“Después de 18 meses de silencio, el comisionado presenta una situación que es extemporánea. Hasta ahorita viene a pronunciarse”, respondió Cabrera a preguntas de periodistas después de la reunión del Gabinete Económico este miércoles.
El funcionario dijo que cualquier propuesta debe hacerse a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que “ellos nunca han tenido comunicación -con el Gobierno de Guatemala- “.
El martes, en una entrevista con el diario colombiano El País, Velásquez aseguró que “no tendría ningún problema en renunciar” a cambio de que el gobierno guatemalteco garantice que la Cicig continuará sus labores hasta finalizar su mandato, el 3 de septiembre de este año.
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El comisionado, sin embargo, también aseguró que la situación actual no se debe a su presencia en la comisión sino a que buscan “garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial”.
En Ley
“Estamos cumpliendo con la Ley”, dijo vicepresidente para responder si el Ejecutivo acatará el amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió la anulación unilateral del convenio de Cicig que el Gobierno hizo el 7 de enero último.
Cabrera agregó que existe un proceso jurídico que se está ventilando en el Congreso, aunque no aclaró de qué proceso se trata. “Estamos cumpliendo con la Ley”, reiteró.
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El Congreso recibió el martes el expediente de antejuicio en contra de tres magistrados de la CC, que fue tramitado por la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión Pesquisidora podría ser integrada este miércoles durante la sesión plenaria.
El antejuicio fue promovido por la Asociación Dignatarios de la Nación en contra de los magistrados de la CC Bonerge Mejía, Gloria Porras y José de Mata Vela, quienes son señalados de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, por extralimitarse en temas de política exterior.
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