En junio último se hizo público que que Linares, Regalado, Quintanilla y Lainfiesta contrataron los servicios de la firma Barnes & Thornburg para efectuar un trabajo de cabildeo con senadores, congresistas y funcionarios estadounidenses con quienes buscaban quejarse del embajador Todd Robinson, así como de una supuesta persecución judicial a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Por este cabildeo se pagarían US$80 mil mensuales —unos Q600 mil—.
Los legisladores negaron que las intenciones fueran directamente en contra del embajador de EE. UU. en Guatemala, y aseguraron que se trataba de mejorar las condiciones de los migrantes guatemaltecos en el país norteamericano, así como las relaciones comerciales.
Me preocupa la persecución, más por los financistas, pese a que no es un tema de Estado, sino que privado y no hay como obtener acceso.
Aunque los cuatro congresistas aseguraron que la contratación la hicieron de manera personal, en el contrato se lee claramente que firmaron como diputados y se estableció la dirección del Congreso de la República para recibir notificaciones.
Indagatoria
La fiscal general, Thelma Aldana, reconoció que se hace una investigación que solo será para verificaciones que permitan establecer si se plantea o no un retiro del antejuicio.
La jefa del MP explicó que no se puede establecer si los congresistas cometieron algún delito debido a que gozan del derecho de antejuicio. La investigación de la Fiscalía comenzó luego de una denuncia ciudadana que ingresó a través de la Oficina de Atención Permanente.
Al respecto, Linares indicó que el MP le solicitó información, no detallaba el objeto de la investigación, así que les solicitó ampliarla.
Mientras que Regalado aseguró: “Que investiguen lo que quieran investigar, nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo en dar la información necesaria y que creamos conveniente”.
Lainfiesta por aparte dijo desconocer la pesquisa, así que no emitió cometario.
En tanto, Quintanilla señaló que “están en su derecho, me preocupa la persecución, más por los financistas, pese a que no es un tema de Estado, sino que privado y no hay como obtener acceso… es un documento fuera del país”.
Según el diputado Linares, el cabildeo no se ha detenido y se negó, de nuevo, a revelar los nombres de los financistas.
