Esta acción es vista por Castro como un “golpe gravísimo” a la Constitución salvadoreña y considera que la democracia en ese país está en riesgo al no tener el mandatario Nayib Bukele ningún obstáculo para acumular poder.
El director de Fusades también habla sobre las principales preocupaciones y riesgos que ya se comienzan a percibir en El Salvador a consecuencia de la destitución de los funcionarios judiciales que ha provocado una crisis política en el país.
¿Cuál es el ambiente que se vive en El Salvador una semana después de la destitución de los magistrados constitucionales por parte de la Asamblea Legislativa?
Ha habido reacciones muy fueres de la ciudadanía expresando su rechazo al golpe a la Constitución. La condena de los países con vocación democrática, así como de organismos internacionales ha sido unánime. El clima es de muchísima incertidumbre y preocupación y ya se comienza a ver como esto tiene un efecto, por ejemplo, en el clima de inversión y de riesgo de país. Estamos en una situación complicada donde las libertades y derechos fundamentales están desprotegidos porque no existe una división de poderes ni independencia judicial y eso genera altísima incertidumbre.
¿Qué demanda la sociedad civil salvadoreña?
Quisiéramos que haya un poco de sensatez y que se detenga esta crisis. Queremos que como país se restablezca el orden constitucional y que no continúen estos ataques contra la Constitución que se han dado desde el año pasado cuando se militarizó la Asamblea por parte del Gobierno. Eso quisiéramos porque se dio un golpe gravísimo a la democracia y la ha puesto en riesgo de perderse al destituir, de forma totalmente arbitraria, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república. Vemos como el principio de la separación de poderes se ha violado, así como la independencia judicial y eso deja al país en un clima de gran inestabilidad política y mucha incertidumbre.
¿Qué llamado hacen a la comunidad internacional?
Hay compromisos que tienen que ver con las reglas de la democracia como la Carta Democrática Interamericana donde El Salvador se ha comprometido a nivel internacional a conservar esas bases democráticas que incluyen, desde luego, el respeto a la separación de poderes; asimismo, hay otros compromisos en términos de tratados de derechos humanos. Creemos que es importante que toda esa institucionalidad se active alrededor de que nos ayuden a que re restablezca el orden constitucional. Democracia no solo es llegar al poder a través de elecciones libres, sino ejercer el poder respetando sus reglas y los derechos fundamentales de la población y esta segunda parte ya se está vulnerando.
El presidente Bukele asegura que lo hecho por la Asamblea está en ley. ¿Está disfrazando los hechos? ¿Por qué son inconstitucionales las destituciones?
Por varias razones. Se le ha dado la apariencia de que se han cumplido con los requisitos de la Constitución, se ha ofrecido esta narrativa que no es cierta, porque se le da peso solo al tema de la mayoría que se necesita para destituir a los magistrados, pero esto no basta. Hay una facultad de la Asamblea para destituir: sí, pero también es cierto que se deben cumplir una serie de condiciones y no se cumplió con un debido proceso ni con las causales de destitución que dice la Constitución.
Además, la razón de la destitución, según lo que señaló la Asamblea Legislativa en la plenaria, prácticamente es porque no comparten un fallo de la Sala Constitucional, porque se está en desacuerdo y esa no puede ser una razón para destituir a un magistrado. Entonces, lo que se buscó es dar ese revestimiento artificial de que se estaba cumpliendo con la ley solo para deshacerse del tribunal constitucional, lo ha señalado la academia, los centros de pensamiento y abogados constitucionalistas de forma unánime.
¿Cuál es el peligro más grande que enfrentan los salvadoreños ahora?
Que se pierda la democracia. Y todos sabemos que sucede cuando se pierde un régimen de libertades y del sistema de protección de estado de Derecho, y todo termina impactando en la población, cuando somos países con tantas necesidades que lo que necesitamos es que exista estabilidad, una claridad de las reglas del juego democrático y brindar esa confianza. Hay mucha incertidumbre, consternación y preocupación por lo que pueda venir en el futuro. Hay una Sala de lo Constitucional ilegítima y no hay forma de detener cualquier ley que se apruebe por la Asamblea, aunque sea inconstitucional y eso es grave.
¿Temen impactos en la economía?
Una situación donde no se respetan las reglas de la democracia ni la independencia judicial no es un ambiente donde existe seguridad jurídica, y nos convertimos, con esas características, en un país que no es atractivo para inversiones nacionales o extranjeras y eso se traduce en un país con menos oportunidades para los salvadoreños. Las inversiones se pueden reducir y hasta salir del país. El tema es delicado y puede tener múltiples consecuencias en el corto mediano y largo plazo.
Lea también: Las matemáticas que explican el fin de la pandemia
Situaciones similares han pasado en Honduras y Venezuela donde gobernantes han promovido la destitución de magistrados para reelegirse ¿Se ven en el espejo estos países?
Es una de las grandes preocupaciones. Hay que decir que desde el año pasado se impulsa desde la Presidencia un esfuerzo para estudiar reformas a la Constitución y uno de los temas que han aparecido tienen que ver con reformar cláusulas que son irreformables.
Uno tiene que ver con la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, actualmente para poder reelegirse un presidente tienen que pasar dos periodos presidenciales, 10 años, pero ya se escucha la discusión de revisar esos alcances o voces políticas que promueven una nueva Constitución y vemos riesgoso que esa plataforma que se plantea para discutir reformas pueda ser utilizada para un proyecto de acumulación de poder, y no va a haber quien pueda detener una decisión de esta naturaleza y entonces pueden suceder los peores escenarios.
Lea también: Cómo afectaría a Guatemala el terremoto político que ocurre en Honduras
En una reunión con embajadores el presidente Bukele dijo que la sociedad civil, entre ella Fusades, no representa al pueblo, sino a la oposición. ¿Qué opina de eso?
Es una práctica de querer estigmatizar a la sociedad civil, este gobierno no tolera la crítica ni que alguien actúe distinto y lo que buscan es desacreditar a las organizaciones civiles que han estado muy activas, entre ellas Fusades. Nosotros somos un centro de pensamiento que promueve el respeto a la democracia y el estado de Derecho, así como la promoción del desarrollo económico y social, lo hemos hecho desde 1983 y estamos claros en eso. Nosotros, el compromiso que tenemos es con El Salvador, es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo a pesar de los ataques.
