Si algo caracteriza a Alejos y Bac es el cambio de banderas políticas en el Congreso a lo largo de los años que han estado allí y que, a pesar de que el Ministerio Público (MP) demandó el retiro de inmunidad, en ambos casos la Corte Suprema de Justicia, específicamente la presente magistratura, los ha exonerado.
A continuación detallamos la carrera de ambos políticos, que, mientras la justicia les ha sonreído, ahora están sancionados por Washington.
Felipe Alejos, un traficante de influencias
Sus inicios en la escena pública comenzaron en el gobierno de la UNE siendo cónsul en Miami. Después fue elegido en 2011 diputado por Listado Nacional siempre con la UNE. En 2015 y 2019 fue reelegido por Todos, el partido que fundó junto con el exdiputado Roberto Alejos, hermano de Gustavo Alejos, operador de cortes y procesado en varios casos de corrupción. Fue primer vicepresidente en la legislatura anterior, cuando Álvaro Arzú Escobar presidió la junta directiva.
Según un informe del Washington Office on Latin America (Wola), Felipe Alejos es un poderoso negociador del Congreso. “Felipe Alejos ayudó a liderar el Congreso durante un periodo sacudido por escándalos de corrupción. Además de ser un feroz opositor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), apoyó una agenda legislativa regresiva encaminada a beneficiar a aquellos bajo investigación por corrupción.”, analiza Wola.
Alejos es señalado por la justicia en Guatemala de ser parte de la red conocida como Traficantes de influencias que conformó un entramado desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que empresas pudieran tener la devolución del crédito fiscal mediante amparos de jueces.
El MP le atribuyó en enero de 2018 a Alejos ser uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal por más de Q19 millones.
Desde esa fecha la fiscalía pidió el retiro de la inmunidad, pero el congresista presentó numerosas recusaciones contra el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien recomendó en noviembre del mismo año a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no se le retirara la inmunidad parlamentaria para ser investigado.
Dicho y hecho, la Suprema el 21 de noviembre de 2018 conservó la inmunidad de Alejos. El MP accionó y durante cuatro ocasiones la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenó a la CSJ conocer de nuevo y emitir un nuevo fallo. La respuesta siguió siendo la misma y Alejos no ha perdido la inmunidad para ser investigado.
En su defensa, durante la fase del juez pesquisidor, Alejos planteó que sus derechos fueron vulnerados por el MP lo investigó a pesar de tener derecho a antejuicio.
Actualmente Estados Unidos acusa a Felipe Alejos de estar involucrado en actos de corrupción para enriquecerse y “perjudicar gravemente” la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses.
En junio de este año tuvo un encontronazo con Washington, el mismo que hoy le quitó la visa. Alejos publicó que tuvo acercamiento virtual con Pamela D. Pryor, subsecretaria interina de Asuntos de Organización Internacional de Estados Unidos en el marco de un foro acerca de la situación de Guatemala y Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Guatemala aclaró después de en efecto sí se celebró el foro virtual, pero no fue organizado por el Departamento de Estado sino por líderes religiosos del hemisferio sur y la funcionaria “no tuvo ninguna interacción con Alejos”.
Alejos integró la comisión que investigó la compra de un edificio en la zona 5 durante la gestión de Thelma Aldana como fiscal general, excandidata presidencial proclamada mas no inscrita y quien actualmente goza de asilo en Estados Unidos.
El spa de Bac
La sanción que hizo oficial hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos establece que Bac “estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia”.
Diputada desde 2008 hasta 2020, Delia Bac se caracterizó por ser tránsfuga, entre las bancadas de la UNE, Líder y Acción Ciudadana.
El caso de corrupción por el que fue señalada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) data de 2019, por el delito de concusión -funcionario o empleado público que, con propósito de lucro, interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad o dictamen-, pero, en octubre de 2019, la CSJ la exoneró sin entrar a conocer y le conservó la inmunidad.
La investigación señala que ella y su familia se beneficiaron en 2010 con un proyecto de pavimentación por Q1.9 millones en 2010 en Sumpango, Sacatepéquez, a cargo de la constructora Vimerco.
En detalle, el camino lleva a un spa de su propiedad. Durante las gestiones para la adjudicación de la obra fue inventada la aldea “El Paxtal”.
Según el Ministerio Público, Bac, valiéndose de su función de diputada, se interesó directamente en el proyecto y lo supervisó en el avance de la obra.
No obstante, el caso sí avanzó contra particulares involucrados. La Fiscalía contra la Corrupción lo llevó a cabo y, hasta enero de este años, se sabía que diez implicados aceptaron su culpabilidad para ser juzgados en un proceso abreviado para tener penas menos severas. Se trata del exgobernador de Sacatepéquez, Marvin Barrios, y miembros del Concejo de Sumpango, Sacatepéquez, del periodo 2008-2012.
Ella misma dio su voto en 2016, durante el proceso de una reforma electoral, que se convirtió en un obstáculo para su reelección, algo de lo que ella y otros congresistas no pudieron maniobrar para que fuera ser enmendado antes de las elecciones de 2019.
Así como Alejos, Bac también fue parte de la comisión legislativa que investigó la supuesta sobrevaloración de un edificio en zona 5 durante la gestión de Aldana como fiscal general.
