Desde hace semanas se han sucedido protestas en Guatemala que exigen la dimisión de Porras, sancionada por Estados Unidos, por los supuestos intentos del Ministerio Público (MP) de intervenir los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León, quien debe suceder en enero a Alejandro Giammattei.
Durante una audiencia pública de la CIDH, en Washington, la exmagistrada Claudia Escobar Mejía denunció en nombre de una cuarentena de exiliados “el deterioro” del sistema de justicia de Guatemala” y la “persecución” de los funcionarios de justicia que han denunciado la corrupción del poder político.
Acusó a Porras de haber “cooptado” el MP, haber desmantelado la lucha anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y haber utilizado el sistema penal en contra de “operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos”.
Durante la audiencia se citaron los casos de la abogada Claudia López y del periodista Jose Rubén Zamora, ambos encarcelados en casos que organizaciones de derechos humanos consideran “fabricados” por la Fiscalía.
También denunciaron que el MP ha puesto “en riesgo el proceso electoral” con una “persecución sistemática” de las autoridades electorales y del partido Movimiento Semilla con el objetivo de “impedir a cualquier costo” que Arévalo de León tome posesión en enero próximo.
Por todo ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval solicitó a la CIDH que inste a Guatemala a “cesar de forma inmediata la persecución” de opositores y que la Comisión mantenga al país en el Capítulo IV.B de su informe anual, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
En representación del Estado guatemalteco, Alejandro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, abrió la puerta al “diálogo” pero negó que en Guatemala exista “criminalización y hostigamiento” de exfuncionarios de justicia, periodistas ni defensores de derechos humanos.
Contreras descartó que el Estado tenga responsabilidad en la salida de los exfiscales y exjueces del país porque, afirmó, Guatemala respeta los derechos humanos “de todos sus habitantes”.
Asimismo, reivindicó que las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo “de manera exitosa” y que la transición de poderes se está desarrollando “sin novedad”.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, fue crítica con esa intervención al señalar una “disociación” entre el relato expuesto por el Estado guatemalteco y el “debilitamiento de las instituciones” que la Comisión ha visto en Guatemala.
El presidente electo Arévalo de León, quien ha denunciado un “golpe de Estado” de la Fiscalía, se encuentra en Washington para “analizar la situación” en Guatemala con miembros del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos.
