La declaración del mandatario fue un preámbulo a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien aseguró que “la Cicig se convirtió en un aparato paralelo”.
“El propósito de la Cicig en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad… por el contrario, lamentablemente la ejecución del acuerdo, sin la observancia de las debidas garantías constitucionales ha causado efectos nocivos los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo la Cicig se convirtió en una estructura paralela, a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”, aseguró la ministra.
Modus operandi
La canciller djo que la comisión y el comisionado han cometido hechos fuera de la Ley y dio como “el ejemplo más preocupante” el allanamiento ocurrido en la Casa Presidencial, en el 2016, el cual fue hecho “de forma violenta”, señaló.
Además, la funcionaria mencionó la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno, y el caso contra los hermanos Valdés Paiz, como muestra de las acciones ilegales cometidas por la comisión de las Naciones Unidas.
Jovel también dijo que “el señor Iván Veláquez ha presionado al Congreso para cambiar leyes”, lo que considera ilegal.
“La intromisión en los asuntos internos en el país, la intromisión en la justicia, que atenta contra la presunción de la inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la Cicig en Guatemala”, aseguró la canciller.
Según Jovel, un acto claro de “intromisión en los asuntos internos que no le competen al mandato de la Cicig -es que- el señor Iván Velásquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución y enmiendas a leyes ordinarias del país”.
La funcionaria se refiere a las reformas al sector justicia que se cabildearon el año pasado en el Congreso y para las cuales se hicieron mesas de trabajo en los departamentos.
Jovel también dijo que la Cicig manipuló la justicia en casos paradigmáticos como los hermanos Valdés Paiz, “por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde estos estuvieron en prisión preventiva por ocho años y al final fueron absueltos”.
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Además, indicó la funcionaria, “el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar y aterrorizar a la ciudadanía es también un exceso de dicha comisión, violentando el principio de presunción de inocencia”.
Otro ejemplo citado por la canciller fue el caso de Andrés Zimeri, quien supuestamente fue agredido por personal de Cicig después de un partido de futbol, pero según el organismo se trató de un accidente propio del futbol. Según Jovel, hubo “encubrimiento y manipulación de evidencias del señor Velásquez”.
El caso Pavo Real, donde se señaló a varios funcionarios por ejecuciones extrajudiciales, también es otro caso manipulado por Cicig, aseguró Jovel, quien indicó que “donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente tanto en juzgados nacionales como extranjeros”.
Al ser cuestionada sobre si se presentarán denuncias sobre esto, Jovel dijo que se habían presentado ante la ONU, pero que no fueron atendidas; sin embargo, no informó si se presentará una denuncia ante el Ministerio Público.
“Se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos”, señaló Jovel, quien aseguró que la Cicig “abusó y se extralimitó en su mandato” y esto ha causado polarización en la población y afecta las garantías constitucionales.
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La canciller también solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres que, de manera imparcial e inmediata, atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la organización y pidió a la comunidad internacional que no intervenga en las decisiones internas.
“Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros y es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas, que pretenda constituirse en una instancia supranacional, que dicte a los gobierno como ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos”, dijo Jovel.
Comprometidos
Previo a la declaración de la ministra, el presidente Jimmy Morales leyó un pronunciamiento en el que justificó la decisión respecto a la Cicig y el comisionado Iván Velásquez y argumentó que todo está basado en la Constitución y apegada a Derecho, por lo que no se violenta la institucionalidad.
“Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, reitero que mi gobierno está comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva”, dijo el mandatario.
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Morales insistió en que durante su gobierno se han apoyado a las instituciones del sector justicia y que ya es momento de que tomen en sus manos el tema de la seguridad y la justicia.
El presidente afirmó que, respecto al actuar de Veláquez, que desde hace un año se informó a la ONU sobre sus acciones que ponen en riesgo al país.
“Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones”, señaló el mandatario.
Extralimitación en la CC
Jorge Luis Donado, procurador General de la Nación, dijo que hay “extralimitación evidente” en algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) al momento de resolver. Agregó que, a pesar de eso, se ha cumplido con los fallos.
También aseveró que las actuaciones del Ejecutivo son apegadas a la Constitución, y se promoverán acciones dentro del debido proceso.
Uso de vehículos
Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, dijo que los vehículos artillados donados por el gobierno de Estados Unidos que circularon frente a la sede de Cicig el viernes último obedece a patrullajes normales, como ocurre en otros sectores de la capital.
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