Desde 2015 que Guatemala no era incluida en el capítulo IV.B del informe de derechos humanos de la CIDH, y en este se incluyen informes especiales sobre países que requieren una “atención especial” por parte del organismo, según los criterios establecidos en el Artículo 59.6 de su Reglamento.
En ese año, Guatemala ya había sido incluida en el informe debido a “situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación”
Ese capítulo es conocido como la “lista negra” puesto que incluye a países como Cuba y Venezuela y, desde el 2018, a Nicaragua. También han figurado otras naciones como Colombia y Honduras.
EN ESTE MOMENTO
Qué dijo Giammattei en la OEA
En la sesión estaban los representantes de la OEA, el secretario general, Luis Almagro y Elizabeth Darius-Clark, representante permanente de Santa Lucía que tiene la presidencia rotatoria del Consejo Permanente de la OEA.
Antes de la participación de Giammattei, Almagro pidió un minuto de silencio por los migrantes que murieron en San Antonio, Texas, EE. UU., entre los que habían varios guatemaltecos.
El mandatario le dijo a la presidenta Elizabeth Darius-Clark que se ha tomado nota el informe anual 2021 de la CIDH, el cual fue hecho público antes de su presentación oficial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, con lo cual se había alterado la costumbre y tradición en cuanto a la temporalidad y a la formalidad la presentación de dicho informe.
Señaló que oportunamente el Estado de Guatemala expresó su inconformidad “de manera enérgica” y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el en el capítulo IV B, cuando la situación actual del país en materia de derechos humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos en la citada acción.
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El mandatario afirmó que eso “no se ajusta al criterio de inclusión que requiere la existencia de un acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraria al estado de derecho, tal y como lo indica, y tampoco existe una infracción sistemática de la independencia del poder judicial y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil constituida conforme a la ley, en virtud de que la actual de los distintos órganos de la administración de justicia del país es independiente y en observancia de toda garantía constitucional y convencional”, dijo el mandatario en su mensaje.
Criticó que el informe no visibiliza las acciones, logros y metas alcanzados por el Estado de Guatemala y las acciones y gestiones estatales “que se traducen en el esfuerzo y trabajo diligente de los empleados y funcionarios públicos, los cuales abogan por el respeto irrestricto del orden jurídico interno y el marco convencional vigente en el país”.
Giammattei también comentó que ser demerita la inversión y el gasto del erario público en los programas de acciones concretas para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes o en su caso, la reparación digna a las personas vulneradas y sus derechos fundamentales.
Puntualizó que el capítulo IV B, se encuentra plagado de errores de metodología que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico y que eso afecta a Guatemala, porque el informe hace referencia y cuestiona resoluciones judiciales. Mencionó que la CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país y tampoco es la CIDH revisora o juzgadora de las resoluciones internas las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación
“Cuestionar esas resoluciones sin que hay sin que haya sido agotado en el ámbito interno todos los recursos y que sin que exista un informe de fondo de la CIDH bajo el sistema de peticiones casos es una clara arbitrariedad y un error metodológico grosero”, dijo Giammattei.
También explicó que el informe cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que “abusaron de su poder en el fuero interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos, en algunos casos, hubo personas que murieron después de 3 años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocido en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda recientemente. Ese su defecto procesal que nos dejó la triste historia de la Cicig en en Guatemala”, detalló.
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“Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad y quebranta también el principio de subsidiariedad o complementariedad de la CIDH. Este nuevo gravísimo error metodológico evidencia un claro activismo ideológico carente de objetividad”, afirmó Giammattei.
Giammattei también señala que el informe cuestiona que Guatemala haya firmado el Consenso de Ginebra que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida desde su concepción.
“¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo cuatro de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Existe otro error metodológico que bien sea una agenda en favor del aborto que se exceden sus competencias, porque la CIDH no debería ser activista en estos temas, sino respetar la soberanía y la libertad de cada estado para decidir sobre estos temas”, señaló el presidente guatemalteco.
Acusa a la CIDH de extorsión
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, acusó a la CIDH de “extorsión” y la criticó duramente por haber incluido a este país entre los que vulneran los derechos humanos, una decisión con un claro “sesgo ideológico”, consideró.
En su intervención Giammattei señaló como una “extorsión” y una “amenaza” la nota que el Consejo envió al Gobierno de Guatemala exigiendo que recibiera a una delegación de este organismo para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos o por el contrario el país sería incluido en el citado apartado.
“Señora presidenta, cuando un país recibe una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que le expresa a uno que lo van a poner en el capítulo IV B si uno no los invita a una visita in loco, eso es una extorsión; esa no es la forma en la que está reglamentada, cuando le condicionan a uno el decirles ‘si no me invita lo voy a castigar, ahí está la nota’ eso significa una amenaza y una extorsión y nosotros no permitimos ni la amenaza ni la extorsión y estamos en un capítulo que no nos corresponde”, puntualizó Giammattei.
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Recalcó su disconformidad por incluir a Guatemala en ese apartado “cuando la situación actual del país en materia derechos humanos no corresponde y es contraria a los supuestos previstos”.
Señaló así que “no se ajusta” a los criterios que hablan de “un ejercicio abusivo del poder que socave el Estado de derecho” y consideró que “tampoco hay una infracción sistemática de la independencia del poder judicial y mucho menos actos de insubordinación a las instituciones del Estado”.
“El apartado se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencia la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala” dijo Giammattei sobre la decisión del CIDH.
Además consideró que este organismo debe “actuar de forma subsidiaria y no como cuarta instancia de las instituciones judiciales de un país”.
La comisión, continuó, “tampoco es revisora o juzgadora de las resoluciones internas” del país.
Por todo ello pidió a la CIDH que “reconozca y respete las autonomías de los Estados”, tome sus decisiones con “objetividad, sin sesgos que polaricen a las sociedades” y no se utilice como “método perverso para entronizar ideologías”.
