Aunque el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el año 2021 fue una de las principales exigencias de grupos de ciudadanos que se manifestaron el pasado 21 y 22 de noviembre, Giammattei está haciendo caso omiso a demás peticiones que exigen el cierre del Centro de Gobierno, transparencia en la administración pública y la destitución de funcionarios acusados de actos de corrupción.
A estas peticiones, se agrega la destitución del ministro de Gobernación recién nombrado, Gendry Reyes y el jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), José Antonio Tzubán por abuso de parte de las fuerzas policiales durante las protestas.
Los sectores invitados para el análisis del presupuesto son la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (ASIES), la Alianza Técnica Para el Apoyo del Legislativo (ATAL), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y la Universidad de San Carlos (Usac).
Nils Leporowsky, presidente del Cacif, indicó que a través de ATAL presentarán su propuesta. “El presidente hizo lo correcto, en base a la crisis él convoca a este diálogo y hay que aprovecharlo para ser constructivos y buscar un presupuesto que atiendan a las necesidades de la población y a un crecimiento económico sostenido”, indicó.
Por su parte, Ricardo Barrientos del ICEFI, confirmó que asistirán a la reunión con cautela para evitar ser utilizados para propaganda gubernamental.
“Hemos tenido un proceso interno de análisis porque no queremos avalar las acciones indebidas del gobierno. El Icefi rechaza el uso de violencia y la brutalidad policial que vimos el sábado y estamos siendo extremadamente cautelosos, si esto empieza a tener intentos de propaganda gubernamental e instrumentalización de los centros de pensamiento, nos levantamos de la mesa sin más”, mencionó.
.@ICEFI declina su participación en la mesa de análisis del #Presupuesto2021 convocada por Alejandro Giammattei por la "poca seriedad y manipulación del formato de la reunión por parte de la Presidencia de la República" https://t.co/pN2Lxc1g4K
— Mariajosé España (@mespana_pl) November 24, 2020
Diálogo sin representación
“No queremos que sea un llamado al diálogo sino entran todos los sectores sociales, de lo contrario solo es para que se articulen las cúpulas de poder que siempre han estado”, reaccionó Camila Hernández de la organización de estudiantes universitarios Landivarianos.
En un comunicado emitido la noche de 22 de noviembre, el gobierno informó que Giammattei pedía a la Organización de Estados Americanos (OEA) que de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana “promueva el diálogo entre las diversas fuerzas políticas con el único propósito de asegurar el orden democrático”.
En el mismo comunicado condena “los actos de violencia sistemática de las instituciones nacionales” que son un “medio a través del cual grupos minoritarios buscan reforzar un verdadero golpe de Estado”.
Esta declaración fue rechazada por el presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Germán Canastuj “ellos quieren deslegitimar las luchas del pueblo y justificar la maldad con la que trataron a las manifestaciones del sábado”, dijo al mismo tiempo que aseveró que en los próximos días tomarán más acciones.
“Como principio general, la idea de diálogo es mejor que a no tenre diálogo, pero se debe avanzar en quienes participan y bajo qué condiciones” reaccionó el arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa quien agregó que esperan pronunciarse como Conferencia Episcopal de Guatemala en los próximos días
El Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que al momento el gobierno ha perdido credibilidad y recordó que las protestas no eran únicamente por el presupuesto. “Él (Giammattei) puede decir muchas cosas pero los diálogos que ha realizado ha sido con sectores afines que le son cómodos y esto no ayuda a resolver problemas de fondo”, dijo el procurador Jordán Rodas.
Rodas presentó una debida ejecutoria ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar el respeto al derecho de manifestación de los grupos que se convocaron el pasado 21 de noviembre. Pero ante las actuaciones policiales, agregó que como señal de buena voluntad para el diálogo, el gobierno debe destituir al jefe de la cartera de Gobernación y de la PNC.
Por otro lado, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (AEU) mencionó que las condiciones para un diálogo no pueden existir si el gobierno no reconoce los abusos. “Primero queremos que el gobierno se responsabilice por lo que hizo. Mucha gente se retiró de las manifestaciones y cuando lo hicieron en paz cumpliendo su derecho a la libre locomoción fueron arrestadas y detenidas cobardemente por la PNC”, dijo Juan Lenhoff del comité de Asuntos Nacionales de la AEU.
Ante la petición internacional de diálogo que hizo Giammattei en la carta enviada la OEA, el presidente de la Alianza Evangélica, Juan Manuel Medina, mencionó que estarían interesados en participar en las mismas pero si se hace con representantes de los diversos sectores sociales, económicos y políticos del país para asegurar que se trate de un diálogo serio y profundo.
Carlos Valladares, secretario general de la Usac, agregó que se encuentran en espera de las investigaciones de los órganos jurisdiccionales par establecer las implicaciones del exceso de violencia utilizados en las manifestaciones del pasado sábado.
