Indicó que el MP es respetuoso de la opinión pública, “sin embargo, muchas de las opiniones vertidas no se comparten”.
Aseguró que la institución actuará “independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado, ni autoridad alguna”.
Dijo que los fiscales deben ejercer sus funciones profesionales “Sin intimidación, trabas, hostigamiento e injerencias indebidas”.
Señaló que se puede incurrir en algún ilícito penal quienes “mediante actos de odio” quieran deponer a algún funcionario legítimamente nombrados o electos.
“El señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, no obstante, se ha dedicado a manifestar diversas circunstancias que ponen en entredicho y menoscaban la función constitucional que tiene el Ministerio Público”, señaló.
Resaltó que es imperativo recordar que “ningún derecho es absoluto y siempre se tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales de otros ciudadanos”.
“Deseo referirme a lo manifestado por el señor Sandoval Alfaro en medios de comunicación respecto a la poca importancia de no ejecutar los registros correspondientes de las investigaciones en el sistema informático del MP, pues dicha acción es contraria a la ley”, agregó.
Afirmó que es obligación del personal registrar los datos que el sistema requiera, como registrar toda la documentación del expediente respectivo; además, los fiscales deben reunir los elementos de convicción de los hechos punibles “en forma ordenada, que se permita el control del superior jerárquico, de la defensa, la víctima y las partes civiles”.
Según la fiscal, el incumplimiento a dichas disposiciones denota falta de transparencia, como la posible comisión de ilícitos, el incumplimiento del deber de informar o la posible contaminación de prueba.
Dijo que “no se caerá” en la violación de los derechos humanos de los involucrados a través de la publicidad de casos.
Supuesta alfombra con dinero
“En relación a la información que brindó -Sandoval- en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra, es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala, que derivado del exfiscal Sandoval, nunca informó nada en relación al tema. El actual jefe de la Feci procedió a solicitar por escrito a las agencias fiscales que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación, a lo cual cada agente fiscal respondió que no existe ninguna”, aseguró Porras.
Afirmó: “Aclarar también, que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento, ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar”.
Dijo que Sandoval indicó en un programa radial que recibió información, pero previo a ser informado a la fiscal general sobre la necesidad de abrir una investigación, tendría que hacer una verificación.
A decir de Porras, se observa “una práctica perversa e ilegal, en la que valiéndose del cargo que ostentó, se encuentras revelando presunta información que él mismo indica que sustrajo del Ministerio Público, con el único fin de convencer a diversos actores a quienes la ley no les faculta para generar acciones de investigación en el territorio guatemalteco”.
Indicó que no le está permitido a ningún exfuncionario sustraer documentos, información o evidencia de algún proceso, pues dicha acción es un delito.
Afirmó que derivado de dichas acciones, el MP ya realiza investigaciones “por la develación de información confidencial, las cuales se desarrollan con relación a que luego de la finalización de su relación laboral, diversos ciudadanos se presentaron al MP a plantear de manera escrita posibles ilegalidades e irregularidades, como manipulación de la investigación y expedientes, realización de diligencias en fechas diferentes a la fecha en que realmente sucedieron las mismas”.
Entre otras, también reuniones llevadas a cabo entre personas en fechas determinadas cuando uno de los involucrados ya había fallecido y “era imposible su participación en la supuesta reunión”; además, coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona “con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas”.
Según ella, también se obstaculizó el ejercicio de derecho de defensa al “negar el acceso a actuaciones y diligencias sin estar bajo reserva y vicios en procedimiento para aprobar acuerdos de colaboración eficaz.
Señaló que Sandoval usa una campaña de “revanchismo, desinformación y desprestigio para la institución en la cual él laboró”. Indicó que los actos de divulgación de información además de carecer de ética, pueden ser constitutivos de delito.
Añadió que Sandoval sabe que cualquier inconformidad de índole laboral debe ser resuelta ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Sandoval reacciona ante lo dicho por Porras
Luego de las declaraciones de Consuelo Porras, el exfiscal Juan Francisco Sandoval por medio de un comunicado indicó que: “La fiscal general Consuelo Porras está al frente de una estrategia para criminalizar y perseguir a todas las personas que han contribuido, por años, al fortalecimiento de la justicia y el combate a la corrupción e impunidad. Esto se confirma con las declaraciones de la fiscal de esta mañana, en que Porras anuncia que intentará responsabilizarme de una serie de delitos”.
Añade: “Como he denunciado anteriormente, Porras intervino el trabajo de la Fici cuando esta recibió indicios del posible involucramiento del presidente Alejandro Giammattei en estructuras de corrupción. Entre ellas, un testimonio que señalaba al mandatario de recibir fondos de empresarios con interés en controlar las operaciones portuarias en Santo Tomás de Castilla. Al contrario de lo que sugiere la fiscal, las diligencias de la Feci no vulneraron el derecho de antejuicio del presidente”
“Porras sugiere, sin fundamento ni respaldo, que las acciones de la Feci violaron derechos humanos, dando credibilidad a ataques infundados de detractores y cuentas anónimas en redes sociales. Además, utiliza los mismos medios de comunicación que cuestiona y que yo he utilizado únicamente para dar a conocer hechos verificables y de interés público. Si su compromiso con los derechos humanos es verídico, debería respetar mi derecho al debido proceso y la libertad de expresión, así como trabajar por garantizar el del acceso a la justicia para la población”, agregó.
