De acuerdo con las iniciativas, con la reforma al artículo 391 del Código Penal sea amplia el campo de acciones que serán consideradas terrorismo y cometerá tal delito quien transgreda la paz social o el orden público, y que organice, constituya o pertenezca a “grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología”.
Mientras que el artículo 24, que hace referencia a las causas de inimputabilidad y legítima defensa, de la misma normativa, en el inciso 3, causas de justificación se establece que esta será válida “para los elementos de seguridad de las fuerzas del Estado en legítimo ejercicio de su cargo, si el acto ejecutado, ya sea ordenado o permitido, es realizado para salvaguardar su integridad, la de los habitantes de la República de Guatemala o el territorio nacional”.
“No es viable”
Para Evelyn Espinoza, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la organización Diálogos, la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo no es viable para calificar a los pandilleros de terroristas con fines de desorden público social.
“Como ya se ha dicho en otros espacios, el concepto de terrorismo tiene implícito un componente político que las maras no tienen. La iniciativa pretende una nueva definición ampliándola al desorden público y otras particularidades que podrían incluir no solo a las maras sino también al narcotráfico”, opinó Espinoza.
Mientras que para el abogado Oswaldo Samayoa, la propuesta para reformar el Código Penal tiene altos riesgos porque podría generar una idea de criminalidad en grupos que no necesariamente que se dediquen a delinquir. Añadió que la normativa no es clara y es muy ambigua.
“Habla del propósito de orden público del Estado, pero también dicen que son agrupaciones que se caracterizan por territorialidad y por simbología, podría entrar la criminalización de defensores de la naturaleza”, indicó el analista.
Samayoa agregó que, aunque Giammattei tiene razón al querer atender el fenómeno social de las pandillas, catalogarlos de terroristas no es la forma correcta. “Lo más responsable que puede hacer el presidente es convocar a una mesa técnica, donde no solo participen diputados, sino también diversidad de expertos para analizar la propuesta”, expresó.
Beneficios
Pero otros analistas creen que darle el estatus de terroristas a los pandilleros traería beneficios.
Por ejemplo, el experto en seguridad pública, Julio Rivera Clavería, dice que cuando se tipifica a una estructura criminal como terrorista el sistema de justicia se beneficia porque “el proceso se hace mucho más expedito y porque también se pueden incrementar las penas”.
“La oportunidad de dejar a estas personas -los pandilleros- por más tiempo en la cárcel sobre la base de penas más alta sería lo adecuado”, enfatizó.
Rivera Clavería, quien fue viceministro de Gobernación, agrega que la experiencia en El Salvador, donde se tiene esta ley desde el 2014, demuestra que ha habido un cambio sustancial en los procesos penales; no obstante, reconoce que los niveles de inseguridad continúan igual “y lo mismo pasaría en Guatemala”.
Sin embargo, agregó Rivera Clavería, aunque el presidente tenga toda la buena intención de proponer este tipo de iniciativas dependerá del Congreso de la Republica su aprobación, en lo cual será fundamental la capacidad que el oficialismo en el parlamento llegar a acuerdos acuerdo con la mayoría de los bloques que tienen “pensamientos diversos en materia de política y seguridad”.
Legítima defensa
En cuanto a la propuesta de modificación del artículo 24 relacionado a la inimputabilidad, Espinoza considera “preocupante” si aprueba porque se pueden incrementar los niveles de violencia letal en el país.
“Alrededor del 80 por ciento de los homicidios en el país son cometidos con arma de fuego, hicimos un análisis en donde señala que donde hay mayor tenencia de armas hay más homicidios”, afirmó la analista.
Además, teme que la Policía Nacional Civil (PNC) pueda hacer uso de excesiva fuerza policial en contra de los ciudadanos. “Guatemala tiene instrumentos de prevención de la violencia y seguridad ciudadana, las autoridades deben hacer propios los lineamientos para que prevalezca la paz social”, indicó Espinoza.
Asimismo, Samayoa coincidió en que ya existen lineamientos en la PNC para hacer uso de las armas.
“El presidente antes de hacer esta propuesta debió de voltear a ver a los policías y tomarlos en cuenta”, expuso.
“Yo fui víctima”
En cuanto a la legítima defensa, Rivera Clavería aseveró estar de acuerdo. “Es correcta porque aquí en Guatemala ocurren muchos casos en que las personas se tienen que defender de ataques y después también tienen que pagar las consecuencias porque aquí no se aplican de manera objetiva e imparcial y fundamentada la legitima defensa”.
“Un ejemplo de esos lo viví en el 2012 cuando ingresaron a mi casa y durante la balacera murió uno de los desconocidos. Yo fui doblemente víctima, porque lo fui de la estructura criminal y también del sistema porque me tuvieron -detenido- hasta las 3 de la mañana, pero gracias a Dios se dieron los elementos para que me absolvieran del proceso, porque fue en el legítimo ejercicio de ese derecho”, subrayó el exviceministro.
Rivera Clavería cito como ejemplo México, en donde cuando se utiliza un arma en legítima defensa la persona nunca se va presa sino se queda en su casa con arresto domiciliario y posteriormente va a tribunales. “En cambio aquí se lo llevan a uno preso”, resaltó.
De acuerdo, pero no es el camino
Por su parte, el abogado penalista César Calderón, aseveró que está de acuerdo con el presidente Alejandro Giammattei en cuanto a perseguir, procesar y castigar a los pandilleros con sentencias conforme a derecho, lo cual “es indiscutible porque este país está de rodillas por los mareros y extorsionistas. Es el peor mal que vive el país”.
Sin embargo, enfatizó Calderón, los delitos “que comenten las maras no son terrorismo, porque los verbos rectores de estos hechos no tienen que ver con las pandillas. El terrorismo tiene que ver con estados políticos, con asumir, abarcar y hacerse cargo del poder, y estos delincuentes no tienen esta intención”.
Calderón afirmó que la filosofía de estos grupos de antisociales es eminentemente de carácter económico, por lo que no puede ser terrorismo.
“Estoy de acuerdo con Giammattei en que los persiga, pero tiene que buscar otra figura o una ya existente en el Código Penal. El 100 por ciento de los guatemaltecos estamos de acuerdo en cuanto a que se les persiga”, comentó.
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