Los requisitos también deben ser cumplidos por Guatemala y El Salvador, reportó el viernes el diario hondureño La Prensa.
En el caso guatemalteco, los primeros fondos que se esperaban para octubre o noviembre llegarán hasta 2017, informó el canciller Carlos Raúl Morales el lunes último.
Estados Unidos aprobó para Centroamérica US$750 millones, de los cuales US$700 millones son para el Plan de la Alianza para la Prosperidad
De ese monto, Guatemala recibiría en el primer año US$127 millones, pero el desembolso para Honduras, de acuerdo a la Ley de Asignaciones, es de US$1 mil 500 millones.
Del total de la ayuda para el Triángulo Norte, US$250 millones deben destinarse, exclusivamente, a proyectos de seguridad en los tres países, detalló anteriormente el jefe del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), Acisclo Valladares.
También había informado que el plan se comenzará a implementar en Momostenango, Totonicapán; Nebaj, Quiché, y Jocotán, Chiquimula, municipio con altos índices de desnutrición y de población migrante.
Casi cada dos meses, los equipos técnicos de Guatemala, El Salvador y Honduras discuten, con representantes del gobierno de Estados Unidos y asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –organismo multilateral que acompaña técnicamente el Plan–, acerca de los avances.
En el caso salvadoreño, medios locales publican que la embajadora norteamericana en ese país, Jean Manes, expresó preocupación por la situación financiera y política.
Entre los requisitos que EE. UU. exige a los países cumplir antes de concretar los desembolsos, se encuentra el de mostrar avances en el combate a la corrupción, implementación de reformas en favor de la institucionalidad y transparencia, programas para reducir la pobreza, y el incremento de los ingresos.
El Plan de la Alianza fue creado para que en Guatemala, El Salvador y Honduras se generen condiciones para que sus poblaciones no se vean obligadas a emigrar al norte, cuyos proyectos tendrán financiamiento estadounidense y de cada Estado.
Durante 2014, 68 mil menores no acompañados viajaron sin documentos hasta la frontera de los Estados Unidos, de los cuales 17 mil 57 eran guatemaltecos.
