Al rechazo legislativo a la iniciativa de la UNE se le sumó, este martes 15 de octubre, la denuncia en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras, a quien el exfiscal Andreí González señala de haber protegido a esa organización política, al retrasar una investigación penal contra Sandra Torres. Algunos no descartan que la propuesta de la UNE de poder remover del cargo al fiscal general por una orden del Ejecutivo sea una forma de presión para la Fiscalía por haber, finalmente, haber tramitado la causa penal en contra de la expresidenciable y, hasta ahora, máxima figura política del partido verde.
La UNE busca, en su propuesta presentada el pasado lunes 14 de septiembre, que el fiscal general sea evaluado cada cierto tiempo por un grupo de expertos y que a través de ese informe el presidente pueda determinar si destituye o no al jefe del MP, también busca que el fiscal tenga que esperar seis años para postularse a un cargo de elección popular como lo intentó en el proceso electoral que está por finalizar Thelma Aldana.
Algunas bancadas han manifestado su rechazo a esos cambios por considerar que restan independencia al ente investigador, además, no se puede limitar el derecho de elegir y ser electo con una ley ordinaria, yendo más allá de prohíbe la constitución.
El diputado independiente, Oliverio García Rodas, dijo que a pesar de que no conoce la iniciativa considera que tiene algunos puntos cuestionables ya que la Constitución Política establece cuales son los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos.
“La Constitución hace una excepción con respecto al personal del Ejército y establece un periodo de tiempo para que puedan ser candidatos, esa es la única excepción, no por una ley ordinaria se pueden hacer más excepción para limitar un derecho que la Constitución establece; mientras que el tema de la remoción del fiscal, creo que no es posible, porque si el órgano que investiga está sujeto a decisiones políticas pierde su independencia”, refirió el parlamentario.
El diputado Óscar Chinchilla, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), indicó que hay algunos derechos constitucionales que hay que revisar en la iniciativa de ley como el derecho de elegir y ser electo.
“Este derecho no puede ser limitado y de ser así debe incluirse a todos los funcionarios públicos para que no se permita la postulación de candidatos”, señaló Chinchilla.
“Lo extraño de eso es que en 2016 la UNE promovió esta reforma de blindar a la fiscal general de turno, y ahora es la misma UNE la que propone una reforma en la que ellos mismos propusieron, el tema tal vez puede ser político, por la situación legal que se ha vivido en contra de la UNE, pero desconozco sus motivaciones”, añadió Chinchilla.
Es solo una evaluación
Mientras que el diputado y secretario general de la UNE, Óscar Argueta negó que la organización política haya presentado la iniciativa para cercar a la fiscal general, María Consuelo Porras por la persecución penal en contra de Sandra Torres.
“Lo que creamos es un mecanismo para conformar una comisión de gente técnica que evalué el trabajo con indicadores claros, y a partir de eso el presidente pueda determina si ha cumplido o no con su trabajo”, indicó Argueta.
El diputado Argueta aseguró que la iniciativa de ley busca un justo balance; antes del 2016 al fiscal general el presidente lo removía simplemente porque se le daba la gana. “Hicimos una reforma para que el presidente lo puede remover solo por sentencia firme de juez competente esto quiere decir que es después de un proceso muy largo, cuando la constitución dice que el presidente lo puede remover”, explicó.
Por aparte, el diputado Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), indicó que la propuesta de la UNE no es necesaria porque la Constitución en el artículo 251 establece que el presidente podrá remover al fiscal por causa justificada.
“La Ley no lo puede limitar, pero esta ley que aprobamos en el 2016 protegió más al fiscal general, porque se esperaba que en las reformas constitucionales se iba a modificar este artículo y como no se modificó quedo coja la ley, porque ahora la permite más de lo que la constitución textualmente limita y para mí el presidente puede destituir al fiscal general”, señaló el parlamentario.
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