Durante 2021, el gobierno destinó casi Q1 mil 550 millones para contratar asesores en las distintas dependencias públicas, de lo cual se ejecutaron Q1 mil 474 millones. Este último monto supera por Q71 millones 852 mil al reportado en 2020.
La naturaleza del renglón 029 es para contrataciones de personal de forma temporal, sin una relación de dependencia laboral, para prestar servicios técnicos y profesionales por períodos que no excedan un año. Por ejemplo, se suelen requerir abogados que elaboren reglamentos o de médicos especialistas que realicen estudios determinados.
Sin embargo, en la práctica, esto se ha desvirtuado de dos maneras. La primera tiene que ver con la corrupción. Los contratos 029 son utilizados para pagar favores políticos y satisfacer con una remuneración a personas allegadas a figuras de poder, aunque no presten ningún servicio, explica Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“Es una vergüenza. Es como un cheque en blanco que otorgan para hacer contrataciones discrecionales, arbitrarias, innecesarias y muchas veces como plazas fantasmas. Con eso se desvirtúa la contratación. Hay muchas plazas para complacencia y se ven asesores que no asesoran no nada y solo cobran el cheque. Es muy difícil controlar el abuso porque el papel todo lo aguanta y se justifica con informes. La única forma es limitando los montos disponibles”, explica Linares.
La segunda forma tiene que ver con una estrategia de las dependencias públicas para eludir la obligación de pagar prestaciones laborales. Por ello, suelen contratar a personal como asesor, aunque en la práctica termina desempeñando funciones que son propias de una jornada laboral, explica el abogado Adrián Zapata.
“Hay mucha gente contratada en renglón 029 que son los que hacen el verdadero trabajo en las instituciones. No siempre, pero sí hay muchos profesionales que trabajan en esta modalidad, sin prestaciones y con el riesgo de que de un día para otro se queden sin honorarios”, Dijo Zapata.
Se suele confundir que los 029 ganan una remuneración mayor al personal permanente, pero no se debe olvidar que, aunque su pago sea mayor, no gozan de seguro social, ni de prestaciones y, si en caso se les prescinde el contrato, no gozan de una indemnización. Todo esto genera inestabilidad, comenta Zapata.
Derivado de lo anterior, algunos asesores, al momento en que se les rescinde su contrato, deciden ir a los tribunales y exigir indemnizaciones. El juez, al evaluar que llevan cinco años con responsabilidades propias como si fueran personal permanente, les da la razón y ordena al Estado a pagarles los salarios dejados de percibir y a recontratarlos.
Solo entre 2015 y 2021, el Estado se vio obligado por juzgados laborales a pagar Q1 mil 376 millones para la reinstalación de trabajadores. Se estima que ocho de cada diez pagos por cumplimiento de fallos en el renglón de gasto 913, que registra sentencias judiciales, son por reinstalaciones, salarios caídos y otras compensaciones a favor de trabajadores del sector público, según una investigación de Prensa Libre.
Ambos entrevistados coinciden que la solución no implica eliminar por completo las asesorías 029, sino en que las instituciones aprendan a utilizarlas de acuerdo con su finalidad y no con fines de corrupción.
Los ministerios que más erogan
En 2021, los ministerios que registraron mayores gastos en el renglón 029 son Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con Q312 millones 751 mil 579; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con Q274 millones 819 mil 308 y Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con Q193 millones 095 mil 136, según el Sistema de Contabilidad Integrado del Ministerio de Finanzas.
Al ser consultado, el departamento de comunicación social del Maga justificó que dentro del plan estratégico institucional se establece como objetivo prioritario garantizar la producción, acceso y disponibilidad de alimentos. En ese sentido, el presupuesto asignado al renglón 029 en2021 se enfocó, en su mayoría, al cumplimiento del Programa Apoyo a la Agricultura Familiar, el cual requiere contratar técnicos y profesionales. Por su parte, el CIV no brindó respuesta la cierre de esta nota.
El 2019 fue el año en que más se gastó en asesores de los últimos tres gobiernos, con Q1 mil 638 millones 851 mil 640.57. Luego le sigue el 2021, con Q1 mil 473 millones 658 mil 322.59 y en tercer lugar el 2020, con Q1 mil 401 millones 805 mil 988.38
Este año, el gobierno arrancó con un presupuesto de Q1 mil 665 millones 006 mil 833 para asesoría, pero durante los primeros días de enero incrementó Q11 millones 386 mil 724 a este rubro.
De nuevo, los que gozan de más presupuesto es el Maga, con Q337 millones 508 mil 056; el CIV, con Q293 millones 093 mil 760 y el MSPAS, con Q208 millones 661 mil 604.
Edwin Martínez, viceministro de Finanzas, explica que la contratación de los asesores es responsabilidad de cada ministerio, que las planifica de acuerdo con sus necesidades. Sobre ello, no hay una fiscalización por parte del Ministerio de Finanzas, ya que esta entidad únicamente asigna los recursos, reconoce el funcionario.
Por su parte, la Presidencia de la República informó que en el renglón 029 hay contrataciones no solo de asesores, sino también honorarios por servicios técnicos. “Conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto, son las autoridades superiores de las entidades públicas las responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de las entidades a su cargo. A la presidencia no le corresponde justificar las contrataciones de los servicios referidos”, respondieron.
