En caso de que el Congreso apruebe la declaración de este estado de Calamidad, las operaciones de compra contarán además con la supervisión de la Contraloría General de Cuentas y serán coordinadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dijo Cabrera, luego de una reunión de la Comisión Presidencial contra el Lavado u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaft).
De esta manera, el Gobierno pretende tranquilizar a la población después de que el pasado martes se destapase otro escándalo de corrupción durante la compra, en 2014, de provisiones de maíz y fríjol para abastecer a la población durante un estado de Calamidad por una sequía que puso en riesgo la seguridad alimentaria en el corredor seco.
El gobierno del Partido Patriota decretó la Calamidad y el fin era la adquisición de 1.5 millones de cupones canjeables por raciones de alimentos, valoradas en Q495 millones, para repartirlos entre familias de escasos recursos dentro del plan Pacto Hambre Cero.
Las investigaciones, iniciadas en 2014, permitieron establecer que el producto de la empresa Empacadora el Bodegón ingresó a Guatemala proveniente de México evadiendo el pago de impuestos.
Por estos hechos fue detenido y enviado a prisión provisional a la cárcel Matamoros el exministro de Agricultura Elmer López Rodríguez junto con otras siete personas acusadas de integrar la red Los Maiceros, que comercializaba con productos no aptos para el consumo humano.