En el 2019, se presentaron 86 mil 715 solicitudes de información a 1 mil 258 entidades que tenían obligación de rendir cuentas. La demanda se incrementó con relación al primer año de la ley en 2009, cuando se interpusieron 11 mil 289.
Estos datos se desprenden del Informe de Situación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 2020, que presentará hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, que se conmemora cada 28 de septiembre.
La LAIP se aprobó en octubre de 2008 y entró en vigor en abril de 2009. La normativa garantiza a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar información, de forma gratuita, a cualquier entidad que administre o ejecute recursos públicos.
Al amparo de la ley las personas pueden, por ejemplo, fiscalizar la forma en que las instituciones erogan el erario, o bien, conocer los datos personales que de ellas consten en archivos estatales, el uso que se les da y el derecho a actualizarlos o corregirlos.
El ejercicio de este derecho ha sido atípico este año por la crisis sanitaria de la covid-19. Lilian Sierra, titular de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la PDH, explica que una de las dificultades se da porque el personal de las instituciones labora desde casa y esto impide que se brinde la información que requieren ciudadanos con prontitud.
“Se ha requerido información que se encuentra en determinados archivos y la persona encargada de resguardarlos no se encuentra en el lugar (por estar laborando a distancia)”, dice Sierra.
Al respecto, una de las recomendaciones que hicieron fue que se hiciera uso del correo electrónico para recibir solicitudes.
A esto se suma el cambio de administración, que implicó que en varias entidades se cambiara al personal de las unidades de información pública por otro que no estaba capacitado y exigen requisitos que están fuera de ley. Por ejemplo, que los solicitantes presenten su documento de identificación personal, cuando según el Código Civil una persona se identifica solo con nombre y apellido.
La Secai se encuentra elaborando un informe más amplio del tema que se podría presentar en los próximos meses, dijo la funcionaria.
2015, un parteaguas
En 2016, la PDH contabilizó 62 mil 830 solicitudes de información. El aumento con relación al 2015 fue de 17 mil 864.
Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a la información y secretario de la comisión presidencial para la transparencia y combate a la corrupción durante 2010 y 2011, considera que esto se debió a los casos de corrupción que develó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto despertó el interés de la ciudadanía a exigir que las instituciones rindieran cuentas.
“Esto demuestra que cada vez más hay interés y que la población hace uso de la ley, lo cual aún no es suficiente”, explica Gramajo.
El experto dice que el aumento anual que se ha dado en la última década podría estancarse si concurren dos condiciones. Una, que baje el interés de las personas a pedir información, aunque esto es poco probable.
La segunda es si el Estado genera una verdadera política que promueva la transparencia y que signifique una mayor publicidad de los actos de la administración pública. Eso podría hacer que descienda el número de solicitudes, puesto que gran parte de información estaría disponible sin necesidad de hacer un requerimiento formal, apunta Gramajo.
Actualmente, uno de los obstáculos al derecho de acceder a la información es que el Estado aún no dota de recursos financieros, humanos, logísticos y tecnológicos a sus unidades de información pública. Esto afecta la atención a la ciudadanía, señala el experto.
Disparidad
En los últimos cinco años son más los hombres que las mujeres quienes solicitan información pública. Según registros de la PDH, el año pasado 53 mil 154 hombres quienes hicieron uso de este derecho, mientras que mujeres fueron 32 mil 732.
Sofía Villatoro, directora del Centro Carter en Guatemala, afirma que uno obstáculo es que las mujeres tienen más carga en el hogar, lo que les dificulta movilizarse a oficinas de gobierno. Mencionó también que por machismo muchos funcionarios públicos no las atienden como se debe o desde el hogar los hombres las privan de ejercer su ciudadanía.
“El miedo es un factor que obstaculiza. A las mujeres se les han criado bajo una cultura de silencio y por lo tanto cuando se acercan al Estado siempre van con temor, principalmente quienes tiene bajo nivel de escolaridad”, afirmó Villatoro.
Calificaciones bajas
En el Ranking 2019 de organismos de Estado, que mide el nivel de cumplimiento de la LAIP, tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como el Ministerio de la Defensa (Mindef) obtuvieron calificaciones bajas, según el criterio de la PDH. El primero obtuvo 48.49 puntos y el segundo 59.82.
Esta evaluación midió varios factores, como el tener un portal electrónico donde publicar la información de oficio que ordena el artículo 10 de la LAIP, la gratuidad en la información y la organización de las UIP, entre otros.
Julia Barrera, del MSPAS, dijo que la UIP de la cartera tiene conocimiento de esa baja calificación y “se trabaja permanentemente para que la información pública de oficio esté disponible”.
Por su parte, Juan Carlos de Paz, vocero del Mindef, dijo que en relación con el año pasado se mejoraron algunos aspectos, como el portal electrónico, que en marzo fue evaluado por la PDH y obtuvo un pontaje de 93.3. “Eso quiere decir que hay una mejora sustancial de uno de los ítems que era acceso electrónico a la información”, justificó.
Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, dijo que solicitó un informe a todas las entidades del organismo ejecutivo, entre ellas las que presentan una puntuación baja, para que les informen qué planes tienen para mejorar el cumplimiento de la ley.
“Hemos detectado en ciertas entidades que no actualizan su portal, o suben algunas informaciones en formatos no editables. En algunas tampoco hay un delegado profesional (para atender la UIP), sino contratan a asesores”, comentó el comisionado.
¿Cómo solicitar información?
Cualquier persona tiene el derecho a requerir información, sin importar su oficio, nivel educativo, origen étnico o cualquier otra característica. El interesado puede plantear su solicitud en la Unidad de Información Pública de la institución de manera verbal, escrita o vía electrónica.
Los únicos requisitos son identificar la institución a la cual va dirigida el requerimiento, identificación del solicitante (que puede ser únicamente con nombre y apellido) y el detalle claro y preciso de qué información pide.
El tiempo de respuesta es de diez días hábiles, pero se puede prorrogar por diez más si el volumen de lo solicitado lo amerita. La institución no se puede negar a tramitar la solicitud.
La respuesta de la institución puede ir en cuatro vías: entregando lo requerido, negando la solicitud si se tratare de información clasificada o reservada, negando la petición si la información no existe o si el solicitante no aclaró de forma precisa qué requería.
Si se requiere asesoría se puede comunicar con la Secai a su correo secai@pdh.org.gt.
