“El grupo de coordinación de donantes en Guatemala G13 siempre ha demostrado su compromiso con la paz, el desarrollo, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Guatemala. El cuantioso volumen de su cooperación, asistencia humanitaria y dialogo ha consolidado al G13 a lo largo del tiempo como un socio de Guatemala”, refirió el G-13 en un comunicado.
Añade que “el G13, al igual que otros grupos de coordinación de donantes en otros países, se reúne frecuentemente con una diversidad de actores de toda la sociedad: estatales, sector privado y organizaciones sociales, siempre dentro del marco de la diplomacia y las relaciones internacionales”.
También señala que “el martes 25 de enero el G-13 se reunió con el excelentísimo Canciller Pedro Brolo, el Vicecanciller Carlos Ramiro Martínez y la secretaria de Segeplan Keila Gramajo. Se convino que un dialogo abierto, franco y de confianza es clave para evitar los malentendidos e interpretaciones erróneas.
Concluye que “en consecuencia, el G-13 se comprometió a mantener una comunicación fluida con el Ministerio de Relaciones Exteriores y a actuar con transparencia como corresponde a su naturaleza”.
Sin embargo, el Gobierno informó que la reunión tuvo como objetivo “fortalecer los lazos históricos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, seguridad, salud, educación, ambiente y agua”.
Añadió que “se abordaron las prioridades definidas para 2022 entre el Gobierno y las fuentes cooperantes: gobierno abierto y electrónico, el plan de descarbonización, el sistema estadístico nacional y el apalancamiento de inversión municipal en el marco del Estado de Derecho”.
“Todos los participantes reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de comunicación por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con las entidades del Estado y los diferentes sectores, respetando la soberanía democrática del Estado de Guatemala reconocida internacionalmente”, señala el comunicado del Gobierno.
“Rechazamos actos que contravengan lo estipulado en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que requiere a los agentes diplomáticos respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, así como no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”, señala el texto publicado por el Gobierno de Guatemala.
La declaración oficial surge después de que el embajador de Suecia, Hans Magnusson, quien tiene bajo su cargo la Presidencia pro témpore del G-13, invitara a los países y organismos miembros de este grupo a una reunión para observar el proceso de la Comisión de Postulación que deberá elegir a los seis candidatos a fiscal general.
La reunión, según la invitación del diplomático se podría celebrar de forma virtual el 25 de enero.
“Nuestra expectativa es que, en la reunión indicada, se pueda tener un diálogo en el ámbito de la confianza entre los miembros del G-13 y ustedes para conocer y entender el trabajo que planifican y como donantes de cooperación, informarnos si habrá alguna forma en la que podamos apoyarles para facilitar su traajo”, dice una carta enviada por el embajador a la Comisión.
El G-13, creado en 1999, está integrado por Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, EE.UU., Reino Unido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Vemos con suma preocupación la invitación girada por parte de la Presidencia “pro tempore” del G13 a la Comisión de Postulación, donde de antemano ofrecen cooperación no pedida, lo cual consideramos inaceptable”, expresa el comunicado del Gobierno de Giammattei.
En virtud a lo anterior, agrega, “se demanda el respeto al principio de la no injerencia en asuntos internos, específicamente al denominado Grupo de Diálogo G-13 cuya función es la cooperación solidaria al país”, señala, y convoca a la comunidad internacional a seguir trabajando juntos en el marco de los principios de apropiación, alineación y armonización.
El Gobierno reitera que “no permitirá injerencia alguna, sea nacional o internacional, tal y como requiere esta y cualquier otra elección a través de comisiones de postulación”.
Guatemala comenzó el martes pasado el procedimiento para elegir a su próximo fiscal y jefe del Ministerio Público (MP), un puesto clave en la lucha anticorrupción durante los próximos cuatro años.
El procedimiento arrancó en el Congreso, con la juramentación de la comisión que estará a cargo de elaborar un listado de seis candidatos para que uno de ellos sea designado por el presidente como el próximo fiscal general, en sustitución de Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos, acusada de “obstruir la Justicia” en Guatemala.
La comisión juramentada en el Congreso está compuesta por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, y el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Fernando Chacón, además de los decanos de las facultades de Derecho de 12 universidades.
Completa el listado el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala, Alejandro Racancoj.
Con información de EFE
