González Ricci manifestó que los beneficios se empezaron a entregar el 18 de mayo y como no todos van a la misma velocidad, considera que a finales de agosto se deberían de quedar sin recursos y que de ahí salió la idea de que los programas que no se están ejecutando o “los vueltos” los podríamos reorientar en programas como el Bono Familia que ahí nos quedaríamos cortos.
“El peor de los casos es que se acaben los recursos y la economía siga cerrada, porque necesitas más recursos para entregar algún tipo de subsidio para que la gente siga aguantando, a puro tubo habría que ir al Congreso a pedir más recursos y la forma más barata, no más fácil es ir al Banco de Guatemala y aplicar el artículo 133 de la constitución, porque si nos fuéramos por bonos esto afectaría porque no habría liquidez para apoyar a las empresas”, señaló el titular de la cartera del Tesoro.
“Al colocar los bonos en los bancos del sistema, lo que estaríamos haciendo es que la liquidez que podría servir para apoyar a las empresas se iría para la compra de bonos que no tiene sentido”, refiere.
El ministro de Finanzas considera que hay cuatro fuentes de financiamiento para llegar al Congreso, aunque no quiso dar un monto de cuanto podrían solicitar. Uno es préstamos multilaterales de apoyo al covid-19, como el que ya pre autorizo el Fondo Monetario Internacional por US$594 millones, la segunda una mejor recaudación como los puestos que se instalaron en Pajapita, San Marcos.
La tercera fuente sería emitir bonos y colocarlos localmente, pero este es más caro y la cuarta es utilizar el artículo 133 de la Constitución para que el Banco de Guatemala compre los bonos con el objeto de no dañar la macroeconomía del país.
El segundo párrafo de ese artículo establece que “con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas ni a las entidades privadas no bancarias”.
El mismo párrafo añade que “con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, a solicitud del presidente de la República”, concluye el párrafo.
Sin embargo, González Ricci manifestó que es positivo y que a finales de agosto se tendría abierta la economía con los respectivos protocolos y sus fases bien definidas si no se tiene habrá que determinar que incentivo se logra dar.
El jefe de bancada de la UNE, Carlos Barreda considera que una de las opciones es hacer una readecuación presupuestaria debido a que hay ministerios que no han avanzado en la ejecución.
Además, refirió que la ejecución de préstamos es un fracaso, en especial del Ministerio de Salud Pública, y lo ejecutado a la fecha es en salarios, no en inversión.
“La única excepción aparente, son los recursos destinados al Crédito Hipotecario Nacional que aparece como ejecutado, pero es solo por el traslado de los fondos al banco. Según Barreda, eso no quiere decir que el banco ya los prestó. Por esa deuda sin ejecutar está pagando por intereses”, refiere el diputado.
Agregó que subirá la ejecución de préstamos a fin de año en Salud y Educación, pero es para salarios y cumplir con el pacto colectivo. Es decir, deuda para funcionamiento y no para inversión.
