El fiscal aseguró que tiene “todas las pruebas” contra Aldana, tales como declaraciones y expedientes relacionados con la contratación supuestamente irregular de Bonilla, con lo cual podría haber comisión del delito de nombramientos ilegales, ya que Bonilla no habría cumplido con los trabajos por los cuales se le contrató, incumpliendo con el proceso administrativo del MP.
Específicamente, Aldana habría realizado la contratación de Bonilla para la Unidad de Capacitación (Unicap) del Ministerio Público (MP) en noviembre de 2014, pero él, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), no habría cumplido los términos del contrato.
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Por ello el MP señaló que será labor del Juzgado Décimo, a cargo de Víctor Cruz, establecer si Bonilla brindó o no sus servicios profesionales, es decir si cumplió o no con el contrato.
Medina dijo que está a la espera de que se fije la fecha para que Aldana comparezca en el Juzgado Décimo donde el MP expondrá las pruebas del caso.
“Consideramos que tenemos elementos. No vamos a ir a pedirle algo al juez si no tenemos los elementos, si no tenemos indicios racionales”, enfatizó el fiscal.
Respecto de los elementos de prueba, Medina dijo: “Tenemos declaraciones, tenemos informes, tanto del MP como del Unicap y la Superintendencia de Administración Tributaria también”.
Aldana dijo el domingo 10 de marzo, luego de que fue proclamada junto al economista Jonathan Menkos Zeissig como binomio presidencial del Movimiento Semilla, que está dispuesta a ser investigada sobre ese señalamiento de responsabilidad por la supuesta plaza fantasma para Bonilla.
El binomio presidencial tiene hasta el 17 de marzo para inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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Otras denuncias contra Aldana
En 2018, la Contraloría General de Cuentas denunció la existencia de una plaza anómala adjudicada a José Carlos Marroquín, quien cobró Q1 millón; sin embargo, Marroquín está asilado en Estados Unidos, por lo que no podría haber hecho la consultoría que estaba en el contrato sin presentarse al Ministerio Público.
Incluso él nunca se presentó al ente investigador a firmar el contrato, sino que un abogado lo representó. En este caso el señalamiento contra Aldana es por fraude, peculado por sustracción y abuso de autoridad.
La denuncia contra la exjefa del MP también incluye a Marroquín y a Rottman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP en tiempos de Aldana y ahora es uno de los colaboradores de sus aspiraciones políticas.
Otro señalamiento contra Aldana son las supuestas anomalías que señalan diputados oficialistas por la compra de un edificio por Q35 millones en octubre de 2017, durante la gestión de la exjefa del MP.
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