfuerzo de madurez para definir cuáles son las prioridades, porque en la actualidad son demasiadas —18—. “Deben tener un sentido de realidad y definir sus reivindicaciones con el CSU y el rector”, expresó.
Añadió que una de las dificultades es que la Usac ha perdido liderazgo en las propuestas de solución a los problemas nacionales. “Creo que es necesario que se fortalezca, y para ello debe haber una convergencia entre las autoridades, los profesores y los estudiantes”, afirmó Zapata.
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En cuanto al aumento de los costos del programa académico preparatorio, de Q300 a Q1 mil, y el examen vocacional de Q50 a Q100, el profesor considera que la Usac debe seguir siendo “pública y gratuita. Hay que buscar otras salidas”.
El también profesor de la Usac Alfredo Calderón aseguró: El punto “que ha provocado estos problemas es el entreguismo de las autoridades de la Usac. No hace crítica al Gobierno Central ni al sector empresarial, lo cual se vio ahora cuando pretende entregarle mano de obra barata a través del ejercicio profesional supervisado”.
En cuanto a los cobros, Calderón cree que estos eran problemas no resueltos desde hace varios meses, pero que ahora salieron a luz. “Fue así como tomó fuerza el movimiento”, afirmó.
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Petitorio: Las 18 demandas al Rector
El Consejo Consultivo Estudiantil Universitario presentó al CSU 18 peticiones:
No represión y no persecución académica legal, física o de otra naturaleza similar contra los manifestantes.
No utilizar los espacios universitarios para usos políticos de otras instituciones ajenas a los intereses de la Usac.
Pronunciamiento del rector Murphy Paiz y del CSU contra el acuerdo firmado por los gobiernos de Guatemala y EE. UU. en torno a la crisis migratoria.
Asimismo, pronunciamiento contra el intento de violación al acceso público del Archivo Histórico de la Policía Nacional y del Archivo General de Centro América.
Rescisión del convenio entre la Usac y la Cámara de Industria, con el que se pretende condicionar el EPS para favorecer los intereses del sector privado.
Destitución inmediata del jefe de Seguridad Física de la Usac, Alejandro Morfín.
Establecer la gratuidad general del programa académico preparatorio (PAP) y del examen de orientación vocacional.
La conversión de los programas autofinanciables que tengan una relación directa con los intereses estudiantiles para una financiación directa y total de la administración de la Usac con el presupuesto ordinario, y la no centralización del control de la investigación universitaria.
Exigir el 5 por ciento del presupuesto, sin instrumentalizar a la Usac para la adquisición de préstamos.
Anular las nuevas cuotas de servicios deportivos y apoyar al deporte universitario.
Eliminar las cámaras con reconocimiento facial, en virtud de que la Universidad es un ente académico y no una cárcel.
Nos declaramos en total rechazo al préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha generado una deuda pública externa por más de US$120 millones —unos Q912 millones—.
Rescisión inmediata de los contratos de arrendamiento con el sector privado, esencialmente el contrato del Club Deportivo Los Arcos.
Participación de los representantes de centros regionales, escuelas no facultativas y demás organismos académicos no facultativos dentro del CSU.
Restitución de las votaciones del sector estudiantil para la elección de representantes catedráticos ante el CSU y demás órganos administrativos.
Freno inmediato del acoso a los vendedores formales e informales y la no concesión de espacios a cadenas de comida rápida dentro de la Universidad.
Establecer que las sesiones del CSU sean públicas y se permita la transmisión de las mismas.
Readecuación del proceso de reforma universitaria, respetando la participación tripartita de la Universidad.
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