El proyecto también deja claro que este beneficio económico se establece por parte del Estado de Guatemala “por una única vez”, pero no precisa el monto que deberá recibir cada soldado. Resalta en el documento está en blanco el artículo 18 del proyecto de ley, que trata de la forma de pago.
Rudy Castañeda, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), destacó que “toda iniciativa que implique erogaciones de gasto público tiene que tener la fuente de financiamiento o no es válida”.
El legislador explicó que hay dos posibilidades para que una iniciativa de esta naturaleza tenga alguna posibilidad se seguir su camino legislativo, uno de ellos es que “llegue a una comisión y pida los dictámenes correspondientes y estudios”.
“Pero cuando usted presenta una iniciativa debe estar acompañada de estudios. Este problema lo hemos visto con algunas iniciativas que piden aumento de pensión, porque no aparecen los estudios y no se sabe cuánto dinero significa, y obvio no tiene fuente de financiamiento”, agregó el legislador.
Óscar Chinchilla, jefe de Compromiso Renovación y Orden (Creo), recordó que hace un par de meses hubo un intento de atender y dar resarcimiento a un grupo de militares de tropa a pocos días de la campaña electoral.
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Recordó que hubo algún tipo de negociación y señaló, que a su criterio, habría la posibilidad de analizar la medida y si es viable cumplirla mediante un decreto gubernativo.
“Creo que el Ejecutivo podría hacer esto sin necesidad que pase por el Congreso. Creo que lo que pasa aquí es que el diputado está queriendo lavarse las manos de un ofrecimiento que ya hizo, pero que no pudo cumplir este Gobierno”, aseveró Chinchilla.
Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza, consideró que la iniciativa no será aprobada porque no tiene sustento técnico y agregó que los diputados deberían proponer iniciativas serias en vez de este tipo de proyectos.
“Tenemos que recordar cuáles son los procedimientos establecidos tanto en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo como lo que establece la Constitución. Que dicen que cualquier iniciativa que utilice recursos públicos tiene que definir con mucha claridad la fuente de financiamiento que se utilizará”, acotó el congresista.
Agregó que “muchas de estas iniciativas que se presentan sin un sustento técnico se hacen con fines políticos, más que con seriedad legislativa, y cualquier legislador sabe que una iniciativa de este tipo no va a avanzar”.
“En este momento lo que tenemos que hacer los legisladores es presentar iniciativas serias que estén sustentadas debidamente, tanto técnica, política y financieramente para que tengan viabilidad y que contribuyan a solucionar los problemas del país”, declaró el parlamentario.
Enrique Álvarez, jefe del bloque Convergencia, consideró que la iniciativa del diputado Galdámez tiene un carácter político y destacó que “si no tiene la fuente de financiamiento claro y definido no tiene la menor posibilidad de ser aprobada”.
“Habría que establecer con mucha claridad también quiénes son o no –solados–, porque ya tuvimos una experiencia de un grupo de supuestos exmilitares, incluso interrogamos al ministro de la Defensa y respondió que no sabía quiénes eran”, acotó Álvarez.
Indicó que una iniciativa como esta lo único que busca “es construir correlaciones de fuerza pública que después afectan la estabilidad del país”.
Óscar Argueta, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que la iniciativa está técnicamente mal planteada y podría catalogarse como una acción demagógica.
“Si no tiene ni siquiera definido de cuánto tendría que ser el bono del que está hablando, ni el total de los recursos y de dónde va a salir la plata por supuesto que no es más que una acción demagógica”, dijo Argueta.
El parlamentario reconoció que el diputado ponente del proyecto tiene toda la libertad de presentar una iniciativa, pero lo que pasa con un proyecto de este tipo es que solamente pone en duda su capacidad técnica.
“Esta iniciativa no tendría ninguna posibilidad de pasar con este tipo de debilidades técnicas que presentan”, apuntó el parlamentario.
Defiende proyecto de ley
El primer secretario de la Junta Directiva, Estuardo Galdámez, ponente de la iniciativa, defendió su proyecto y aseveró que no es político ni clientelar y negó que haya sido para un grupo determinado, pues su objetivo era beneficiar a los soldados que han quedado desamparados.
Se le preguntó sobre los señalamientos de que su proyecto es inviable técnicamente y respondió “que esta iniciativa tiene que entrar a un proceso profesional con las comisiones de trabajo”.
“Esta iniciativa la tiene que analizar técnicamente la comisión de Finanzas y de la Defensa, para saber con exactitud hacia dónde llevará el espíritu de la ley y poder indemnizar”, afirmó el congresista.
Galdámez afirmó que esto es más que una indemnización sino “un honor” a los soldados que combatieron a favor de Guatemala. “Esto no es una indemnización las indemnizaciones no son acordes a lo establecido a la Constitución, pero si honrar con un valor patriótico para cada soldado que combatió en la guerra sin un sueldo, creo que es justo”, indicó.
Se le preguntó si esta iniciativa era para los veteranos militares que llegaron al Congreso hace un par de semanas y respondió que no y destacó que tampoco se incluirá a oficiales y especialistas militares.
Por último se le consultó por los señalamientos de que era un proyecto con tintes políticos y afirmó: “El espíritu de esta ley fue en la tropa y los soldados. Esto no tiene ningún objetivo político, ya ni estamos en campaña electoral, no tiene ningún objetivo particular”.
“Ya el otro año no estaré en el Congreso, solo quiero sentirme satisfecho, que yo al conocer a los soldados en combate, al ser diputado, presenté una iniciativa que les beneficia por su esfuerzo”, manifestó Galdámez.
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