Su manifestación se produce en momentos que el país centroamericano vive serios problemas de conflictividad social por la oposición que despiertan la explotación de minerales y otros megaproyectos, principalmente en comunidades indígenas, por considerar que son una amenaza a recursos naturales como las fuentes de agua.
De acuerdo con Samuels, aunque la cartera de Energía y Minas es la encargada de extender las licencias, el ministerio a su cargo emite opiniones y recomendaciones para alertar del peligro que generan los proyectos extractivos en el medio ambiente.
“Ahora estamos recabando información de qué está pasando con estas empresas (mineras), y si realmente están causando un daño, por supuesto lo vamos a suspender”, recalcó el funcionario.
El Estado guatemalteco ha otorgado en los últimos años decenas de licencias de explotación minera, sobre todo oro y plata a cielo abierto, que según ambientalistas, campesinos e indígenas, han provocado graves daños ecológicos y generado conflictividad social por la imposición de los proyectos.
