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Sin embargo, al comenzar la sesión el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, anunció a sus colegas que los cinco magistrados titulares del TSE habían enviado una carta indicando que los funcionarios no acudirían a la citación.
Los funcionarios citados eran:
- Leopoldo Armando Guerra Juárez, director del Registro de Ciudadanos.
- Leonel Escobar Muñoz, director del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
- Cristian Alberto Ucies Samayoa, Coordinador de Delegaciones y Subdelegaciones.
- Augusto Rolando Muñoz López, delegado departamental de Quiché
- Álvaro Conrado Nájera Cruz, delegado departamental de Santa Rosa
- Henry Feraldo Morales Aguilar, delegado departamental de Jutiapa
- América Fernando De León Rodas, delegado departamental de Alta Verapaz
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En la misiva los magistrados citaron el artículo 223 de la Constitución y el 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para indicar que “el TSE es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado”.
En la carta los magistrados señalaron que el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y termina al declararse su conclusión, mismo que “deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales”.
Precisaron que al estar por finalizar la primera fase del proceso electoral —la cual se refiere a la postulación e inscripción de candidaturas— y “existiendo una sobrecarga laboral por las postulaciones e inscripciones de candidatos a cargos de elección popular, y con el fin de no interrumpir las actividades que deben de realizar las personas citadas”no acudirían a la citación.
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Afirmaron que los funcionarios no comparecerán a citación o invitación porque “deben de adecuarse a los plazos perentorios y fatales establecidos en el Acuerdo de Convocatoria” y “con el fin de que no se externe opinión alguna con relación a las inscripciones de candidatos”.
Guerra Juárez además envió una carta de manera personal donde indicaba que aún sufre quebrantos de salud y que para no atrasar su trabajo se encuentra laborando desde su vivienda.
Criterios divididos
Juan Manuel Giordano, segundo secretario de la Junta Directiva del Congreso y quien el Registro rechazó su inscripción, manifestó su malestar por que los funcionarios se hayan excusado y particularmente con Guerra.
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Afirmó que le preocupa que Guerra Juárez esté trabajando en su vivienda puesto que considera que no es bueno que saque papelería del TSE a una casa particular puesto que de esa forma no hay garantía de que los documentos no se extravíen.
Giordano indicó que “incluso habría que evaluar si no es necesario colocar una denuncia penal por sacar documentos del Tribunal”, pidió que se vuelva a citar a Guerra Juárez.
Luis Hernández Azmitia, diputado del bloque Movimiento Reformador y uno de los promotores a la reforma del artículo 205 TER, argumentó que las personas citados “son funcionarios y manejan fondos del Estado” por lo que tienen el derecho de fiscalizar”.
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Criticó el hecho de que los magistrados enviaran una carta excusando a los funcionarios cuando nunca se les citó a ellos y mostró especial malestar por la ausencia del registrador de Ciudadanos y aseguró que bien pudiera acudir aún teniendo dolor de espalda.
También se unió a la petición de que se volviera a citar a los funcionarios del TSE y argumentó “que no tiene conflicto de interés” y que solo quieren verificar cómo va el proceso.
Amílcar Pop, diputado de Winaq, no concordó con sus colegas e incluso señaló que la insistencia de citar a los funcionarios del TSE “pareciera que se están inmiscuyendo en el proceso electoral” algo que no es función del Congreso.
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“El poder de fiscalizar del Congreso está claramente definido en nuestro mandato y no podemos inmiscuirnos en el proceso electoral. Tenemos el derecho como cualquiera de activar los mecanismos que creamos necesarios si no nos parece el actuar de algún funcionario del TSE”, afirmó Pop.
El legislador pidió cordura a sus colegas y que se dimensionen las acciones que se están dando en este momento y que no le parece prudente que se vuelva a citar a los funcionarios del Tribunal.
Afecta la credibilidad
Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), consideró que es preocupante la actitud de los diputados al citar a los funcionarios del TSE y la Contraloría.
“Primero porque estamos viendo como a nivel de organizaciones políticas se orientan más a la judicialización a través de herramientas legales como interpelaciones, citaciones y el mismo finiquito y que pareciera ser se utiliza como herramienta de presión”, explicó Barreno.
Agregó que se está involucrando a instituciones que dentro del marco del proceso electoral tienen la responsabilidad de ser filtros, entre ellos el TSE y la Contraloría.
“Con estas citaciones ocurren dos cosas primero frenan sus responsabilidades y luego los desgasta —a las instituciones— y espero que no sea, pero parece que el objetivo es deslegitimar la capacidad del TSE”, acotó el experto.
Agregó que hay un ambiente de incertidumbre por estas prácticas legales pero que cuyo propósito responde a debilitar el mismo sistema y la credibilidad de las instituciones involucradas.
El analista político José Carlos Ortega, indicó que no tiene nada de malo que los candidatos que tienen señalamientos los esclarezcan.
Agregó que el Registro de Ciudadanos debería ser más consecuente en la forma que están resolviendo, tomando en cuenta el historial que ya existe dentro del TSE en todas las elecciones.
“Lo importante es dar certeza al proceso electoral, porque tanto el TSE como Registro de Ciudadanos tienen el riesgo de eliminar la credibilidad que siempre se ha tenido en las elecciones libres y democráticas”, aseguró Ortega.
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