Otros contratos cuestionados son el de la autopista Escuintla–Puerto Quetzal con cobro de peaje, otorgado al Consorcio Guatemala, S. A., así como el del aerometro en la capital, que iría de la Plaza España hacia El Trébol. Además, señaló las compras directas del Ministerio de Salud.
Entre los nueve casos mencionados como parte del resultado del monitoreo de compras y contrataciones del año pasado, el primero es la adquisición de la vacuna Sputnik V por Q614.5 millones, con el cual, según el analista de Acción Ciudadana, Marvin Flores, se ha violado la Ley de Contrataciones del Estado, porque no se quiere dar a conocer ni entregar el documento que contiene el contrato.
A eso se añade el gasto de transporte de las vacunas por Q9.4 millones, expuso.
La contratación del servicio de pasaportes también fue cuestionada. En agosto del año pasado el Instituto Guatemalteco de Migración firmó el contrato con Icard Solutions, S. A. para la compra de 500 mil cartillas de pasaporte por Q17 millones 925 mil.
El evento fue cuestionado ya que la adjudicación se hizo mediante la modalidad de proveedor único y entre las bases estaba el requisito de que las empresas interesadas debían contar con capital 100 por ciento estatal durante los últimos 20 años, lo que impidió que otros proveedores con experiencia en el mercado participaran.
En la construcción del viaducto del área en la Calzada José Milla y Vidaurre, conocida como La Cuchilla, zona 6 de la capital, por Q21.1 millones, se cuestionó que la Municipalidad de Guatemala lanzó un diseño pero se cambió y se construyó otro que, según Flores, no es funcional para la fluidez vehicular. Agregó en sus comentarios que han notado en los eventos para viaductos cambios en los diseños iniciales, suspensión de concursos e inconformidades, como ha sucedido en los de San Lucas Sacatepéquez, Cuatro Caminos, Calzada Roosevelt y Santa Catarina Pinula.
Solo los nueve casos expuestos superan los Q1 mil millones de contratación “dudosa”, explicó el experto, al mencionar otros casos como la compra de maquinaria de construcción por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, además del proceso del Ministerio de Gobernación con el que se adjudicó la compra de motocicletas para la Policía Nacional Civil (PNC) por Q29 millones, aparte de otros para la compra de uniformes y armamento. También brazaletes electrónicos para las personas presas. Gobernación anunció que revisará el proceso de las motocicletas, pues surgieron dudas por el monto y proceso de la compra.
Se agregaron eventos del 2020, como una adjudicación por Q14.6 millones para compra de galletas fortificadas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pues se señaló que la adjudicación se hizo horas después de que terminara el estado de Calamidad por la pandemia. Este proceso se logró revertir y ya no se concretó.
Flores dijo que por el momento no tiene previsto presentar denuncias al Ministerio Público porque deberán hacer un análisis detallado de cada caso.
A esos cuestionamientos, Flores añadió que de los gastos efectuados por el Ministerio de Salud, por Q2 mil 652.3 millones para proveerse, Q1 mil 169 fueron compras directas, además de otras adquisiciones de baja cuantía, en las cuales se puede dar discrecionalidad y disminuye la transparencia.
Acción Ciudadana identificó 16 factores de riesgo en los diferentes procesos de concursos de compras y contrataciones del Estado (que abarcan las licitaciones, cotizaciones y compras directa, así como contrato abierto), los cuales traen efectos negativos para los recursos y bienes del Estado.
Estos van desde una falta o una mala planificación, estudios, límites difusos en la facultad de realizar contrataciones con excepción, errores de procedimiento, falta de estudios o que estos sean sesgados, concursos con candados o a puerta cerrada, plazos irrazonables para presentación de propuestas, entre otros.
